El primer ministro belga, Charles Michel, y el presidente Rajoy durante la última cumbre de la UE

El primer ministro belga, Charles Michel, y el presidente Rajoy durante la última cumbre de la UE Horst Wagner/Efe

Europa

Choque entre Madrid y Bruselas por la oferta de asilo a Puigdemont en Bélgica

El PP ve "inaceptables" los ataques del ministro de Inmigración belga, Theo Francken, al Estado de derecho en España.

Bruselas

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El choque diplomático entre España y Bélgica a cuenta de la crisis catalana alcanza cotas máximas. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no quiere acabar en la cárcel por la declaración unilateral de independencia y sopesa pedir asilo en Bruselas, según la prensa catalana. Una petición que sería bien recibida por el Gobierno belga, ha dicho este domingo el ministro de Inmigración, Theo Francken, una de las figuras emergentes del partido nacionalista flamenco N-VA.

Sus palabras, matizadas después por el primer ministro, Charles Michel, han provocado un "enorme malestar" en el Gobierno de Mariano Rajoy. Constituyen un "ataque inaceptable" al Estado de derecho en España, según ha denunciado el líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons.

El ministerio de Exteriores ha llamado al embajador belga en Madrid para quejarse y tenía previsto convocarle este lunes, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes diplomáticas.

Bélgica es el único Estado miembro que se ha desmarcado desde el principio de la posición oficial de la UE frente al desafío secesionista catalán. Su primer ministro, el liberal valón Charles Michel, fue el primero en condenar la violencia durante las cargas policiales del 1-O. En los días siguientes, reclamó a Bruselas que ejerciera de árbitro entre Madrid y Barcelona cuando ya todas las instituciones de la UE habían rechazado la petición de Puigdemont de internacionalizar el conflicto. Un gesto por el que el Gobierno español ya protestó ante el embajador de Bélgica en Madrid. Rajoy trató de zanjar el conflicto con un apretón de manos con Michel durante la última cumbre de la UE.

El penúltimo desplante de Bélgica a España se produjo tras la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlament catalán. Mientras el resto de Estados miembros de la UE se apresuraron a anunciar que no reconocerían la República Catalana y a expresar su apoyo a las medidas de Rajoy, Michel volvió a pedir negociación. "Una crisis política sólo puede resolverse a través del diálogo", escribió en su cuenta de Twitter. Una intervención que le agradeció personalmente el propio Puigdemont. Las declaraciones de Francken son para la diplomacia española la gota que colma el vaso.

"Cuando se ve la situación, la represión en Madrid y las penas de cárcel de que se habla, uno puede preguntarse si habrá un juicio justo", ha dicho el responsable de Inmigración a la televisión flamenca. "Todavía no se ha presentado ninguna petición, pero las cosas evolucionan rápidamente. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días y horas", agrega Francken. 

El propio responsable de Inmigración admite que aceptar la petición de asilo de Puigdemont situará a Bélgica "en un conflicto diplomático con España". Pero no es algo que parezca preocuparle. Su partido, N-VA, ha defendido tradicionalmente la independencia de Flandes, aunque ahora es el principal apoyo de Charles Michel en el Gobierno federal belga. La separación de Cataluña supondría un impulso para las reivindicaciones flamencas.

Los secesionistas catalanes han cultivado durante los últimos años relaciones estrechas con los nacionalistas flamencos. De hecho, la primera vez que Puigdemont viajó a Bruselas, cuando el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se negó a recibirle, sí pudo entrevistarse con representantes del Gobierno flamenco. El propio Francken ha participado varias veces en los últimos años en la Diada del 11 de septiembre en Barcelona.

Su buena disposición hacia los secesionistas catalanes contrasta con su postura radical contra los demandantes de asilo procedentes de Siria o Sudán. De hecho, Francken llegó a ser condenado por la justicia belga por negarse a conceder un visado humanitario a una familia siria.

Ataque inaceptable

El primer ministro belga ha retirado el ofrecimiento de Francken y reclama a su ministro que no añada "aceite al fuego" y asegura que la concesión de asilo a Puigdemont "no está en el orden del día".

"Estas declaraciones no ayudan y no constituyen la posición del Gobierno. Es importante calmar las cosas en lugar de excitarlas", ha dicho también el vicepresidente del Gobierno belga, el liberal flamenco Alexander De Croo.

Para González Pons, las palabras de Francken constituyen "un ataque inaceptable de un miembro del Gobierno belga a otro Estado de la UE como España". Aceptar una petición de asilo de Puigdemont, resalta el portavoz del PP, sería contrario a los Tratados de la UE y a las normas internacionales en materia de asilo. Unas reglas que establecen que carecen de derecho al asilo las personas sobre las cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido un delito grave, entre ellos atentar contra la integridad territorial de un Estado.

"España es una democracia consolidada en la que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y en la que se respetan los derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que ocurre en los otros 27 países de la UE. Declaraciones como las del señor Francken perjudican gravemente la labor que hacemos entre todos para preservar los principios democráticos de la UE", ha dicho González Pons.

Dado el alto grado de protección de los derechos y libertades fundamentales en la UE, la normativa comunitaria establece que en principio todos los Estados miembros son países seguros en los que las solicitudes de asilo de sus ciudadanos ni siquiera deben examinarse. Entre las pocas excepciones se encuentran los casos de países contra los que Bruselas actúa por vulnerar el Estado de derecho (como sopesa hacer con Polonia).

Bélgica es el único Estado miembro que se compromete a examinar de forma individualizada cualquier demanda de protección internacional de un ciudadano de otro país de la UE. Y no es la primera vez que pone en duda la vigencia del Estado de derecho en España. Durante los últimos años ha rechazado en varias ocasiones extraditar a presuntos etarras a España por considerar que podrían vulnerarse sus derechos fundamentales. Hasta el punto de ser denunciada ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que todavía debe pronunciarse.