Juicio por las tarjetas black

La flor y nata

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Es una mañana soleada en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes, la utilizada para las vistas de sus macrojuicios, la Audiencia Nacional. Un enjambre de cámaras se arremolina ante la puerta. También un grupo de preferentistas de Bankia, que saluda con una lluvia de insultos a cada tipo trajeado que desciende de algún coche de alta gama (o que llega, sin más, caminando, después de aparcar a una distancia más que prudencial).

Cuando no les mientan a la madre, les cantan una versión del conocido villancico de los peces y el río en el que el verbo ‘beber’ es reemplazado por el verbo ‘robar’. Alguno de ellos les recuerda, airado, a sus compañeros muertos. No es la estafa de las preferentes lo que hoy se juzga, sino la utilización de las famosas tarjetas black; pero alguno de los imputados coincide y los damnificados no pueden desvincular el quebranto de sus economías domésticas, por culpa de los títulos dichosos, del desahogo que las tarjetas venían a aportar a las finanzas particulares de sus usuarios. Se entiende.

Este cronista llega poco antes de la hora señalada para el juicio. Hay una cola ante la entrada, formada por acusados, letrados y periodistas. El policía exhorta a sus integrantes a que avancen todo lo que puedan a fin de que la fila quede oculta por un muro a la vista de quienes increpan desde el otro lado de la calle. La cola va despacio, y en cierto momento los policías y el personal de la Audiencia llaman a los letrados para que pasen primero.

El cronista lleva en la cartera un carnet de abogado, aún vigente (aunque es vestigio de una vida anterior, sigue al corriente de las cuotas colegiales). La tentación de usarlo es fuerte, pero decide, por solidaridad con los compañeros, correr la suerte que toca a los informadores. Pronto descubrirá que la suya es la peor condición entre los que son admitidos en la sala.

Pasan los abogados y después dejan que avancemos acusados y periodistas. El cronista descubre en ese instante que quien le precede es el exdirigente de IU José Antonio Moral Santín. Su gesto no es precisamente de satisfacción. La mirada, huidiza, da también la sensación de un temor arraigado e indefinido. Ante la cola de las acreditaciones, después de pasar el arco detector de metales, un momento de titubeo por parte de ambos se salda con un pisotón fortuito. He aquí que lo primero que saco de este juicio es que me pise uno de los acusados. Quizá sea simbólico. En todo caso, ha sido claramente sin querer: se disculpa.

Ya dentro, ante la puerta de la sala de audiencias, hay un verdadero ambientazo. La mayoría de los letrados y de los 65 acusados (una auténtica multitud) ya está allí, esperando a que dé comienzo el juicio. Entre ellos, los más ilustres, tanto de ese banquillo que reúne a tantos apellidos de postín de la sociedad madrileña (aparte de los dos más señalados, Blesa y Rato, los Iranzo, Rodríguez Ponga, Spottorno o Corsini, entre tantos otros), como de esas defensas entre las que se puede ver a la flor y nata de la abogacía capitalina (los Bajo, Rodríguez Mourullo, Mohedano, Bacigalupo y un largo etcétera).

Algunos de los acusados en el juicio por las tarjetas black.

Algunos de los acusados en el juicio por las tarjetas black. Efe

Distingue entre los abogados el cronista a dos a los que conoce: Andrés Herzog, letrado de la acusación popular ejercida por la Confederación Internacional de Crédito (sucesora de UPYD), y Carlos Aguilar, defensor de Miguel Blesa. El saludo a ambos y un breve intercambio de impresiones es tan natural como inevitable, y parte de la conversación con ambos puede y debe ser reproducida.

Herzog, entre otras consideraciones, comenta que en su parecer la ligereza y el exceso de las tarjetas mucho tuvo que ver con la falta de control de la entidad: cuando quienes controlan tienen su voluntad debilitada con un beneficio tan apetecible, su rigor para controlar no es tanto como debiera. El defensor de Blesa, como no puede ser de otra manera, emite en otra onda: espera que el juicio sea una oportunidad para exponer las razones de los acusados, apenas atendidas ante el ruido atronador del juicio paralelo inmediatamente montado contra ellos.

Tras desear suerte a uno y a otro, como impone el compañerismo abogacil, se organiza un revuelo que anuncia el acomodo en la sala de las partes. Es el momento en que pregunto a un policía por dónde entra la prensa y éste me manda a esperar tras una puerta, donde hay otros informadores espiando la escena a través de unos ojos de buey. Resulta que con el desparpajo me he colado donde se supone que como prensa no debería estar, en el área donde esperan abogados y acusados, a quienes al parecer se prefiere exonerar de la cercanía de los informadores.

A través de los ojos de buey contemplo cómo los letrados van entrando en la sala y los corrillos que se forman entre los acusados. Blesa y Rato, los dos en los que se fijan todas las miradas, aparecen tranquilos, casi dueños de la situación: Rato con las manos cruzadas a la espalda y Blesa con una mano en el bolsillo del pantalón de su traje gris perla, algo holgado. Más lejos, y algo más circunspecto, se ve al exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno. Hay algún que otro acusado solo y callado; es el caso de algunos de los representantes de partidos de izquierda y sindicatos, como José Acosta o Moral Santín. De algún modo, se nota que no han aprendido a afrontar el trance con el donaire de los otros.

Resulta que con el desparpajo me he colado donde se supone que como prensa no debería estar, en el área donde esperan abogados y acusados

Tras algunas quejas de los periodistas, los encargados de prensa de la Audiencia Nacional nos dicen que hay sitios muy limitados en la sala y nos preguntan cuántos queremos entrar. Nos postulamos ocho, el resto sigue los acontecimientos a través de las pantallas de la sala de prensa. Los ocho cabemos: nos piden que aguardemos hasta que se acomoden las partes.

Cuando todos los abogados están en su sitio, nos permiten entrar y sentarnos en las últimas filas. Las defensas ocupan una porción enorme de la sala, a mano izquierda. Las acusaciones y el fiscal, un espacio mucho más pequeño a la derecha. El grueso de la sala está destinado a ese banquillo desproporcionado con 65 ocupantes, que a duras penas deja sitio al público. Tras los periodistas, van llamando uno por uno a los acusados.

La élite del despilfarro, en el banquillo

La élite del despilfarro, en el banquillo

No deja de tener su aquel oír pasar lista y ver cómo los integrantes de tan conspicuo plantel van entrando y buscando su sitio. Blesa y Rato entran los primeros, tratando de mostrar aplomo, aunque diríase que están menos sueltos que mientras hacían antesala, conscientes de que todas las miradas se clavan en ellos. Se sientan en la zona delantera; no en el primer banco porque ese está destinado al único preso enjuiciado, Gerardo Díaz Ferrán, a quien por dicha condición le corresponde ese privilegio y el de sentarse flanqueado por dos agentes de la Policía Nacional.

Van desfilando uno a uno todos los usuarios de las tarjetas ahora malditas; al menos todos aquellos cuyos presuntos delitos no se consideraron prescritos por el instructor y se ven por ello arrojados al acto del juicio oral. Entre los últimos, que son los que quedan más cerca de los informadores, llegan algunos personajes relevantes. A apenas metro y medio, en la penúltima fila, se sienta Rafael Spottorno; detrás de él, en la última, el exrector Virgilio Zapatero y el empresario Javier López Madrid: el amigo de la reina Letizia al que todos los cuchicheos se refieren con el infortunado pero pegadizo apodo de ‘compi yogui’.

También en la última fila se coloca el reputado economista Juan Iranzo, uno de esos rostros conocidos y reconocibles que denotan cómo el ‘mecanismo retributivo’ de las tarjetas opacas ha salpicado y llevado al banquillo a personas antaño de prestigio. A su abogado lo han distinguido sus compañeros con la responsabilidad de defender ante la sala la cuestión previa estrella de las que han de plantearse en esta primera sesión: la nulidad de toda la prueba de cargo por basarse en datos personales objeto de tratamiento automatizado a los que se accedió, según se alegará, vulnerando las garantías contenidas en la legislación de protección de datos, y por tanto atentando contra un derecho fundamental.

Van desfilando uno a uno todos los usuarios de las tarjetas ahora malditas: Blesa, Rato, Rafael Spottorno, Javier López Madrid...

Pero estamos adelantando acontecimientos. Ese momento no llegará hasta el final de la tarde. La sesión comienza con la tediosa lectura por parte de la secretaria de las acusaciones de la fiscalía, acusaciones particulares de FROB, Bankia y BFA y la acusación popular. Lo ya sabido: se piden penas de cárcel de hasta seis años, por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Lo único llamativo es la cuantía de la multa que se pide como pena accesoria: de unos leves 15 euros por día en el caso de las acusaciones particulares y de unos onerosos 300 euros por día (nada menos) por la fiscalía. La acusación popular deja la fijación de la multa diaria al criterio de la sala.

Tras la lectura de la acusación, las partes que la sostienen proponen nuevas pruebas: destaca la aportación de una nueva remesa de correos electrónicos que apuntalarían la existencia de los diversos delitos. Pasa luego el turno a las defensas, para proponer también prueba y planteamiento de cuestiones previas. Son muchas y referir lo que todas y cada una de ellas exponen sería demasiado prolijo.

Por lo común, atienden al ruego de la presidenta de la sala (que lleva la sesión con mano firme, pero benévola) de no reiterar en exceso lo que ya hayan planteado o vayan a plantear otros letrados. Las pruebas nuevas que se proponen son en su mayor parte aceptadas: la sala parece querer arrancar esta vista con criterio generoso, lo que contribuye a que no haya excesiva tensión en el ambiente. Las pruebas denegadas, en general, lo son comprensible y justificadamente.

En las cuestiones previas está el meollo de la sesión. Sustancialmente son tres: la prescripción de los delitos, la nulidad de la prueba de cargo aportada por Bankia (extractos de las cuentas de gastos de las diversas tarjetas y hoja de cálculo que las totaliza para cada acusado) y la falta de legitimación como acusadores de Bankia, BFA y el FROB por ser el perjudicado la Caja de Madrid, cuya personalidad jurídica continúa en la fundación que la sucedió, y que no es parte en el proceso.

Casi todos los abogados reiteran estas cuestiones, pero son tres los que se encargan de defenderlas en detalle, y hay que reconocer (otra cosa será la suerte que corran, porque hay argumentos que oponer a cada una de ellas) que los tres lo hacen brillantemente. Ya se ha hecho referencia a la defensa de la nulidad de la principal prueba de cargo; de argumentar la prescripción se encarga el letrado Juan Antonio Choclán, y de la falta de legitimación de las partes acusadoras el letrado Hilario Hernández Marqués. Los tres abogados se expresan de manera docta y amena, y por tanto doblemente persuasiva.

Alguno de los acusados se permite incluso sonreír y darse ánimos

Se advierte una ola de aliento que recorre las filas del banquillo de los acusados mientras los letrados desgranan sus argumentos. Alguno de los acusados se permite incluso sonreír y darse ánimos. Es perceptible la satisfacción del acusado Juan Iranzo, y no sólo ante la solvente intervención de su abogado: entre los usuarios de las tarjetas es quizá uno de los que, por su cualificación profesional, puede apreciar con más conocimiento de causa cómo resulta la exposición que someten al tribunal los sucesivos defensores.

Por lo demás, a lo largo de la extensa e intensa sesión son variopintas las actitudes entre los acusados. Los hay que se mantienen un tanto abatidos, como es el caso del socialista Antonio Romero o del antiguo dirigente de IU Rubén Cruz. Otros, como el empresario Arturo Fernández o Virgilio Zapatero, parecen permanentemente con la mente puesta en otra parte. López Madrid no deja de trastear en su iPad, como si aquello no fuera del todo con él, mientras que Rafael Spottorno se mantiene erguido y serio, sin perder la compostura en ningún momento.

A medida que avanzan las horas, en su traje de impecable corte se advierten no obstante las arrugas que va infligiéndole el incómodo asiento de madera, de respaldo bajo, desde el que siguen el juicio tanto los acusados como el reducido público. Blesa y Rato, en su posición adelantada, tratan de mantenerse en todo momento imperturbables.

Díaz Ferrán, que llega por la mañana con una corbata azul, acabará quitándosela por la tarde. Su abogado protagoniza el final de la sesión de la mañana, al pedir que se le exima de comparecer todos los días del juicio por su situación de prisión y por su estado de salud. La presidenta, secamente, le dice que la asistencia al juicio es una carga de la acusación, y que sobre si procede o no dispensarle por motivos de salud ya resolverá la sala atendiendo al informe del médico forense.

La absolución por la justicia de tales prácticas contribuiría a deteriorar aún más la confianza de la gente más humilde en el sistema

Y esto es, en resumen, lo que da de sí la primera jornada del macrojuicio contra los usuarios de las tarjetas black. La causa que sienta en el banquillo a una nutrida representación de la élite dirigente madrileña y española de los últimos años se encuentra, como primer escollo, con una empalizada de excepciones legales previas levantada por algunos de los mejores penalistas en ejercicio. No podía esperarse otra cosa, siendo quienes son los acusados.

El cronista que asiste al juicio, ante la andanada de razonamientos jurídicos encaminados a impedir que prospere la acusación, no puede evitar pensar en lo que ocurriría si esa maraña de legalismos determinase la impunidad de unos comportamientos que, por el notorio ventajismo que implicaban (no es en absoluto común que un trabajador disfrute de tarjetas para atender gastos personales sin justificar con semejante largueza, y menos aún sin tributar por ello), han causado grave escándalo entre la ciudadanía. La forma en que la absolución por la justicia de tales prácticas contribuiría a deteriorar aún más la confianza de la gente más humilde en el sistema.

Y pese a todo, lo que corresponde a la sala es examinar esas alegaciones a la luz de la ley, y si ésta las respaldara, y en la medida en que lo hiciera, atenderlas. Ésa es, después de todo, la grandeza y también la servidumbre de un estado de Derecho.