Preparación de comida en tupper de vidrio iStock
Entró en vigor: bares y restaurantes están obligados desde el 3 de abril a ofrecer un envase por los restos de comida
Los locales de más de 1.300 m2 deben comentar al cliente la posibilidad de llevarse la comida sobrante gratis para evitar multas de 2.000 euros.
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En la Unión Europea, cada habitante desperdicia un total de 130 kilos de comida al año, de los que 69 kilos se desecharon en los propios hogares, según datos de Eurostat del año 2023. Por su parte, en España, según el Ministerio de Agricultura, se desperdician un total de casi 1,3 millones de toneladas de alimentos al año a nivel general.
Para frenar esta tendencia en nuestro país, el Gobierno de España aprobó hace un año en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. El objetivo es reducir el 50% de los residuos alimentarios en la venta minorista y el 20% de las pérdidas de alimentos para el 2030.
Esta normativa interpela de pleno a bares y restaurantes, que desde el pasado viernes 3 de abril -después de que el Gobierno concediese un periodo de gracia de 365 días-, están obligados a ofrecer al cliente un envase para guardar los restos de comida.
Excluidos los locales pequeños
Antes de la promulgación de esta ley, si un comensal estaba lleno y no quería comer más, el establecimiento no estaba obligado a ofrecerle un tupper para que se lo lleve a casa; aunque cabe destacar que muchos restaurantes ya facilitaban a los consumidores una alternativa para no desperdiciar los alimentos.
En cambio, quedan excluidos de esa prohibición aquellos locales iguales o inferiores a 1.300 metros cuadrados o que cuenten con una superficie útil de venta al público de este tamaño.
El plan estatal va más allá de la restauración, puesto que involucra a la cadena alimentaria en su conjunto. De hecho, se han establecido cuatro pilares para alcanzar los objetivos:
En primer lugar, que los alimentos que no se consuman se destinen a personas que los necesitan con acciones como la donación; en segundo lugar, que se aprovechen los alimentos a través de su transformación; en tercer lugar, que se destinen a alimentación animal y, por último, la entrega a instalaciones de compostaje.
Multas de entre 2.000 y 60.000 euros
En el caso de que no se cumpla con la normativa, el Estado puede imponer multas a las empresas de 2.000 euros por no informar al cliente de la posibilidad de llevarse las sobras. En el otro extremo, sanciones económicas de hasta 60.000 euros para las compañías que no cuenten con un plan de prevención o no donen sus excedentes a través de convenios.
En un mundo en el que millones de personas pasan hambre, es importante ponerle freno al desperdicio alimentario y establecer medidas concretas para realizar un consumo más efectivo de la comida.
