Varios migrantes subsaharianos, a la salida del CETI de Ceuta, tras la entrada de más de 500 irregulares en febrero. Europa Press
No toda la inmigración es igual, y por eso debe ser selectiva
Lo que están haciendo gobiernos europeos como el de Sánchez no es inmigración: es importación masiva y acrítica de poblaciones enteras sin el menor criterio de compatibilidad ni integración.
Mi abuelo materno pasó parte de su infancia en Colonia Mauricio, un pueblo de la provincia de Buenos Aires fundado a fines del siglo diecinueve por iniciativa de la Jewish Colonization Association para acoger a judíos que huían de los pogromos del Imperio Ruso.
Era una comunidad de gauchos judíos (agricultores, jinetes, hombres de campo) que construyeron sinagogas y escuelas en medio de la pampa.
Mi abuela, quinta hija de un matrimonio de Odesa, nació directamente en la capital. Ambos se criaron en un país que los esperaba, que los necesitaba y que había decidido, con una claridad visionaria poco frecuente en la historia, que poblar era gobernar.
La frase es de Juan Bautista Alberdi, el jurista tucumano que en 1852 publicó desde su exilio en Chile el libro que definiría el destino de Argentina.
Su tesis era sencilla: el territorio era inmenso, la población ínfima, y la única manera de convertir ese desierto en una nación próspera era llenarlo de inmigrantes europeos que trajeran consigo el capital, los oficios y los hábitos de las sociedades más avanzadas.
Al año siguiente, esa convicción se convirtió en política de Estado: el Artículo 25 de la Constitución de 1853 (aún vigente) obligó al gobierno federal a promover la inmigración europea. Los resultados fueron espectaculares.
La fila para conseguir papeles por la regularización masiva da la vuelta al Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza
En 1880, Argentina tenía poco más de tres millones de habitantes y un PIB per cápita equivalente al 35% del norteamericano. Para 1913, su ingreso por habitante superaba al de Alemania, Francia, Austria, Suecia e Italia, y se aproximaba al de Canadá y Australia.
Entre 1880 y 1930, la población pasó de 3,4 a 11 millones. Italianos, españoles, judíos centroeuropeos, galeses, alemanes del Volga, ingleses, sirio-libaneses: todos llegaron y todos construyeron.
En pocas décadas, el territorio que Alberdi había descrito como un desierto se había convertido en uno de los diez países más ricos del mundo.
El experimento argentino no es una excepción sino la prueba más contundente de algo que Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también demuestran: que la inmigración bien pensada es uno de los grandes motores del progreso humano.
Cuando el inmigrante llega con ganas de trabajar, con oficios útiles, con valores compatibles con los de la sociedad que lo acoge, el resultado es extraordinario. No hay vuelta que darle.
Pero hay un matiz crucial que la progresía occidental ha decidido declarar tabú, y que Alberdi enunció con toda claridad hace 175 años: no todos los inmigrantes son iguales, y el derecho (y la obligación) de los países a escoger a quiénes acogen es no sólo legítimo sino elemental.
Cuando Alberdi escribía que quería traer a Argentina "piezas vivientes de las costumbres" de las naciones más avanzadas, no estaba siendo xenófobo. Estaba siendo pragmático.
Un inmigrante de Corea del Sur tiene un impacto radicalmente distinto al de uno de Somalia o Afganistán. Y no por razones étnicas sino culturales, institucionales e históricas.
"No todos los inmigrantes son iguales, y el derecho (y la obligación) de los países a escoger a quiénes acogen es no sólo legítimo sino elemental"
Los datos son contundentes, aunque pocos se atrevan a citarlos.
En Suiza, los inmigrantes procedentes de Alemania, Francia y Austria delinquen entre un 60 y un 80% menos que los propios ciudadanos suizos, mientras que los de ciertos países del norte de África presentan tasas seis veces superiores a la media nacional.
En Suecia, estudios académicos de seguimiento de dos décadas han documentado una correlación significativa entre origen inmigrante de ciertas regiones y tasas de criminalidad que se mantiene incluso después de ajustar por factores socioeconómicos.
Estos son datos científicos, no propaganda de ultraderecha.
Curiosamente, los países del Golfo Pérsico (Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí) lo entienden perfectamente: acogen decenas de millones de trabajadores inmigrantes para construir sus economías, pero con criterios estrictos de selección y sin ofrecerles ciudadanía ni integración permanente.
Sus métodos son discutibles, pero su lógica de fondo nadie puede negarla: un país tiene derecho a decidir quién entra y en qué condiciones.
El caso de Minnesota ilustra las consecuencias prácticas de ignorar estas realidades.
El Estado, de población mayoritariamente escandinava y con uno de los niveles más altos de confianza social del país, acogió durante las últimas décadas a una de las mayores comunidades somalíes de Occidente.
El resultado ha sido un aumento notable de la delincuencia, una dependencia masiva del Estado de bienestar y un escándalo de fraude de proporciones bíblicas: miles de millones de dólares del contribuyente desviados de programas de asistencia social (alimentación infantil, servicios de vivienda, programas de autismo) a través de empresas fantasma operadas mayoritariamente por miembros de esa comunidad.
Lo más inquietante es que parte de ese dinero ha terminado, a través de redes informales de transferencia, en manos de Al-Shabaab, el grupo terrorista islamista somalí vinculado a Al-Qaeda.
Como le dijo a City Journal una fuente de las fuerzas de seguridad norteamericanas: "El mayor financiador de Al-Shabaab es el contribuyente de Minnesota".
"La acusación de racismo cuando se señala el problema de la inmigración ha permitido que el fraude se multiplique durante años bajo la protección del silencio políticamente correcto"
Cuando alguien señala el problema, la respuesta estándar es la acusación de racismo. Lo que ha permitido que el fraude se multiplique durante años bajo la protección del silencio políticamente correcto.
En España, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de anunciar la regularización extraordinaria de entre medio millón y potencialmente más de un millón de inmigrantes indocumentados mediante un real decreto. Es decir, sin pasar por el Parlamento, donde no tiene mayoría para aprobarlo.
Los requisitos son mínimos: basta con acreditar cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 mediante un certificado de empadronamiento, un contrato de alquiler o incluso un comprobante de transferencia bancaria.
En cuanto a los antecedentes penales, el Gobierno acepta una simple declaración jurada de que el solicitante no los tiene. Ya que, como admite el propio decreto, es improbable que los inmigrantes indocumentados traigan consigo certificados de sus países de origen.
El Consejo de Estado ha advertido sobre la falta de planificación y las tensiones jurídicas de la medida.
La Policía Nacional la ha calificado de "auténtico coladero".
![Venezolanos celebran en Madrid tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/27\/actualidad\/1003744106263_261122336_320x180.jpg"])
La UE ha guardado silencio
Alberdi quería poblar el desierto. Sus sucesores lo hicieron y levantaron en medio siglo uno de los países más ricos del planeta.
Los gobiernos occidentales de hoy también quieren poblar (sus ciudades envejecen, sus pensiones peligran, sus mercados laborales reclaman brazos), pero han abandonado todo criterio sobre con quién y en qué condiciones.
En Europa, el argumento oficial es que hacen falta inmigrantes para pagar las pensiones.
Es posible. Pero Alberdi no quería cualquier cosa que viniera a llenar el desierto: quería educación por el ejemplo, progreso por el contacto con quienes ya sabían construir.
La diferencia entre su visión y la de Sánchez no es de cantidad sino de inteligencia. Lo que están haciendo hoy Europa occidental y gobiernos como el suyo no es inmigración: es la importación masiva y acrítica de poblaciones enteras sin el menor criterio de compatibilidad ni integración, financiada por el contribuyente y protegida por el tabú de la corrección política.
Alberdi lo habría llamado poblar con barbarie. Nosotros lo llamamos progreso.
*** Pablo Kleinman es empresario de medios de comunicación y presidente del Hispanic Jewish Endowment en Miami.
