La presidenta Ursula Von der Leyen.

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Sociedad

Bruselas exige a España: obliga a eliminar la tarifa regulada de luz y dispara la factura de más de ocho millones de usuarios

La Comisión Europea considera que las tarifas intervenidas deben ser temporales y apuesta por trasladar a los consumidores al mercado libre.

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Las claves

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La Comisión Europea exige a España eliminar progresivamente la tarifa regulada de la luz (PVPC), afectando a más de ocho millones de hogares.

Bruselas considera que las tarifas reguladas reducen la competencia y deben ser sustituidas por precios fijados en el mercado libre, según la normativa europea.

El cambio podría suponer para muchas familias un aumento de más de 200 euros al año en su factura eléctrica.

Expertos advierten que las nuevas condiciones podrían beneficiar a las grandes eléctricas y dificultar la supervivencia de las empresas independientes.

La Comisión Europea ha puesto en marcha la presión sobre España para avanzar hacia la desaparición progresiva de la tarifa regulada de la electricidad, conocida como PVPC, un sistema que actualmente utilizan más de ocho millones de hogares.

Bruselas considera que este modelo, donde parte del precio está supervisado por el Estado, debe ser sustituido gradualmente por tarifas ligadas al mercado libre, en línea con la normativa energética europea.

La advertencia aparece recogida en el último informe comunitario sobre precios minoristas de electricidad y competencia energética.

En él, la Comisión señala directamente a España junto a otros países como Francia, Hungría o Polonia por mantener mecanismos de intervención en los precios de la luz para hogares y pequeños negocios.

Aunque la Unión Europea acepta este tipo de ayudas de manera temporal para proteger a consumidores vulnerables, insiste en que no pueden convertirse en una solución permanente.

Sin embargo, el conflicto se encuentra en el artículo 5 de la Directiva Europea de Electricidad, que establece que las comercializadoras deben tener libertad para fijar el precio de la energía.

Según Bruselas, mantener tarifas reguladas reduce la competencia entre compañías, limita las señales reales del mercado y puede desincentivar el ahorro energético y la eficiencia en el consumo.

Actualmente, alrededor del 29% de los hogares españoles continúa dentro del mercado regulado. Una cifra elevada en comparación con otros países europeos y que refleja la importancia que todavía tiene este sistema en España.

Sin embargo, la preocupación principal está en el impacto económico que tendría para millones de familias el paso obligatorio al mercado libre.

Y es que, según los cálculos realizados por expertos del sector, un hogar medio con un consumo mensual habitual paga hoy cerca de 52 euros con la tarifa regulada.

En cambio, una oferta similar dentro del mercado libre puede superar los 70 euros al mes, lo que supondría un incremento cercano a los 20 euros mensuales, es decir, más de 200 euros adicionales al año para muchas familias.

La transición, además, coincide con un endurecimiento de las exigencias financieras para las comercializadoras eléctricas.

Unas medidas que buscan evitar situaciones de inestabilidad como las vividas durante la crisis energética de 2021 y 2022, cuando varias compañías tuvieron dificultades para asumir el gran aumento de los precios mayoristas.

Sin embargo, los expertos advierten de que estas nuevas condiciones podrían favorecer a las grandes eléctricas y dificultar la supervivencia de empresas independientes más pequeñas.