Un perro beagle relajándose en el sofá.
La Generalitat aprueba nuevas subvenciones públicas para la caza: "Los refugios llevan congelados desde 2023"
El Govern ha aprobado una nueva línea de subvenciones públicas para fomentar la captura de jabalíes y la venta de su carne.
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La presencia de jabalíes bajando a los barrios altos de Barcelona o paseando por las calles de los municipios de la corona metropolitana ha dejado de ser una anécdota simpática para convertirse en un problema de seguridad pública, accidentes de tráfico y agricultura.
Sin embargo, la última decisión de la administración catalana para abordar esta crisis ha levantado una auténtica marejada en el sector del bienestar animal.
La aprobación de la Orden ARP/142/2026 por parte del Govern marca un giro estratégico en la gestión del territorio: el lanzamiento de subvenciones públicas destinadas a sufragar los costes operativos de las sociedades de cazadores.
A partir de ahora, el erario público subvencionará la alimentación, la atención veterinaria y los seguros de los perros de caza (rehalas) dedicados a la captura del jabalí y la posterior comercialización de su carne.
Un agravio comparativo sangrante
La Fundació per a la Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha calificado la medida como un "agravio comparativo sangrante".
Desde la entidad denuncian que, mientras se inyecta dinero público al sector cinegético para subsidiar sus gastos corrientes, las subvenciones autonómicas para refugios, protectoras y ayuntamientos llevan congeladas desde 2023.
![Un perro de caza en un sofá.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11063975.jpg?p=w:320\/h:240&h=psrXptkB"])
"Resulta incomprensible que el Govern no encuentre presupuesto para apoyar a los municipios pequeños y a las entidades que acogen animales abandonados, pero sí financie el mantenimiento de las jaurías de un colectivo privado", lamentan desde FAADA.
La asfixia presupuestaria afecta especialmente a los municipios catalanes más pequeños, que han perdido apoyo financiero para contratar inspecciones veterinarias, gestionar el abandono animal o aplicar programas éticos como el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para colonias felinas.
Las dos visiones del territorio
Para las entidades de bienestar animal, este rescate económico a los colectivos de caza no es un hecho aislado, sino la consolidación de un modelo que viene gestándose en los últimos años.
Aunque la administración catalana defiende el uso de la caza como una herramienta para el control de plagas que mitigue los daños agrícolas y reduzca los accidentes de tráfico, externalizar la gestión de la fauna silvestre en el sector de la caza perpetúa un modelo violento e ineficaz.
La organización sostiene que resulta "injustificable" financiar a un colectivo privado mientras se asfixia económicamente a quienes garantizan diariamente el bienestar de los animales y el cumplimiento de las competencias municipales.
FAADA recuerda que ya en 2023 se modificó la legislación autonómica para eximir de la obligación de obtener la licencia de núcleo zoológico a aquellas instalaciones que albergaran hasta 15 perros mayores de tres meses, además de sus crías.
![Dos galgos.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11178367.jpg?p=w:320\/h:240&h=sdnFtlw8"])
Una medida que, a juicio de los colectivos de defensa animal, "blanqueó la cría no autorizada", dificultó la labor de inspección y rebajó los controles sanitarios y de bienestar sobre las jaurías de caza.
¿Y qué pasa en las calles? En las faldas de la sierra de Collserola, los vecinos observan el debate con escepticismo.
Mientras las batidas y capturas continúan como medida de choque, la tensión económica y política entre las entidades que rescatan animales y la administración promete ser el nuevo frente de batalla en la política ambiental catalana.
El debate ya no es solo cómo controlar al jabalí, sino a quién decide financiar la administración pública cuando el dinero no alcanza para todos.
