Un miembro del Ku Klux Klan saluda durante una ceremonia, en Henry County, Virginia. Reuters
El negocio del odio en EEUU: los antirracistas financian al Ku Klux Klan
El SPLC, una organización progresista que se presenta como el guardián moral de la nación y etiqueta a sus adversarios políticos de racistas, financiaba al mismo tiempo en secreto a los mismos grupos que le servían para justificar su existencia y sus recaudaciones.
Hay organizaciones cuya supervivencia depende de que el problema que dicen combatir no desaparezca nunca. El Southern Poverty Law Center —el SPLC— es el ejemplo más acabado de esta patología institucional.
Fue fundado en Alabama en 1971 como bufete de derechos civiles, con el noble propósito de llevar a los tribunales a grupos como el Ku Klux Klan.
El SPLC se convirtió con los años en una máquina de recaudación de fondos sin parangón en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Llegó a acumular más de 800 millones de dólares en activos —incluyendo cuentas en las Islas Caimán—, gracias a un modelo de negocio sencillo y lucrativo: convencer a sus donantes de que el racismo en Estados Unidos está siempre en aumento, y que sin el SPLC, el país caería en manos de los supremacistas blancos.
El 21 de abril, un gran jurado federal en Alabama los acusó formalmente. Once cargos: fraude electrónico, declaraciones falsas a bancos y conspiración para lavar dinero.
Lo que dice la acusación es que durante casi una década —de 2014 a 2023— el SPLC estuvo canalizando en secreto más de tres millones de dólares de sus donantes a miembros del Ku Klux Klan, las Naciones Arias, la Alianza Nacional y el Partido Nacionalsocialista de América (nazi).
Para que no se notara, montaron una red de empresas fantasma con nombres como "Fox Photography" o "Rare Books Warehouse". El dinero de los donantes terminaba en los bolsillos de los líderes de los mismos grupos que el SPLC decía combatir.
Los donantes, naturalmente, no sabían nada de esto.
El comunicador conservador estadounidense asesinado el pasado año, Charlie Kirk.
El SPLC se defiende diciendo que eran informantes —gente infiltrada en grupos extremistas para obtener información, algo que el FBI ha hecho durante décadas. No es un argumento descabellado del todo.
El problema es lo que dice la acusación: que esos "informantes" seguían activamente metidos en sus grupos racistas mientras cobraban del SPLC.
Uno de ellos participó en la planificación del mitin de Charlottesville de 2017, organizó el transporte de asistentes y publicó contenido racista —todo bajo supervisión del SPLC. Cobró 270.000 dólares por eso. Y en ningún momento nadie le dijo a los donantes que su dinero podría acabar en manos de líderes del KKK.
Charlottesville merece un párrafo aparte porque es la clave de todo el asunto.
En agosto de 2017, el mitin "Unite the Right" terminó en tragedia cuando un supremacista blanco atropelló con su automóvil a una multitud de contramanifestantes, matando a Heather Heyer.
En los días siguientes, el presidente Trump hizo referencia a que había "muy buena gente en ambos lados" del debate sobre la retirada de estatuas de figuras históricas confederadas —una referencia que los medios de comunicación y el Partido Demócrata distorsionaron deliberadamente para hacerle decir que había llamado "muy buena gente" a los neonazis presentes.
Este embuste fue repetido hasta el hartazgo y se convirtió en uno de los pilares de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, quien dijo explícitamente que Charlottesville fue lo que lo impulsó a postularse.
Ahora sabemos que el SPLC financió y supervisó a uno de los organizadores de ese mismo mitin. Engaño sobre engaño sobre engaño.
Y el rédito económico fue inmediato y espectacular.
"El SPLC estuvo canalizando en secreto más de 3 millones de dólares a miembros del Ku Klux Klan. El dinero de los donantes terminaba en los bolsillos de los mismos grupos que el SPLC decía combatir"
Antes de Charlottesville, los ingresos anuales del SPLC rondaban los 51,8 millones de dólares. Tras el mitin, se dispararon a 133,4 millones.
George Clooney donó un millón de dólares. Apple, otro millón. JPMorgan Chase, medio millón. Docenas de corporaciones y celebridades abrieron sus chequeras, convencidas de estar financiando la lucha contra el supremacismo blanco.
En realidad, según la acusación, estaban financiando a sus propios líderes.
Todo esto se inscribe en un fenómeno más amplio que conviene explicar para el lector de EL ESPAÑOL.
Estados Unidos es, según prácticamente todas las encuestas comparativas internacionales, uno de los países menos racistas del mundo desarrollado.
El Pew Research Center y otras instituciones han documentado consistentemente que los norteamericanos, en particular las generaciones más jóvenes, exhiben niveles de tolerancia racial notablemente superiores a los de la mayoría de los países europeos. La elección de Barack Obama —dos veces— en un país donde los negros son el 13% de la población es el dato más elocuente.
Sin embargo, la narrativa dominante en los medios de comunicación y en la academia norteamericana desde la presidencia de Obama ha sido precisamente la opuesta: que el racismo es sistémico, omnipresente y creciente, y que cualquier crítica a las políticas de la izquierda es en sí misma una manifestación de ese racismo.
Esta narrativa ha sido enormemente útil para silenciar a los críticos y para recaudar fondos.
El SPLC la ha cultivado con maestría durante décadas, clasificando como "grupos de odio" a organizaciones tan peligrosas como asociaciones de padres preocupados por los contenidos escolares de sus hijos, o la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA, cuya inclusión en el mapa de grupos de odio por el SPLC denunció públicamente Kirk.
"Estados Unidos es, según todas las encuestas internacionales, uno de los países menos racistas del mundo. Sin embargo, la narrativa dominante es precisamente la opuesta"
El modelo tuvo otras víctimas.
En 2025, miembros de la administración Trump acusaron al SPLC —sin aportar pruebas— de haber alentado violencia contra figuras conservadoras. El propio Kirk fue asesinado ese mismo año mientras dirigía un evento universitario, en un crimen que conmocionó al país.
La pregunta de si el clima de hostilidad cultivado durante años por organizaciones como el SPLC contribuyó a ese ambiente es legítima, aunque la respuesta sea imposible de probar.
El negocio ha sido perfecto durante décadas.
Una organización que se presenta como el guardián moral de la nación, que etiqueta a sus adversarios políticos como racistas y extremistas, que entrenaba fiscales federales y asesoraba al FBI —todo documentado—. Y que, al mismo tiempo, financiaba en secreto a los mismos grupos que le servían para justificar su existencia y sus recaudaciones.
Si la acusación prospera, será uno de los escándalos institucionales más grandes de la historia reciente de los Estados Unidos.
El 22 de abril — apenas veinticuatro horas después de la acusación—, el SPLC publicó en una bolsa de trabajo progresista un anuncio buscando nuevo director ejecutivo. Salario ofrecido: entre 450.000 y 525.000 dólares anuales.
El anuncio describía al candidato ideal como alguien que "heredará un legado de valentía y convicción" y aclaraba que el puesto "no está sujeto a exigencias físicas extenuantes ni a condiciones peligrosas". Lo que el anuncio no mencionaba, en ninguna parte, era la acusación federal del día anterior.
El negocio del odio, al parecer, sigue siendo un negocio muy rentable.
*** Pablo Kleinman es empresario de medios de comunicación y presidente del Hispanic Jewish Endowment en Miami.
