El ex consejero autonómico Alberto López Viejo entra en la Audiencia Nacional.

El ex consejero autonómico Alberto López Viejo entra en la Audiencia Nacional. EFE

España Caso Gürtel

López Viejo alegó en Suiza que su dinero provenía de "restaurantes temáticos"

Su declaración de bienes como consejero en Madrid tampoco coincide con las fuentes de ingresos declaradas en Ginebra.

14 julio, 2016 00:22
Daniel Montero Alejandro Requeijo

Noticias relacionadas

Alberto López Viejo aseguró en Suiza que el dinero que enviaba al principado, lejos de ser fruto de la corrupción, procedía de sus inversiones en "restaurantes temáticos" abiertos en la Comunidad de Madrid. La tesis de la Audiencia Nacional es bien distinta; que los fondos proceden supuestamente de empresarios como Francisco Correa que abonaron mordidas al ex consejero de la Comunidad de Madrid a cambio de contratos públicos en las áreas que López Viejo controlaba. En total, la cuenta abierta en Suiza por el ex consejero popular llegó a albergar un saldo de 450.000 euros. 

El expediente completo sobre la documentación de la cuenta, que obra ya en poder de la Audiencia Nacional, refleja que en 2002, cuando López Viejo abrió el depósito, omitió al banco su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Así, el ex consejero autonómico evitó los controles que las entidades bancarias helvéticas imponen a todos aquellos relacionados con el mundo de la política. Cualquier cargo electo o relacionado directamente con el sector público tiene unos controles más estrictos que los de un cliente normal. El objetivo de estas pesquisas es garantizar que sus fondos son de procedencia legal.

La cuenta, abierta a requerimiento de la firma Rhone Gestión, controlada por el financiero Arturo Fasana, fue abierta el 31 de mayo de 2002 en la entidad bancaria Mirabaud & Cie. Como único mandante, figura Alberto López Viejo, pese a que el ex consejero, acusado de recibir presuntamente 294.000 de las empresas de Francisco Correa ha intentando en el juzgado justificar la procedencia del dinero con la fortuna familiar de su esposa, que recibe firma en la cuenta seis meses después. El ex responsable autonómico de la cartera de Presidencia se presentó ante el banco como abogado y aseguró que los fondos ingresados eran procedentes tanto "de sus actividades profesionales" como de su participación accionarial en cuatro restaurantes madrileños. 

Empresas que no aparecen

El contrato bancario recoge las supuestas inversiones de López Viejo en cinco sociedades hostelera que en los registros mercantiles españoles no reflejan relación alguna con el ex consejero como accionista o administrador. Sin embargo, dos de ellas están gestionadas de forma solidaria por un familiar directo de su mujer.

Frente al banco, López Viejo se atribuye el 42% de las acciones de una sociedad llamada Bares de Barrio SL, que tiene un volumen de negocio de 2,8 millones de euros anuales. Dos años después, en su primera declaración de bienes de la Asamblea de Madrid, el responsable del Partido Popular declaró intereses en varios locales abiertos en la capital, pero no hay rastro de que sea propietario o accionista parcial de esta empresa.

Además, López Viejo declara poseer el 5% de la firma "Carne y Hueso", el 3% de EAT Hostelería", el 5% de EAT Temática SL y una participación similar en Restaurantes Temáticos SL. Esta última sociedad es la única en la que el contrato de la cuenta suiza refleja textualmente la participación de la esposa de López Viejo, imputada en la causa por colaborar presuntamente en el desvío de fondos vinculado al político popular. De hecho, pese a que la cuenta llegó a albergar 450.000 euros de saldo, estaba concebida para albergar 2 millones de francos suizos (2,16 millones de euros al cambio).

Según la documentación del caso, tras mantener la cuenta abierta con entradas de fondos hasta 2009, López Viejo se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular para regularizar los fondos guardados en el principado y poder moverlos con total libertad en España. Sin embargo, la Justicia ha dejado sin efecto esta regulación a la espera de confirmar si el dinero procede de la corrupción política o tiene un origen legal.