Japón cambia de estrategia y reactiva sus nucleares: quiere reducir su dependencia energética y blindarse

Japón quiere poner en marcha hasta diez reactores durante el presente ciclo energético mediante un programa de reactivación nuclear. Tras su periodo de restricciones debido al accidente de Fukushima, el Gobierno japonés ha dado un giro estratégico en su política nacional.

La decisión es clara: se busca un blindaje en la red eléctrica del país para garantizar un suministro estable frente a la creciente inestabilidad de los mercados internacionales de energía. Es decir, el país quiere ser independiente en el ámbito energético para no depender del exterior y las variables que eso conlleva.

La principal motivación para esta decisión es la volatilidad del precio del petróleo Brent y del gas natural licuado (GNL), recursos de los que Japón depende casi en su totalidad.

Japón reactiva su plan nuclear

Aumentando la cuota de energía nuclear, se espera reducir la factura de importación de combustibles fósiles, que se ha disparado debido a los conflictos actuales. La medida actúa, por decirlo de algún modo, como una especie de colchón económico para proteger tanto a la industria como a los ciudadanos.

No ha sido sencillo poner en marcha esta operación debido al terrible accidente de 2011, pero desde Japón consideran que es un movimiento necesario para garantizar la "supervivencia energética" del país. El plan es reactivar las operaciones en la central de Kashiwazaki-Kariwa, la planta nuclear más grande del mundo por capacidad instalada.

Reactivar este complejo simboliza el fin de un largo periodo de auditorías de seguridad y reformas técnicas: que esto vaya a entrar en funcionamiento es vital para alcanzar las metas de descarbonización y así mantener la competitividad económica del país en el corto plazo.

El proceso de encendido masivo es un gran paso para Japón, pero conlleva también desafíos sociales y no es fácil poner en marcha toda la operativa, puesto que se requieren de muchas regularizaciones y permisos. Todo el plan está sobre la mesa, pero ahora falta ejecutarlo -y el país parece querer hacerlo a la mayor brevedad posible-.

El reinicio de cada reactor requiere todavía el consentimiento explícito de las administraciones locales y la superación de rigurosos exámenes sísmicos por parte de la Autoridad de Regulación Nuclear para poder ponerse en marcha.

Mientras una parte de la población ve con alivio la reducción de los costes eléctricos, diversos colectivos civiles mantienen su preocupación por la seguridad a largo plazo, lo que anticipa un debate social intenso que puede extenderse durante los próximos meses, máxime teniendo en cuenta la situación actual.