La AN condena a cuatro guardias civiles por permitir la entrada de hachís por el Guadalquivir

La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro guardias civiles a penas de prisión que van de los cuatro a los 14 años de prisión por facilitar la entrada de hachís desde Marruecos por el río Guadalquivir, en colaboración con los líderes de una organización de tráfico de drogas. 

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a la mayor pena, de 14 años, por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo y cohecho a Francisco Javier C.B., comandante del puesto de la Comandancia de Isla Mayor (Sevilla) donde se cometieron los hechos. 

En enero de 2017, la mitad de la plantilla de la mencionada comandancia, el sargento Javier C.B. y tres guardias civiles, fueron detenidos en una operación contra el tráfico de drogas. Se les acusaba de permitir a una organización de narcotraficantes introducir hachís desde Marruecos a España por el bajo Guadalquivir con lanchas neumáticas o 'gomas', como les llamaban los propios guardias en los audios del sumario que han servido como prueba. 

Tres de ellos reconocieron los hechos durante el juicio. No lo hizo el sargento que resulta condenado con la pena mayor. Los demás han recibido la atenuante analógica del reconocimiento de los hechos.

Les ofreció a sus guardias

Según relata la sentencia, el sargento habría contactado en 2016 con el líder de la organización de traficantes, Francisco Antonio R.C., a quien ofreció el apoyo de los agentes de su comandancia para poder entrar la droga con éxito a través del río Guadalquivir. A cambio, le pagarían 6.000 euros al inicio del acuerdo y 20.000 euros cada vez que una operación acabara con éxito. 

Los tres agentes de la Guardia Civil se habrían puesto de acuerdo con su sargento para, según la sentencia, facilitar a los narcos la "información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil para evitar coincidir con la entrada del hachís". Además, informaban de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que temiesen que les podía vigilar en sus transportes o descargas "y trataban de averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias", según se considera probado en la sentencia, que todavía no es firme.