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La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenes
El Parlamento Europeo aprueba un duro reglamento para armonizar y endurecer los retornos, al sustituir la antigua directiva por una norma que actúa como ley nacional.
Bruselas considera "un fracaso" la tasa media del 20% y refuerza la vía forzosa, limita el margen de cada país y pretende disparar la tasa de expulsiones de inmigrantes en situación irregular.
Más información: Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de Extranjería.
El Parlamento Europeo aprueba este jueves un duro Reglamento de Retorno para armonizar y endurecer las expulsiones de inmigrantes en situación irregular. Bruselas considera "un fracaso" la tasa media del 20%.
Por eso, y porque países como la España de Pedro Sánchez se queda en el 9,7% de ejecución de expulsiones, la Unión Europea refuerza la vía forzosa, limita el margen de cada país y pretende disparar la tasa de expulsiones.
La Unión Europea se ha mirado al espejo y ha dictado un veredicto demoledor sobre sí misma: el fracaso, acentuado en los últimos años, es tanto de fondo como de forma. Se logra la expulsión, cada vez, de menos irregulares; y no se ha logrado la armonización de políticas.
Por ello, tanto la Comisión como la mayoría del Parlamento Europeo han impulsado un nuevo reglamento. Por un lado, mucho más duro. Y por otro, que operará como ley nacional desde su entrada en vigor, para sustituir la antigua directiva, que fue traspuesta de maneras muy distintas en cada estado miembro.
Pero si esa media europea del 20% es ya muy baja, varias fuentes implicadas en la redacción del nuevo texto legal recuerdan que, además, esconde "una enorme disparidad, sobre todo en casos como España", donde los datos de los últimos tres años son demoledores, entre el 8% y el 9%.
La estadística oficial de Eurostat es elocuente. Durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy, España ejecutaba incluso más del 50% de las órdenes de salida dictadas contra nacionales de terceros países en situación irregular. Incluso con otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se rondaba el 30%.
Pero en 2024, el último año con datos cerrados, la fotografía es radicalmente distinta.
España dictó más de 62.000 órdenes de retorno y sólo ejecutó 6.105, lo que arroja una tasa de retorno efectivo de apenas el 9,7%.
Y es una tendencia evidente de las políticas del Ejecutivo de Sánchez: en el año 2023, el dato fue del 9,3% sobre 64.000 órdenes; y en el año 2022 se ejecutaron aún menos, un 8,2% de los 46.000 expedientes.
Forma y fondo
Las expulsiones o retornos son decisiones administrativas, dictadas por la autoridad gubernativa, no por jueces penales. Son, en términos jurídicos, actos de policía de extranjería que ordenan a una persona abandonar el territorio nacional y, en su caso, el conjunto del espacio Schengen.
Y para la Comisión Europea, su "fracaso" no es sólo un problema de números, sino de diseño institucional.
La antigua Directiva de Retorno de 2008 se concibió como un marco flexible para los Veintisiete. Tras el Pacto de Migración y Asilo de 2024, Bruselas concluye que ese esquema no ha logrado ni eficacia ni armonización.
La Comisión constató que cada Estado ha interpretado a su manera los conceptos clave, los plazos y las garantías, generando un mosaico de regímenes jurídicos incompatibles entre sí.
Esa fragmentación ha alimentado los llamados "movimientos secundarios": personas con una orden de expulsión en un país que se desplazan a otro Estado miembro esperando un trato más laxo o un reinicio del procedimiento.
Por eso propuso, y el Parlamento asume ahora, un giro de calado: sustituir la vieja directiva por un reglamento de retorno directamente aplicable en todos los Estados miembros. Esa decisión política significa quitar margen a las capitales y blindar un conjunto de reglas comunes que operarán en cada país como si fueran una ley nacional.
A inicios de este mes, la comisión de Libertades Civiles (LIBE) aprobó un texto que, incluso, endurece la propuesta del Ejecutivo comunitario.
Y lo hace asumiendo la tesis de que "si sólo una minoría de quienes no tienen derecho a quedarse abandona realmente la UE, el sistema pierde credibilidad y se erosiona el apoyo ciudadano a sociedades abiertas y al propio espacio Schengen".
La España de Sánchez
En ese contexto europeo, el caso de España destaca por su brusco cambio de comportamiento estadístico.
Hasta 2017, última legislatura completa de Rajoy, la tasa de retorno efectiva rondaba el 35%-50%, con ligeras oscilaciones. Esa ratio se desploma hasta el 21% a partir de la llegada de Sánchez a Moncloa, en 2018.
La pandemia distorsiona 2020 y 2021, años en los que las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras hacen prácticamente imposible ejecutar expulsiones con normalidad.
Pero a partir de 2022 se dibuja el nuevo patrón estructural. España vuelve a dictar decenas de miles de órdenes de retorno, pero ejecuta sólo una fracción mínima de ellas. La tasa cae al 8,2% en 2022 y se mantiene por debajo del 10% en 2023 y 2024.
En paralelo, el Gobierno de Sánchez ha apostado por una política migratoria que normaliza la permanencia de quienes llegaron de forma irregular.
Primero, mediante la tolerancia de hecho de una situación de irregularidad sobrevenida prolongada. Después, con el impulso de una regularización masiva que permitirá a cientos de miles de personas obtener papeles con cinco meses de residencia, sin controles estrictos y con una simple "declaración responsable" de antecedentes penales.
El resultado es un mensaje potente hacia dentro y hacia fuera: el Estado dicta expulsiones, pero no las ejecuta, y al cabo de un tiempo abre la puerta a la regularización a gran escala.
El Reglamento
El reglamento refuerza la vía forzosa "para hacer creíble la vía voluntaria", según las fuentes.
La UE quiere seguir ofreciendo al irregular la posibilidad de marcharse por su propio pie, con un plazo voluntario y cierta ayuda logística. Pero reconocen que ese modelo sólo funciona si detrás hay un mecanismo de expulsión coercitiva real y ejecutable cuando el interesado ni coopera ni se va.
Por eso, primero, se crea una decisión de retorno europea estándar, con un contenido mínimo obligatorio, que debe surtir efecto en todos los Estados.
Segundo, se impone el reconocimiento mutuo de esas órdenes: si una persona con expulsión en Francia aparece en España, no empieza de cero, sino que se ejecuta la decisión ya adoptada.
Y tercero, se definen criterios comunes para valorar el riesgo de fuga y justificar medidas como la detención.
A partir de ahí, los Estados podrán adoptar medidas restrictivas de la libertad, incluida la detención de hasta 24 meses, para asegurar que la persona esté disponible cuando llegue el momento de la expulsión.
Al mismo tiempo, las instituciones insisten en que el nuevo régimen se enmarca plenamente en la Carta de Derechos Fundamentales y en el principio de no devolución.
El texto subraya que no se puede expulsar a nadie a un país donde "corra peligro su vida o su integridad", prohíbe las expulsiones colectivas y garantiza el "derecho a recurso efectivo" y la protección específica de menores no acompañados.
En ese equilibrio entre firmeza y garantías, la Eurocámara busca también responder a un clima político marcado por el auge de los partidos antiinmigración.
![Largas colas en el consulado de Pakistán de Barcelona por la regularización del Gobierno.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/18\/espana\/politica\/1003744175449_262020409_320x180.jpg"])
La UE pretende seguir siendo un espacio de asilo y acogida, pero sólo para quien cumpla las reglas. Para el resto, la tesis imperante será "si no tienes derecho a quedarte, te vas", según fuentes de la Comisión.
Política exterior de la UE
Si se comparan los datos de España con la media de la UE, se observa un patrón común en la caída generalizada de la eficacia: en casi todos los países, el porcentaje de órdenes que se convierten en retiradas efectivas del territorio oscila entre el 20% y el 30%.
Pero hay una divergencia, que España se desploma por debajo de ese rango desde 2018 y, sobre todo, desde 2022.
El Parlamento Europeo se apoya en esa constatación para argumentar que el nuevo reglamento es necesario, para dotar a los Estados de herramientas comunes más claras y contundentes.
El nuevo texto introduce además un vínculo explícito entre el retorno y la política exterior. La readmisión de nacionales se incorpora de lleno en la negociación con terceros países, con la amenaza de restricciones de visados, ayudas o cooperación si no aceptan de vuelta a sus ciudadanos.
Otra de las novedades es la obligación de cooperación del inmigrante sometido a un procedimiento de retorno.
El reglamento establece que debe colaborar activamente en su identificación, en la obtención de documentos de viaje y en la aportación de datos biométricos, so pena de ver restringidos sus derechos y de facilitar su detención.
La falta de cooperación se convierte en elemento central para valorar el riesgo de fuga.
La reforma prevé, además, un mayor uso de la detención para garantizar la disponibilidad física de la persona hasta la expulsión. También se regulan mejor las alternativas a la detención, como las obligaciones de presentación o la residencia asignada.
En el terreno de las garantías, el Reglamento reafirma la necesidad de un representante para los menores no acompañados, tanto durante la tramitación del asilo como en la fase de retorno.
También fija plazos claros para recurrir las decisiones y limita que los recursos tengan efecto suspensivo cuando haya riesgo de vulneración de derechos fundamentales.
En definitiva, la UE se dota de una norma más dura y más vinculante, paradójicamente, mientras uno de los grandes, España, está aplicando una estrategia inversa: dejar caducar las órdenes de expulsión, reducir las salidas efectivas y apostar por la regularización de quienes se quedaron.
