El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, acude a una reunión de la Mesa. Europa Press
El letrado del Congreso advirtió de que es ilegal el veto del Gobierno a las medidas contra el 'coladero' de la regularización
Fernando Galindo advirtió el pasado martes a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de que el veto del Gobierno a las enmiendas del PP era "extemporáneo". Y que, por tanto, la Mesa debía rechazarlo.
Más información: Los letrados del Senado ven inconstitucional el "veto" a las medidas para evitar el coladero de la regularización masiva.
Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso de los Diputados, advirtió el pasado martes a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de que el veto del Gobierno a las enmiendas del PP era "extemporáneo". Y que, por tanto, la Mesa debía rechazarlo.
El Gobierno ha logrado que el Congreso acepte el veto a dos medidas incluidas en la proposición de ley contra la multirreincidencia. El mismo veto que el Senado rechazó la semana pasada por inconstitucional e "infundado", a la luz del informe de los letrados de la Cámara Alta.
Los vetos del Gobierno pretenden excluir de esa ley, que vuelve al Congreso tras su paso por la Cámara Alta, dos medidas muy concretas impulsadas por el Partido Popular.
Con ellas, los de Alberto Núñez Feijóo trataban de evitar que la regularización masiva de inmigrantes siga siendo "un coladero de delincuentes".
Tal como está redactado el decreto, basta con una "declaración responsable" del interesado para que el Estado "entienda" que no tiene antecedentes penales. Y el PP había logrado en el Senado el apoyo de grupos suficientes como para tener también mayoría en el Congreso.
Galindo hizo este informe jurídico de palabra en la propia reunión de la Mesa. Según fuentes internas de ese órgano, este asunto se trató "fuera del orden del día", por deseo de los representantes del PSOE en la Mesa, que habían llevado los escritos de veto del Ejecutivo a la reunión.
En todo caso, el dictamen de Galindo no fue atendido. La Mesa, con mayoría de cinco votos del bloque progresista contra cuatro del PP, acordó admitir el veto y excluir las enmiendas del pleno de este jueves.
Lo hizo contra el criterio expreso de su propio letrado mayor. Y lo hizo la Mesa del Congreso en contra del dictamen de los letrados del Senado, que el 16 de marzo informaron a favor de rechazar los vetos en la Cámara Alta, por no reunir "los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
Según la dirección del Partido Popular, el órgano de gobierno de la Cámara Baja lo hizo "plegándose a la voluntad del Gobierno" por una razón muy concreta.
"Porque el texto contaba con mayoría para salir adelante en el pleno del Congreso", advierte Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, en conversación con este periódico. "Y Pedro Sánchez no se podía permitir esa derrota".
El resultado es que dos medidas aprobadas por una mayoría real en el Senado, formada por PP, Vox y Junts, no llegará a debatirse ni a votarse en el Congreso este jueves.
Una exigía un certificado oficial de antecedentes penales a los solicitantes de residencia. La otra ampliaba la planta del Ministerio Fiscal. Ambas habían sido incorporadas al texto de la proposición de Ley contra la Multirreincidencia antes de que la Cámara Alta la devolviera al Congreso.
Es inconstitucional
Como informó este diario, los letrados del Senado destruyeron el argumento del Gobierno en su dictamen técnico-jurídico del 16 de marzo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El Ejecutivo alegó un impacto presupuestario de hasta 71 millones de euros. La Secretaría General del Senado concluye que esa cifra "no existe": es "una mera hipótesis o estimación no justificada", no el impacto "real y efectivo" que exige el Tribunal Constitucional para que un veto sea válido.
El argumento del Gobierno se reduce a una multiplicación. Toma un número de plazas "inventado", 400 policías para una enmienda, 491 fiscales para la otra, y lo multiplica por un coste unitario que tampoco justifica.
Los propios letrados señalan que el uso de la expresión "como mínimo" en ambos escritos de disconformidad "prueba por sí solo que el cálculo es aproximado", lo que incumple la doctrina del TC fijada en una cadena de sentencias que arranca en 2018.
La segunda gran objeción apunta al núcleo de la enmienda sobre antecedentes penales: esa medida no ordena en ningún momento que la Administración cree plazas ni contrate personal. Es el solicitante de la residencia quien debe aportar el certificado.
![La regularización de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará 'limpio' si en un mes no recibe los antecedentes penales](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/30\/espana\/politica\/1003744111464_261189930_320x180.jpg"])
Los letrados concluyen que el Gobierno "hace decir a las enmiendas lo que no dicen" para construir artificialmente un impacto presupuestario que le permita vetarlas. Los costes indirectos de segundo grado, según la jurisprudencia constitucional, no son impacto "real y efectivo".
Galindo: "No ha lugar"
La conclusión de Galindo en la Mesa del Congreso fue nítida: "No ha lugar al veto".
El argumento central del letrado mayor de la Cámara Baja es que "los vetos se presentan allí donde las enmiendas se van a debatir". El Gobierno ya ejerció su facultad donde correspondía: en el Senado. Y ahí se agotó esa posibilidad.
Galindo advirtió a los miembros de la Mesa del Congreso, según las fuentes, de que "las enmiendas del Senado pueden vetarse allí, y la decisión sobre su aceptación o no corresponde a la Mesa de esa Cámara".
La Mesa del Senado, efectivamente, recibió los escritos del Ejecutivo, los sometió a dictamen de su Secretaría General y rechazó los vetos por considerar que el Gobierno "inventaba" un gasto presupuestario que las enmiendas no incluyen.
Por eso mismo, Galindo subrayó ante Armengol que, este martes, las enmiendas ya no eran enmiendas. El Pleno del Senado las había incorporado al texto de la proposición de ley.
Y el artículo 90.2 de la Constitución solo otorga al Congreso la facultad de "aceptar o no, por mayoría simple" las modificaciones introducidas por la Cámara Alta. Pero la Carta Magna no contempla excluirlas del orden del día y no someterlas siquiera a votación.
Fuentes de la dirección popular sostienen que "ya está aprobado y, por tanto, no cabe el veto". Las enmiendas, insisten, "ya son cuerpo legal". Al actuar como lo hizo, según denuncian, "la Mesa habría permitido al Gobierno legislar por la puerta de atrás".
Había mayoría
La mayoría para aprobar esas medidas en el Congreso existía. PP, Vox y Junts las apoyaron en el Senado y esa suma se habría reproducido en la Cámara Baja.
Lo confirmó la propia portavoz de Junts, Míriam Nogueras: su formación tenía decidido votar a favor de exigir certificados de antecedentes penales en los procesos de regularización.
![El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su salida de la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/18\/espana\/politica\/1003744175660_262023632_320x180.jpg"])
"Es una lástima que, con el pretexto de aumento presupuestario, el Gobierno vete esta medida para que no se pueda votar; es de todo menos democrático", declaró la dirigente de la formación de Carles Puigdemont.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue aún más directa.
Denunció que el Gobierno ha actuado "en connivencia con la Presidencia del Congreso" para impedir que esa mayoría real se exprese. Y da por sentado que la Mesa, presidida por Armengol, "mantendrá su sumisión" al Ejecutivo cuando reciba el escrito de reconsideración que el PP presentará en las próximas horas.
Ése es el paso procesal obligatorio antes de acudir al Tribunal Constitucional. El PP lo tiene claro: si la Mesa confirma el veto, interpondrá un recurso de amparo ante el TC.
Cuenta con el respaldo jurídico, el dictamen de los letrados del Senado, que certificó que los vetos no reunían los requisitos constitucionales. Y con la advertencia verbal de Galindo, el propio letrado mayor del Congreso en la reunión del martes.
El Senado, por su parte, presentará "sin lugar a dudas" un nuevo conflicto de atribuciones ante el Constitucional, según confirmaron fuentes de la Cámara a EL ESPAÑOL. La tesis es que la Mesa del Congreso ha usurpado una competencia que la Constitución reserva exclusivamente al Pleno.
Esa doble ofensiva se enfrenta, sin embargo, a un obstáculo de fondo. Fuentes de la Secretaría General del Senado advierten de que el TC tiene pendientes ya 12 conflictos planteados por la Cámara Alta en esta legislatura.
Según esas fuentes, "Conde-Pumpido, tras admitirlos a trámite, encomienda la ponencia de estos asuntos, invariablemente, a magistrados progresistas, y la intención es meterlos en un cajón y no resolverlos en la presente legislatura".
