Una investigadora observando diferentes muestras en un laboratorio. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels

Una investigadora observando diferentes muestras en un laboratorio. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels

Ciencia

Los GAL, el Yak-42 o el 11-M: los episodios de la historia de España en los que el ADN fue protagonista

El biólogo Antonio Alonso cuenta en su nuevo libro su experiencia en algunos de los casos más conocidos de nuestro país, en los que la huella genética fue determinante.

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Las ficciones policiales que tanto han frecuentado la parrilla televisiva durante décadas y que ahora también proliferan en las plataformas digitales han estimulado la creación de un imaginario en el que el ADN es algo así como una varita mágica que resolvía en un santiamén el misterio del crimen de turno.

Algo del todo alejado de la realidad, como deja traslucir el libro recientemente lanzado por Antonio Alonso La huella invisible al auspicio de la editorial Crítica. A lo largo de estas páginas, este perito experto en genética forense nos narra varios episodios, algunos de ellos piedras angulares de la historia reciente de nuestro país, en los que las técnicas relacionadas con la identificación por ADN fueron fundamentales, pero también insuficientes en el caso de que no se utilizaran bajo unas circunstancias determinadas o cuando no se emplearan debidamente acompañadas de otras pruebas.

Un vistazo al currículum de Alonso bastará para estar seguros de que es toda una autoridad en la materia: es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, facultativo del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, del que fue director entre 2019 y 2024. También ha presidido el Grupo de Habla Española y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense y ha sido primero secretario y luego vicepresidente de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Ahí es nada.

Encontramos en las historias que comparte una linealidad cronológica en la que saltan a la vista los avances en la ciencia forense y, más concretamente, en las múltiples técnicas de detección y comparación de ADN que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas. Alonso, de hecho, acostumbra a destacar historias en las que el episodio supuso un nuevo reto que obligó a los especialistas a utilizar el ingenio en busca de nuevos métodos o recurrir a los más recientes avances en el campo de la genética.

El asunto de las fechas es importante por otra cuestión más que se suele pasar por alto. El aluvión de series de crímenes (ya sean historias reales o ficcionadas) antes mencionado también ha hecho que arraigue la idea de que este conjunto de métodos de identificación se utiliza en nuestro país desde hace mucho más tiempo del que en realidad lleva empleándose.

Pero lo cierto es que tenemos que remontarnos a los años 90 para ver este tipo de pruebas presentadas en juicios. En 1991 el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses emplea por primera vez la técnica de ADN en un caso de agresión sexual que acaba con la exculpación del acusado, lo que muestra que ya se aceptaba como prueba pericial valorable en juicio.

De ahí que el caso con el que abre Alonso su libro, el del descubrimiento en 1985 de dos cadáveres enterrados en cal viva en la Foia de Coves (Alicante), tuviera que esperar diez años para beneficiarse de las virtudes de esta clase de herramientas.

Fue entonces, en 1995, cuando Jesús García García, jefe de grupo de la Policía Judicial adscrito a los juzgados de Alicante, planteó la posibilidad de que estos cuerpos pertenecieran a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, miembros de ETA desaparecidos en 1983 en el sur de Francia. Una conclusión a la que llegó tras escuchar a José Amedo, miembro de los GAL, afirmar que habían pensado hacer desaparecer al empresario Segundo Marey en cal viva.

Mucha sangre fría en tal afirmación. Poca ciencia, también. Y es que, detalla Alonso, si bien la creencia popular es que el óxido de calcio (CaO) acelera la descomposición de los cadáveres, pasa más bien lo contrario. Según diversas publicaciones científicas, inhibe o ralentiza la actividad de la entomofauna cadavérica y los microorganismos, facilitando, en última instancia, la momificación y desecación de los tejidos blandos.

Movidos por esta intuición, en 1995 se procedió en una segunda autopsia en la que, esta vez sí, se pudo recurrir a la ayuda de las pruebas por ADN, pues, según transmitía Paco Etxebarría, forense encargado del caso: "el estado de conservación de los restos humanos posibilita el estudio identificativo completo con todos los recursos de las técnicas antropológicas, incluidas las que permiten investigar los marcadores genéticos como el ADN".

Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Toxicología, donde el equipo de biólogos del que formaba parte el autor de La huella invisible tomaron un fragmento de la parte media de una tibia y dos de un fémur de cada uno de los cadáveres para la extracción del material genético.

La muestra obtenida en seis viales mediante un primitivo proceso de limado manual y el posterior proceso de separación y purificación se sometió posteriormente a la ahora muy conocida reacción en cadena de la polimerasa (PCR). De tal forma, se obtienen unos fragmentos de ADN amplificados que se separan de acuerdo a su tamaño en un gel de poliacrilamida. Ello da lugar a un patrón de bandas característico de cada individuo, una especie de código de barras que recibe el nombre de "huella genética".

A continuación, se comparó estos resultados con las muestras recibidas de los familiares biológicos de las víctimas. Para ello se dispuso de material de la madre y el padre de ambas víctimas, con lo que se procedió a certificar que una de las dos variantes genéticas (alelo) de cada muestra era de procedencia materna y la otra, paterna. Y así fue en cada una de las trece regiones de ADN analizadas.

Estaban ante los restos de Lasa y Zabala. Al menos en muy alta probabilidad, pues el análisis de ADN se mueve en términos probabilísticos. Costaba negar la evidencia: los datos indicaban que era 35.973 veces más probable la compatibilidad genética con los padres de las víctimas frente a la hipótesis de que los restos fueran de otro individuo escogido al azar entre la población española.

El conjunto de los hallazgos forenses tuvo una enorme repercusión tanto política como social. Finalmente, la Audiencia Nacional condenó por la detención ilegal y el asesinato de Lasa y Zabala a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil destinado en Intxaurrondo; Ángel Vaquero, teniente coronel del mismo cuartel; Julen Elorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa, y a Enrique Dorado y Felipe Bayo, agentes del instituto armado.

Pasando a otro caso, especialmente traumático para Alonso fue su papel tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Fue la primera vez, recuerda, que los biólogos forenses tuvieron que salir de su laboratorio para asistir a los médicos en la morgue instalada en IFEMA.

El biólogo forense Antonio Alonso, autor de 'La huella invisible'. Foto: Crítica

El biólogo forense Antonio Alonso, autor de 'La huella invisible'. Foto: Crítica

"En nuestra rutina diaria, los genetistas forenses recibimos en el laboratorio, de forma aséptica, las muestras que los médicos forenses obtienen de los cadáveres durante la autopsia. No tenemos nunca un contacto directo con la muerte. Pero aquella noche el material con el que trabajaríamos lo tuvimos que tomar nosotros directamente de los cadáveres", recuerda el biólogo. "A medida que la noche se espesaba, el hedor de la muerte se volvía más denso, más insoportable. Para mí sería, sin duda, la noche más complicada de mi carrera profesional".

En este contexto, el análisis del ADN de todo tipo de restos humanos se adscribió a un amplísimo abanico de pruebas que tenían como fin la identificación de las víctimas de la tragedia: autopsias, análisis toxicológicos, estudios odontológicos, huellas digitales, registros telefónicos digitales... Todas ellas, en conjunto, lograron la identificación de casi la totalidad de los fallecidos en el admirable plazo de una semana.

En esta ocasión, la tecnología empleada para el análisis genético fue el estudio de unos marcadores STR, regiones cortas de ADN repetitivo que están distribuidas en los 22 cromosomas autosómicos humanos, presentan una amplia variabilidad de tamaño entre los individuos y se heredan de forma mendeliana, lo que quiere decir que se transmiten al 50 % por cada uno de los dos progenitores.

Explica Alonso que se trata de marcadores de elección para la identificación de víctimas en catástrofes de estas características "debido a su alto grado de polimorfismo genético y su pequeño tamaño, que los hace susceptibles de ser analizados con muy alta sensibilidad, incluso en muestras con bajo contenido y ADN degradado".

Además, se tuvo que recurrir a herramientas bioinformáticas para el momento de la comparación de las muestras obtenidas con las extraídas de familiares o de las propias víctimas antes de la tragedia (ante mortem). Específicamente, el sistema CODIS, base de datos desarrollada por el FBI, sirvió para la identificación de 31 cadáveres.

No pasó mucho tiempo para que Antonio Alonso participara en la investigación de otro de los episodios que han marcado la historia reciente de España. En noviembre de 2004, un equipo de médicos forenses, miembros del INTCF y policías científicos se dirigieron al cementerio de la Almudena de Madrid para exhumar los cadáveres de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en territorio turco un año y medio antes debido a las sospechas de que habían sido mal identificados.

Y tanto que así había sido. En un primer momento, fueron unos forenses turcos quienes habían hecho saber al grupo español encabezado por el general médico Vicente Navarro Ruiz enviado al lugar del siniestro para el proceso de autopsia, identificación y repatriación de las víctimas que 30 de los 62 fallecidos eran imposibles de identificar si no se recurría al análisis de ADN. Se les facilitaba, además, la huella genética ya obtenida de estas víctimas para así compararla con sus familiares.

Por alguna razón, no se hizo, y así se pudo comprobar muy fácilmente en el momento de la exhumación, tras año y medio de sospechas. De nuevo, el equipo al que pertenecía Alonso del INTCF volvió a emplear los marcadores STR autosómicos y del cromosoma Y. De nuevo, también, se recurrió a una base de datos para compararlo con los datos de los familiares.

Tres casos, el de Zabala y Lasa, el del 11-M y el del Yak-42, en el que la huella genética sirvió, por encima de todo, para dar un pequeño alivio al enorme dolor de las familias de las víctimas.