Un agente de policía a las puertas de la cárcel de Segovia
Los funcionarios de prisiones, contra la regularización de presos preventivos: "Beneficia a internos con delitos muy graves"
La APFP denuncia que podrán acogerse a esta medida internos que estén "a la espera de juicio en causas con delitos como violación, abusos sexuales, violencia de género, delincuencia organizada e incluso yihadismo".
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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) alerta de que la regularización de presos que se encuentran en prisión preventiva y en situación irregular en España "puede beneficiar a internos con delitos muy graves".
El presidente de esta entidad, Gonzalo Arboledas, detalla que el perfil de sujetos que podrán acogerse a esta medida incluye, entre otros, a reclusos "a la espera de juicio en causas con delitos como violación, abusos sexuales, violencia de género, narcotráfico, delincuencia organizada e incluso yihadismo".
En concreto, estima que la medida podría beneficiar a unos 3.600 internos preventivos, a la vez que advierte de que "no se han implementado medios materiales ni personales, ni ninguna retribución económica", por la nueva carga de trabajo que representa esta normativa para el personal penitenciario.
Por su parte, desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, critican que se permita aplicar una regularización a personas que están en la cárcel precisamente por haber cometido determinados delitos.
"Si estás en prisión, representas un peligro para la sociedad. Esta regularización se podría haber hecho fácilmente excluyendo a aquellas personas que estén privadas de libertad por incumplir la ley".
Más funciones
Uno de los puntos más criticados por el personal penitenciario es que la nueva norma trae consigo una serie de medidas que les obligan a informar y ayudar a los presos a acceder a la regularización.
Sin embargo, lamentan que este aumento de sus funciones no se vea acompañado de una mejoría en los recursos disponibles, ni materiales ni humanos, ni en una retribución económica.
En un comunicado emitido por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, dirigido al personal penitenciario -y al cual ha accedido EL ESPAÑOL-, se informa de que "la dirección de los Centros Penitenciarios y de Inserción Social arbitrará las medidas necesarias para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas, etcétera".
Una foto de archivo de un interno en un centro penitenciario. EFE
"En el caso de ser necesario, deberá preverse el apoyo lingüístico pertinente", amplía el citado documento.
"Toda la documentación que requiera la persona solicitante será facilitada a la mayor brevedad. De no constar todo o parte, se le comunicará tal circunstancia, igualmente, con la mayor prontitud. De ambos extremos se dejará registro por escrito y se anotará en su expediente personal".
El comunicado concluye explicando que "a efectos estadísticos se llevará a cabo un registro del número de personas que hayan cursado solicitudes en el marco de la aplicación de lo dispuesto en el RD 316/2026. Igualmente, de tener conocimiento, se registrarán las resoluciones dictadas por la autoridad competente en esta materia".
Este diario ha accedido también a otro comunicado emitido por la dirección de un centro penitenciario especificando cómo se desarrollarán en el mismo las funciones que ya detallaba el anterior.
Así, ordena al personal a "informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto".
Esta comunicación "se llevará a cabo mediante la publicación del precitado Real Decreto en los tablones de anuncios modulares, bibliotecas y escuelas, así como mediante trípticos que faciliten su lectura y comprensión".
"En dicha tarea participarán todas las áreas del establecimiento. No obstante, las labores de asesoramiento en su cumplimentación se llevarán a cabo por los educadores, quienes podrán ser asistidos por los juristas del Centro, según reparto de dependencias establecido por la Subdirección de Tratamiento".
"En el caso de ser necesario", amplía el documento, "deberá preverse el apoyo lingüístico pertinente. Para ello, pueden auxiliarse de otros profesionales del centro, o de internos que conozcan el idioma del afectado".
Agentes de la autoridad
La rápida aprobación de esta medida choca con la lentitud con la que se negocian otras demandas de los funcionarios de prisiones, como es la jornada de 35 horas o su reconocimiento como agentes de la autoridad, que "lleva tres años perdido en un cajón".
Así lo explican algunos de estos trabajadores a este diario, lamentando que la Administración "tarda muchísimo en hacer cosas para los trabajadores, pero para permitir la regularización de presos preventivos, que es algo con un carácter más político, han tardado nada y menos".
Además, desde un punto de vista ético, estos mismos funcionarios critican que "no puede ser que haya personas trabajadoras haciendo cola durante días para obtener su regularización y que a presos que están encerrados por cometer múltiples delitos se les regale".
