Arcadi España, ministro de Hacienda, entrando al Palacio de la Moncloa.
Trabajamos más, pagamos más y vivimos peor: ¿quién gana?
La economía puede crecer en términos agregados y Hacienda registrar récord de recaudación, pero si los salarios pierden valor, la vivienda es inaccesible y las familias no pueden ahorrar, la prosperidad no llega a la mayoría.
Hay una paradoja que define con precisión la situación económica de España. Nunca el Estado había ingresado tanto dinero por impuestos y cotizaciones sociales.
Sin embargo, nunca había sido tan generalizada la sensación de que el salario dura menos, que ahorrar es cada vez más difícil y mantener un nivel de vida razonable exige cada vez más esfuerzo.
El Gobierno insiste en que la economía española atraviesa un momento extraordinario. Y es cierto que algunos indicadores macroeconómicos muestran crecimiento y que la recaudación tributaria bate récords históricos.
Pero la pregunta relevante no es cuánto recauda el Estado, sino cuánto mejora la vida de quienes sostienen ese Estado con su trabajo diario. Y en esa medición, que es la que verdaderamente importa, el balance es mucho menos favorable de lo que sugieren los discursos oficiales.
La presión fiscal en España se ha intensificado de manera notable desde 2018. La recaudación total ha aumentado en más de 140.000 millones de euros, impulsada por la combinación de una inflación persistente, el incremento de las cotizaciones sociales, la creación de nuevas figuras tributarias y la negativa del Gobierno a adaptar el IRPF al encarecimiento del coste de la vida.
El resultado es que una parte creciente del esfuerzo de trabajadores, autónomos y empresas termina en las arcas públicas, incluso cuando su capacidad real de compra no ha mejorado y, en muchos casos, ha retrocedido.
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Este fenómeno tiene un efecto especialmente injusto sobre las clases medias.
Cuando los salarios nominales suben para compensar parcialmente la inflación, pero los tramos del impuesto sobre la renta permanecen inalterados, muchos contribuyentes pasan a pagar más impuestos sin haber experimentado un aumento real de su bienestar. Pagan más no porque sean más ricos, sino porque su dinero vale menos.
Al mismo tiempo, las cotizaciones sociales continúan aumentando, encareciendo el empleo y reduciendo el margen de maniobra de quienes generan riqueza y puestos de trabajo.
La consecuencia es clara: el Estado ha incrementado sus ingresos de forma histórica y ha reforzado su capacidad financiera, mientras los ciudadanos han perdido poder adquisitivo.
Esa es, probablemente, la mejor síntesis de la economía española de los últimos años.
Los datos de la OCDE confirman esta percepción.
En 2025, los salarios reales en España todavía se situaban aproximadamente un 4% por debajo de los niveles previos al gran repunte inflacionario (2021/2022). En otras palabras, aunque muchos trabajadores perciben hoy una nómina nominalmente superior, esa nómina permite comprar menos bienes y servicios que hace apenas unos años.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la inflación acumulada supera el 23%, lo que significa que lo que en 2018 podía adquirirse con 100 euros requiere hoy más de 123 euros.
Este deterioro del poder adquisitivo se percibe con especial crudeza en el acceso a la vivienda, principal preocupación económica y social de los españoles.
"El verdadero éxito económico no consiste en que el Estado ingrese más, sino en que los ciudadanos vivan mejor"
El precio de compra y, sobre todo, del alquiler ha crecido muy por encima de los salarios, dificultando la emancipación de los jóvenes y obligando a muchas familias a destinar una proporción excesiva de sus ingresos a pagar un techo.
La raíz del problema es estructural. España construye muchas menos viviendas de las que necesita. En 2024 se finalizaron menos de 100.000 viviendas, una cifra claramente insuficiente frente a la creación de nuevos hogares y frente a un déficit acumulado de vivienda que el Banco de España ya situó en torno a las 700.000 viviendas.
La escasez de suelo, la lentitud administrativa, la inseguridad jurídica y la desconfianza generada por políticas intervencionistas han restringido la oferta y presionado al alza los precios.
El contraste con el relato oficial es cada vez más evidente.
La economía puede crecer en términos agregados y la Hacienda Pública puede registrar cifras históricas de recaudación. Pero si los salarios pierden valor, si la vivienda se vuelve inaccesible y si las familias tienen más dificultades para ahorrar, la prosperidad no está llegando a la mayoría social.
España continúa, además, por debajo de la media europea en renta per cápita ajustada por poder de compra.
Esto significa que, pese al crecimiento del PIB, el nivel de bienestar relativo de los españoles no converge con la intensidad deseable hacia los países más avanzados de nuestro entorno. De hecho, en 2025 estábamos por debajo de los niveles de 2017: hemos pasado del 93% al 92% de la media europea.
El verdadero éxito económico no consiste en que el Estado ingrese más, sino en que los ciudadanos vivan mejor.
Los autónomos encarnan de manera especialmente clara esta realidad. Son quienes asumen riesgos, trabajan más horas y generan una parte fundamental del empleo, pero también quienes soportan con mayor intensidad el aumento de cotizaciones, cargas administrativas y obligaciones fiscales.
Cuando el sistema penaliza de forma sistemática al que emprende, invierte y contrata, termina debilitando el principal motor de la economía.
"Urge deflactar el IRPF, aliviar las cargas sobre autónomos y pymes, impulsar la oferta de vivienda con seguridad jurídica y colaboración público-privada, y simplificar la burocracia"
España necesita una política económica que devuelva protagonismo al esfuerzo y a la libertad económica.
Urge deflactar el IRPF para evitar que la inflación siga convirtiéndose en una subida encubierta de impuestos, aliviar las cargas sobre autónomos y pymes, impulsar decididamente la oferta de vivienda con seguridad jurídica y colaboración público-privada, simplificar la burocracia y ofrecer estabilidad normativa.
La prosperidad no puede medirse por el volumen de recursos que concentra la Administración, sino por la capacidad de las familias para ahorrar, por la facilidad con la que los jóvenes pueden emanciparse y por la confianza de los trabajadores y emprendedores en que su esfuerzo será recompensado.
A esta pérdida de poder adquisitivo se suma una decisión especialmente reveladora de las prioridades del Gobierno.
![Montaje de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda (David Zorrakino / Europa Press), con la firma de una hipoteca (Freepik).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/14\/actualidad\/1003744205794_262419768_320x180.jpg"])
Recientemente hemos conocido que el Ministerio de Trabajo ha reducido en 15 millones de euros los fondos destinados al programa de reinserción laboral para desempleados mayores de 50 años con el fin de aumentar hasta los 32 millones la financiación de los sindicatos.
Se trata de un colectivo especialmente vulnerable, con enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral y con un elevado riesgo de desempleo de larga duración y exclusión social.
Resulta difícil de explicar a miles de desempleados mayores de 50 años que necesitan formación, orientación y oportunidades reales para volver al mercado laboral, que el Gobierno haya decidido priorizar el incremento de la financiación sindical frente al refuerzo de políticas de empleo eficaces.
Esta decisión no sólo es cuestionable desde el punto de vista presupuestario, sino que transmite un mensaje profundamente preocupante sobre a quién se protege y a quién se deja atrás.
"Cuando el sistema penaliza de forma sistemática al que emprende, invierte y contrata, termina debilitando el principal motor de la economía"
Frente a esta situación, el Partido Popular defiende una política económica orientada a devolver poder adquisitivo a las familias. Proponemos deflactar el IRPF para evitar subidas fiscales encubiertas, reducir burocracia, reducir las cotizaciones sociales y aliviar las cargas administrativas que soportan autónomos y pymes.
En materia de vivienda, apostamos por aumentar la oferta mediante la movilización de suelo, la agilización de licencias y la colaboración público-privada para construir más vivienda asequible.
Y, en empleo, defendemos que los recursos públicos se destinen prioritariamente a políticas eficaces de formación y reinserción laboral, especialmente en aquellos colectivos más vulnerables en lugar de seguir aumentando estructuras que no generan empleo.
Porque una economía fuerte no se mide por la propaganda del Gobierno ni por los récords de recaudación, sino por la capacidad de los ciudadanos y de las familias para vivir mejor con el fruto de su trabajo. Esa es la mejor política social.
Por eso, la cuestión central de la economía española no es si el Estado recauda más que nunca. La cuestión verdaderamente importante es que, pese a esa recaudación histórica, millones de españoles sienten que trabajan más, pagan más impuestos y viven peor.
Y cuando esa percepción se instala de forma tan extendida, deja de ser una impresión subjetiva para convertirse en el diagnóstico más certero de la realidad.
*** Alma Alfonso es portavoz de Economía Social del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
