El resultado de la reunión de este lunes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa se resume en un hecho: el Gobierno lanzó un comunicado minutos antes de que el líder de la oposición atendiera a los medios para responsabilizarle directamente de una "estrategia de bloqueo".
Sobre la mesa estaba la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, para cuya modificación se precisa del necesario concurso en el Parlamento del PP. Por lo pronto, y a ojos de la opinión pública, Casado sitúa a Sánchez ante la disyuntiva de elegir entre separatismo o constitucionalismo.
Politizar la Justicia
En las actuales circunstancias, Casado no puede dejar la mayoría en los órganos judiciales a quien se propone moldear las leyes a su conveniencia y en busca de blindarse en el poder con el apoyo de los nacionalistas. Sánchez ni siquiera se ha molestado en esconder sus intenciones de politizar la Justicia: el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general da prueba de ello.
Por eso, tiene toda la lógica que el PP única y exclusivamente se preste a pactos que afectan a la esencia misma del Estado si el presidente rompe con el independentismo, ése que abiertamente se propone quebrar la Constitución. Al hacerlo, además, evita que Vox intente abanderar la oposición.
Compañeros de viaje
Muy al contrario, los pasos del Gobierno de coalición van más por tratar de torcer la Ley para que beneficie a los independentistas. Ahí está el anuncio de reforma del Código Penal para que el delito de sedición vea rebajado sustancialmente la pena.
Frente a los inaplazables pactos de Estado, Sánchez vuelve a demostrar que prefiere por compañeros de viaje a quienes más alejados están de la Constitución y del espíritu de convivencia.
