El año en el que vimos por primera vez condenado a un fiscal general y a dos altos dirigentes del PSOE en la cárcel

Por primera vez, un fiscal general del Estado ha sido condenado por un delito que le ha costado el cargo.

Y también por primera vez, dos ex secretarios de Organización del PSOE han ido a la cárcel por su presunta implicación en un grave entramado de corrupción que interpela al jefe del Gobierno y secretario general del partido. Pedro Sánchez fue quien les eligió y les apoderó sin que, según afirma, tuviera noticia de lo que hacían.

Por primera vez los tribunales han mandado al banquillo al hermano del presidente del Gobierno, cuya esposa, Begoña Gómez, es investigada por nuevas imputaciones.

"Campañas de acoso personal, mentiras y fango", repite, a modo de mantra, Pedro Sánchez, que se ha unido a las acusaciones de lawfare [guerra judicial] que hasta ahora lanzaban los partidos independentistas catalanes y vascos, Podemos o Sumar.

"Hay jueces haciendo política", manifestó el presidente del Gobierno a pocas horas de la apertura del año judicial, presidida por el Rey. Nunca antes en Democracia un jefe del Ejecutivo había hecho públicamente declaraciones de ese tenor.

La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, aprovechó ese solemne acto para contestar que "resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos".

Pero la apelación de Perelló al "respeto" y la "lealtad institucional" ha caído en saco roto. Sánchez ha incrementado sus desautorizaciones al Poder Judicial -al propio Tribunal Supremo- con ocasión del juicio al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, al que defendió en medio de la vista oral y tras su condena.

El proceso a García Ortiz, durante el que por primera vez se registró el despacho del fiscal general del Estado y se clonaron todos sus dispositivos electrónicos, ha supuesto una enorme fractura interna en la cúpula del Ministerio Público.

Restañarla será el reto de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, a quien el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha elegido para suceder a García Ortiz.

"Esas son mis cuentas"

El resultado del juicio al fiscal general fue un serio revés para el Gobierno en los tribunales, que no han dado precisamente buenas noticias a Sánchez.

El PSOE y el Ejecutivo quedaron en shock cuando, el 12 de junio, trascendió el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se atribuye a Santos Cerdán -en ese momento secretario de Organización del partido e interlocutor del Gobierno con Junts- un papel central en una trama de corrupción que presuntamente cobraba comisiones ilegales a cambio de contratos del Ministerio de Transportes.

–"Yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos, y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale? (...) Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", se oía decir a Koldo García, asistente del exministro de Transportes y anterior responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en los audios anexos al informe,

–"¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla", le respondía un enfadado Cerdán, ignorante de que el asistente estaba grabando la conversación.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, este jueves en el escaño leyendo el informe de la UCO. E.P.

Sánchez fulminó a Cerdán, que el 12 de junio leía impertérrito el informe de la UCO en su escaño del Congreso. Dieciocho días después ingresaba en la prisión de Soto del Real (Madrid) por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Cerdán salió de la cárcel el 19 de noviembre, cuando los investigadores vieron mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Pero el 27 de ese mes ingresaban en la misma prisión Ábalos y su asistente, Koldo García, por riesgo de fuga.

El exministro se convertía, así, en el primer diputado en activo en ir a la cárcel en la etapa democrática.

Es probable que el Tribunal Supremo le mantenga a él y a Koldo García en prisión preventiva hasta que se celebre, a finales de febrero o principios de marzo, el primer juicio contra ellos por la denominada trama de las mascarillas.

El caso se refiere, entre otros hechos, a la adjudicación de contratos de cubrebocas, destinados a entidades del Ministerio de Transportes, a favor de la empresa Soluciones de Gestión, con la intermediación del empresario Víctor de Aldama, a cambio de compensaciones económicas.

Al no haber dejado el acta de parlamentario antes de la apertura de juicio oral, la vista contra Ábalos se celebrará en todo caso ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide para el exministro y ex número tres del PSOE 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

La acusación popular, que encabeza el PP, eleva la petición de pena para Ábalos a 30 años de prisión.

La UCO, en Ferraz

En el año que termina, la UCO se presentó por primera vez en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para clonar la cuenta de correo de Cerdán.

Y por primera vez, se han visto imágenes de sobres con dinero en metálico que el PSOE entregaba a Koldo García para su entrega a Ábalos.

image (2)

Las explicaciones del partido y de su exgerente Mariano Moreno no convencieron al instructor del Supremo, que dedujo testimonio para que la Audiencia Nacional investigue un sistema de compensación de gastos que, según se ha puesto de manifiesto, carece de mecanismos de control.

El PSOE ha tenido que entregar al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno todos los pagos en metálico realizados a dirigentes o militantes entre 2017 y 2024.

Begoña y la 'fontanera'

En otro Juzgado, del que es titular Juan Carlos Peinado, prosigue la investigación abierta en abril de 2024 a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Investigada inicialmente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y, más adelante, también por apropiación indebida e intrusismo profesional, el pasado agosto Peinado amplió sus pesquisas a una supuesta malversación de fondos y sigue teniendo en el punto de mira el rescate de Air Europa.

El pasado abril, este instructor pretendió que el Tribunal Supremo abriera una causa al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras tomarle declaración como testigo en la Moncloa.

La Sala Penal despachó en 20 días semejante pretensión, destacando la "absoluta ausencia de indicios" de los delitos de falso testimonio y malversación señalados por Peinado.

En otro Juzgado de Plaza de Castilla, el que dirige Arturo Zamarriego, se abrieron el pasado julio unas diligencias para investigar a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Considerada una fontanera de Santos Cerdán, Díez habría ofrecido prebendas a determinados funcionarios para que le aportasen información que le permitiera atacar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción.

El escenario procesal de la fontanera del PSOE se ha complicado extraordinariamente tras su sorpresiva detención el pasado 10 de diciembre, en una operación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.

Además de Díez, fue detenido el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, un hombre cercano a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, y el empresario Antxon Alonso, al que la UCO considera socio de Cerdán en la empresa Servinabar.

Se les atribuye haber cobrado sobornos a empresas para influir en adjudicaciones públicas.

La amnistía, constitucional

Al margen de esos graves casos de corrupción, 2025 ha sido el año en el que el Tribunal Constitucional avaló, gracias a su actual mayoría progresista, la Ley de Amnistía a los responsables del proceso independentista catalán (el procés).

La Sala Penal del Tribunal Supremo no la considera, sin embargo, aplicable a los condenados o procesados por malversar fondos públicos para financiar el procés, lo que ha dado lugar a la presentación de recursos de amparo pendientes de resolver por el TC.

Mientras tanto, el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue huido en Waterloo (Bélgica) a la espera de que el TC le despeje la ruta de vuelta sin temor a ser detenido.

Este año ha registrado también un paro conjunto de jueces y fiscales contra las reformas puestas en marcha por el ministro Bolaños.

El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, no fue capaz de alumbrar una propuesta conjunta para la reforma del sistema de nombramiento de los vocales de procedencia judicial conforme a los estándares europeos, tal como reclama la Comisión Europea y el GRECO.

¿Y el PP?

Los problemas judiciales del PP han sido este año de una intensidad nada comparable con los del PSOE.

La Audiencia de Madrid ha confirmado que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, debe ir a juicio por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le piden tres años y nueve meses de cárcel.

El juez de Tarragona Rubén Rus acordó en julio dar la condición de investigados al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros ocho altos cargos de ese departamento en la época de Gobierno de Mariano Rajoy.