La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, el pasado mes de mayo.
La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por fraude fiscal
Reclama también el pago de una multa de 448.927 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos a través de la deducción de gastos con facturas falsas.
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La Abogacía del Estado ha pedido hoy tres años y nueve meses de cárcel, además de una multa de 448.927 euros, contra el empresario Alberto González Amador por dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con otro de falsedad documental presuntamente cometidos en los ejercicios de 2020 y 2021 en la tributación del Impuesto de Sociedades de su empresa Maxwell Cremona. La cantidad defraudada habría ascendido a 350.951 euros.
"Con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito, ante la perspectiva de tener que ingresar importantes cantidades al erario público en sede del Impuesto sobre Sociedades como consecuencia del incremento de su cifra de negocios, González Amador consignó mendazmente gastos documentados en facturas que no se encuentran sustentados por prestaciones de servicios o entregas de bienes realmente ejecutadas", indica el escrito de acusación presentado este lunes, conocido por EL ESPAÑOL.
En 2020 González Amador ingresó 1,9 millones de euros por su intermediación en la venta de material sanitario por parte de FCE Select Products a Mape Asesores. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, es miembro del consejo de administración de Mape.
Según la Abogacía del Estado, González Amador, que es pareja de la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era "plenamente consciente de la falta de realidad de las facturas contabilizadas y de los consiguientes gastos indebidamente deducidos en el Impuesto sobre Sociedades, ejecutando la conducta descrita con el ánimo de escapar la tributación correspondiente".
El escrito de acusación se dirige también contra Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo, que a través de sus empresas habrían participado como cooperadores necesarios en los delitos fiscales atribuidos a González Amador a través de un entramado de facturación falsa.
A mayor abundamiento, señala el escrito de acusación, en 2021 y con el ánimo de "seleccionar de manera arbitraria la sociedad en que quiere que tributen determinados ingresos", González Amador "trasladó artificialmente parte de la actividad de Maxwell a la mercantil Masterman&Whitaker, sujeta también a su control".
El empresario habría "simulado" que los servicios se prestaban por Masterman cuando en realidad fueron ejecutados con medios personales de Maxwell, "generando de forma indebida créditos fiscales a aplicar en ejercicios futuros en sede de Masterman".
La Abogacía del Estado aplica a los acusados la circunstancia atenuante simple de reparación del daño. Ello se debe a que el 17 de mayo de 2024 González Amador ingresó la cantidad defraudada.
La petición de pena de la Abogacía del Estado, que interviene en este procedimiento como acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, coincide con la instada por la Fiscalía en un escrito de acusación presentado el 16 de julio.
Este procedimiento se encuentra pendiente del recurso que la defensa de González Amador interpuso contra la decisión de la jueza instructora, Inmaculada Iglesias, de imputarle por fraude fiscal e iniciar los trámites de preparación del juicio oral. Si la Audiencia Provincial de Madrid estimase ese recurso, los escritos de acusación decaerían.
Además de este procedimiento por fraude fiscal, González Amador está siendo investigado en otro por un presunto delito de corrupción en los negocios relacionado con la compra de una sociedad perteneciente a la esposa de Fernando Camino.
