El juez del TS propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama por los presuntos sobornos con los contratos de mascarillas

Será el primer juicio al que se enfrente el exsecretario de Organización del PSOE por delitos castigados con altas penas de prisión. Ábalos está siendo investigado también por contratos de carreteras y otras obras públicas dependientes de Transportes.

Junto a él, serán juzgados en este primer proceso su asistente, Koldo García, y Víctor de Aldama. La confesión de este empresario a finales de 2024 desveló los hechos a los que Puente da credibilidad.

El instructor ha dado un plazo de 10 días al fiscal y al resto de las acusaciones, entre las que se encuentra el PP, para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el archivo del proceso, aunque esto último es del todo improbable.

El magistrado afirma que Aldama "se concertó" con García y Ábalos para, "aprovechando la posición que este último ocupaba como ministro de España y a cambio de satisfacer en beneficio de ambos determinadas cantidades de dinero, obtener la adjudicación de contratos con la Administración Pública en beneficio de sus propios intereses y de los que él promoviera".

El acuerdo incluía proporcionar a Aldama contactos "para facilitarle, por un conducto irregular, al menos, por distinto y preferente al que correspondería a cualquier otro ciudadano, el dictado de resoluciones que satisficieran sus personales intereses o los de aquellas personas, físicas o jurídicas, que aquel promoviera en cada caso".

Organización criminal

La resolución de Puente sostiene que los tres encausados formaban una organización criminal. "No se trata de un concierto o acuerdo convenido entre los tres investigados para la comisión de un concreto hecho delictivo, lo que nos situaría en el terreno de la ordinaria codelincuencia", señala.

"Nos hallamos aquí frente a un acuerdo que tenía por objeto, con el correspondiente reparto de papeles entre los integrantes de la organización así surgida, la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando", añade.

Los hechos incluidos se refieren, en primer lugar, a los contratos de mascarillas propiciados por Ábalos y García en beneficio de Aldama y de la empresa Soluciones de Gestión.

Pero también episodios de posible tráfico de influencias a favor de Air Europa y por gestiones con los Ministerios de María Jesús Montero y Reyes Maroto y la contratación en empresas públicas de Jessica Rodríguez y Claudia Montes, relacionadas con Ábalos.

En cuanto a los contratos de 8 millones de mascarillas con Puertos del Estado y de 5 millones con Adif a favor de Soluciones de Gestión, el instructor del Supremo señala que Aldama "pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia".

Ello le habría permitido articular una oferta para asegurarse los contratos. "Todo ello determinó la obtención por parte de Aldama de los beneficios generados (...) y los correspondientes rendimientos económicos que hizo llegar en compensación a Ábalos y García".

Rescate de Air Europa

Puente indica que Aldama promovió los intereses de la compañía Air Europa, a la que asesoraba, y que estaba pendiente de que el Gobierno aprobara su rescate a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial (SEPI) con 475 millones de euros.

El empresario consiguió que el Ministerio de Transportes publicara el 8 de agosto de 2020 una nota de prensa "mostrándose partidario del rescate y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública".

La nota, añade el juez, "tranquilizaba a los acreedores de Air Europa al transmitir a éstos que aquélla iba a obtener determinado respaldo financiero público".

A cambio, Aldama financió el disfrute gratuito por Ábalos de un chalet vacacional en Marbella del 12 al 23 de agosto de 2020 por 8.900 euros.

Con la intermediación de Aldama, Ábalos pudo influir, asimismo, para que se concertara una entrevista entre los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe del gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

Existen indicios de que Ábalos disfrutó de un chalé en la costa de Cádiz entre julio y noviembre de 2021 abonado por Have Got Time, empresa de Rivas.

Aldama también logró que Koldo García Izaguirre, "con el conocimiento y la aprobación de José Luis Ábalos", desplegara su influencia para que el empresario pudiera reunirse con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

La reunión tuvo por objeto el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, lo que, en efecto, se llevó a término.

Presunta malversación

Ábalos, por su parte, influyó para que Jessica Rodríguez, con la que mantenía una relación sentimental, fuera contratada en Ineco y después en Tragsatec sin que ella acudiera "ni un solo día" al trabajo "ni prestara tampoco en ellos actividad profesional de ninguna naturaleza".

Ello constituiría un delito de malversación de fondos, que el instructor atribuye a Ábalos y García.

El exministro y García promovieron también la "arbitraria contratación" de Claudia Montes en Logirail, "con quien mantenían alguna clase de relación personal previa, si bien la misma sí acudió regularmente a su puesto de trabajo".

Puente considera que, además del pago del chalé de Marbella, hay indicios de que Aldama entregó abonos en metálico mensuales de 10.000 euros a García al menos desde octubre de 2019.

También pagó el piso de lujo para Jessica Rodríguez de marzo de 2019 a marzo de 2022, por un importe mensual de 2.700 euros.