El sector progresista mantiene la elección parlamentaria del CGPJ y plantea que las Cortes evalúen a los vocales judiciales

El pleno del CGPJ tiene previsto pronunciarse hoy sobre el encargo de presentar a las Cortes y al Gobierno una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales que "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos". Ésa fue la fórmula pactada por el Gobierno y el PP para desbloquear el pasado agosto la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El documento que apruebe el CGPJ tiene que reunir, como mínimo, 13 votos para prosperar. Ninguno de los dos sectores, con 10 vocales cada uno, tiene esos tres quintos.

Ante la incompatibilidad radical de las propuestas, fuentes del CGPJ adelantan que se puede aprobar un texto común relativo a la descripción de los modelos de consejos judiciales de nuestro entorno y después bifurcar las propuestas respecto a la reforma del modelo español, que es la cuestión medular. Sobre ella, el único acuerdo es que no hay acuerdo.

De esta manera, al Parlamento y al Gobierno llegarán las dos opciones: la del sector conservador, que plantea devolver a los jueces la elección directa de los 12 vocales que deben proceder de la carrera, y la del sector progresista, que aboga por mantener la actual fórmula de designación parlamentaria para los 20 consejeros (los 12 jueces y los ocho juristas).

La propuesta

La propuesta del grupo progresista, conocida por EL ESPAÑOL, coincide con la que viene defendiendo el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Más aún, incrementa la intervención parlamentaria al prever que los 36 candidatos a las vocalías judiciales tengan que comparecer en el Parlamento para exponer su curriculum y su proyecto de actuación, lo que ahora no sucede.

Salvo ese aspecto, el planteamiento de este sector tiene pocas modificaciones de calado respecto al moderlo vigente. No contiene ninguna medida para evitar bloqueos en las futuras renovaciones del CGPJ, como pidió la sala de Gobierno del Tribunal Supremo y que sí figuran en la propuesta de los conservadores.

El documento suscrito por los vocales Ángel Arozamena, Lucía Avilés, Ricardo Bodas, Esther Erice, Inés Herreros, Bernardo Fernández, José María Fernandez Seijo, Luis Martín Contreras, Carlos Hugo Preciado y Argelia Queralt sostiene que la Unión Europea "no existe un modelo europeo de gobierno judicial, y, por tanto, tampoco de consejo judicial", sino que "conviven diferentes sistemas".

También remarca que ni los tribunales ni los organismos europeos ponen en duda la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces y magistrados españoles. "Tampoco, por cierto, de los miembros del Consejo", matiza.

A su juicio, el concepto "mejores estándares europeos" resulta "desconcertante" porque "es difícil hablar de mejores o peores estándares cuando estándar es algo que debe poderse aplicar por igual".

Considera, además, que los estándares deben provenir de normas y decisiones vinculantes. "El resto, sin relativizar su valor, son otra cosa: recomendaciones, guías de buenas prácticas, elementos de cooperación, etc. pero no puede denominarse estándares desde el punto de vista jurídico", sostiene.

Los vocales del sector progresista afirman que el CGPJ es un órgano constitucional "con funciones de carácter político y administrativo (político si, partidista no), que no forma parte del Poder Judicial, esto es, no ejerce jurisdicción" y su función es garantizar el principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

"Al ser un el órgano constitucional de gobierno de un poder del Estado se entiende que la elección de sus miembros sea hecha con la participación de las Cortes Generales, participación que hace efectivo el principio democrático y representa el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial", exponen.

A su parecer, la "participación directa" de la carrera judicial en la elección de los miembros del Consejo "no significa que los jueces elijan a los [vocales] jueces".

Señalan que las reformas legales que dieron lugar a los mandatos VI, VII y VIII del CGPJ "han garantizado la participación de la carrera judicial en la elección de los vocales de origen judicial, bien mediante un sistema de avales mínimo, bien por medio de la propuesta de las asociaciones judiciales, propuesta que se realiza después de un sistema de votación directa de los asociados, votación que permite que un número de candidatos, los que han recibido mayor número de votos, puedan ser propuestos por las asociaciones al Congreso y al Senado. Por lo tanto, el actual mandato del CGPJ ha contado con la participación de la carrera judicial en la designa de los candidatos".

"No se garantiza necesariamente la independencia judicial si los jueces eligen a los vocales jueces; es más, esto refuerza el corporativismo", defienden.

El Consejo General de Poder Judicial "es un órgano constitucional en que debe quedar plasmado la pluralidad social y judicial". "La pluralidad judicial queda representada a través de los vocales judiciales; sin embargo, la pluralidad social es más extensa y necesita de la participación del Parlamento para quedar plasmada en su composición, sostienen.

36 candidatos 

La propuesta del sector progresista tiene dos fases parecidas al modelo actual.

En la primera, el colegio de todos los jueces y magistrados votará a los candidatos al CGPJ. No serían elegibles aquellos electores que hubieran integrado en los cinco años anteriores el Gobierno de la Nación, el Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma, u ostentado la condición de diputado, senador, miembro del Parlamento Europeo o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma.

Se garantizará la presencia de todas las categorías de la carrera judicial en la siguiente proporción: 2 magistrados del Tribunal Supremo, 6 magistrados y 4 jueces.

Se propone una fórmula electoral mayoritaria con voto limitado, de forma que cada elector dispondrá de menor número de votos que candidatos a elegir: podrán votar a un mínimo de 6 candidatos y un máximo de 8.

La votación se articularía mediante una de las dos siguientes modalidades: o mediante una lista abierta, de forma que cada elector marque con su voto a los candidatos de entre las candidaturas individuales y de las asociaciones judiciales presentadas, o emitiendo su voto por categorías de la carrera judicial, de modo que dispondría de un voto para elegir magistrados del Tribunal Supremo, 4 votos para elegir magistrados y 2 votos para jueces.

Efectuado el escrutinio, la Junta Electoral confeccionará una candidatura conteniendo los 6 magistrados del Tribunal Supremo, los 24 magistrados y los 12 jueces más votados.

Esos 36 nombres "se elevarán" (sic) al Congreso y al Senado para que cada Cámara elija a seis miembros del nuevo CGPJ.

"Para ello, se llevará a cabo la comparecencia de cada candidato en audiencia pública, en la que expondrá su CV y un programa de actuación en el seno del Consejo", sostienen.

El Congreso y el Senado "deberán respetar en su elección el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres y deberán mantener un equilibrio entre las diferentes asociaciones, evitando exclusiones y sobrerrepresentaciones, y las candidaturas de personas no asociadas".

Asimismo, "se tendrá en cuenta la pluralidad territorial".