Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto.

Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. UCM

Tribunales CASO BEGOÑA

La Complutense cifra en 113.000 euros lo que gastó en el 'software' que el juez investiga si Begoña Gómez se quedó

La universidad comunica al juez dicha cantidad, que se deriva de los costes del personal, así como del dinero público invertido por la UCM en el proyecto.

Más información: La UCM ejercerá "acciones civiles" contra Begoña Gómez por el "perjuicio" que sufrió con la "apropiación" del 'software'

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Las claves

La Universidad Complutense de Madrid cifra en 113.509 euros el gasto en el software que investiga el juez si fue apropiado por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

El software estaba destinado a pymes y evaluaba parámetros de sostenibilidad e igualdad, llegando a ofrecer diplomas a empresas que cumplían ciertos objetivos.

Tras su desarrollo, una herramienta similar fue ofrecida gratuitamente en una web propiedad de Begoña Gómez, con un nombre similar al de la cátedra universitaria.

La UCM ha anunciado que emprenderá acciones civiles para la reparación del daño, mientras que la investigación judicial también abarca delitos como malversación y tráfico de influencias.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) cifra en 113.509 euros la cantidad que gastó en el desarrollo del software que el juez Juan Carlos Peinado investiga si se apropió Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Así lo ha comunicado la UCM al magistrado en un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que cuantifica este supuesto "perjuicio", de cara a las hipotéticas "acciones civiles" que la Complutense pretende emprender contra la mujer del presidente del Gobierno.

La universidad detalla que esa cifra se deriva de los costes del personal técnico "que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación del software", así como de las "cantidades de dinero público" empleadas para tal fin.

Por ejemplo, la UCM pagó un total de más de 78.000 euros, en dos contratos, a Deloitte Consulting SLU por su labor para el desarrollo de esta herramienta digital, adscrita a la cátedra que Begoña Gómez co-dirigió hasta 2024.

La universidad también licitó otros contratos, de menor cuantía. Todos ellos, sumados al coste del personal técnico, que alcanza casi 5.000 euros, arrojan la cifra de 113.509 euros.

El mencionado software estaba dirigido a pequeñas y medianas empresas (pymes), cuyo funcionamiento analizaba según parámetros de sostenibilidad medioambiental y de igualdad. Incluso, proporcionaba diplomas si las compañías cumplían los objetivos marcados.

No obstante, tras su desarrollo, una herramienta muy similar acabó siendo ofrecida —eso sí, de forma gratuita— en una web propiedad de Begoña Gómez (transformatsc.org), con un nombre muy similar al de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

Por ello, la asociación Hazte Oír presentó una querella contra la esposa de Sánchez acusándola del delito de apropiación indebida, uno de los cinco por los que Peinado la investiga.

De hecho, la UCM comunica al juez la cifra de 113.509 de cara a determinar la hipotética responsabilidad civil que se derive del juicio contra Gómez, si éste se celebra y si la esposa de Sánchez acaba siendo condenada.

"Apropiación" del 'software'

Como ya informó EL ESPAÑOL en octubre de 2025, la Universidad Complutense de Madrid considera que sufrió un "perjuicio económico" con la supuesta apropiación indebida de un software por parte de Begoña Gómez.

Por ello, ya comunicó al juez Peinado que ejercerá las "acciones civiles" oportunas para la "reparación del daño".

Esto es, no ejercerá la acción penal; no solicitará penas de prisión para Gómez. Pero sí una posible indemnización por el "perjuicio" que asegura haber sufrido con este asunto.

No obstante, las acciones civiles no sólo se circunscriben a una compensación económica; existen de otro tipo de peticiones resarcitorias, como la restitución de un derecho de propiedad.

Si Gómez acaba siendo juzgada, será enjuiciada por un jurado popular. Es decir, nueve ciudadanos legos en Derecho decidirán sobre su culpabilidad.

Además de por apropiación indebida, Peinado la investiga por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados e intrusismo profesional.