La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros. Europa Press
Por qué el Gobierno prioriza como "agente de igualdad" a 40.925 aspirantes: no tendrán que presentar título específico
El anteproyecto incluye una disposición por la que personas con títulos en "estudios de género" podrán ser habilitadas para ejercer esta función.
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El anteproyecto de ley del Ministerio de Igualdad que regula la figura del "agente de igualdad" permitirá que hasta 40.925 personas puedan acreditarse como tal sin necesidad de cursar el nuevo título específico que la propia norma crea u otros relacionados con igualdad.
Así lo reconoce el propio Gobierno en la memoria de impacto normativo del texto, que cuantifica por primera vez el alcance real del régimen transitorio previsto en la ley.
La norma, tal y como publicó este diario, está en trámite de consulta pública y busca regular la profesión del "agente de igualdad" para darle una mayor profesionalización y relevancia para mejorar la igualdad en el entorno laboral.
De momento, crea un atajo para habilitar a titulados en estudios de género y feministas (pues la carrera todavía no existe) como agentes de igualdad y, de esta forma, unificar criterios a nivel nacional.
De cara al futuro, el Gobierno plantea que se cree esa carrera específica y, así, culminar su proyecto para profesionalizar la figura del agente de igualdad.
Este itinerario final ancla la profesión en el ámbito universitario y le reserva funciones clave: asesoramiento externo en planes de igualdad —incluidas las auditorías retributivas—, formación especializada en igualdad salarial, diseño de protocolos frente al acoso, asistencia técnica a administraciones públicas y coordinación del personal técnico en promoción de igualdad de género.
Sin embargo, el propio anteproyecto introduce una excepción de gran alcance. Existe una disposición transitoria por la que personas sin esos títulos en estudios de género podrán ser habilitadas como agentes de igualdad.
Para ello bastará con acreditar tres años de experiencia continuada o cinco discontinuos en funciones propias de la profesión y contar con una titulación superior, ya sea universitaria —aunque no esté vinculada a estudios de género— o de Formación Profesional de grado superior.
El detalle del procedimiento se remite a una futura orden del Ministerio de Igualdad y serán las comunidades autónomas las encargadas de examinar las solicitudes y conceder las habilitaciones.
Hasta que ese desarrollo se produzca, y durante todo el periodo transitorio, quienes ya ejercen como agentes de igualdad podrán seguir desempeñando las actividades reservadas en las mismas condiciones que antes de la entrada en vigor de la ley.
40.925 'expertos'
La cifra de cuántas personas que actualmente están trabajando en aspectos relacionados (al 100% o no) con esta área aparece en la memoria de impacto normativo.
Allí, el Gobierno calcula las cargas administrativas del proceso de acreditación transitoria y, para ello, define una población potencial de 40.925 profesionales susceptibles de acogerse a esta vía.
En ese cálculo se incluyen, entre otros colectivos, las personas contratadas como agentes de igualdad, según datos del SEPE; tituladas en posgrados de estudios de género y perfiles afines; promotoras y promotores de igualdad con FP de grado superior; graduados sociales y profesionales de relaciones laborales...
Hasta ahí, todo normal, pues son profesionales con una formación específica para los que (ya de origen) se habilitaba esa opción. Pero hay más.
También abre la puerta a encargados de recursos humanos o prevención de riesgos que ya asesoran a empresas en materia de igualdad retributiva y protocolos de acoso; personas vinculadas a consultoras de igualdad y asociaciones profesionales; y perfiles sindicales que han participado como asesoría externa en planes de igualdad registrados oficialmente.
La memoria asume que todos ellos podrían intentar acreditarse durante el periodo transitorio aunque muchos de estos perfiles no tienen por qué haber estado 100% vinculados a políticas de género durante su experiencia laboral.
Lo llamativo es que, si el Gobierno quiere actualizar y profesionalizar la figura del agente de igualdad, como insistió la ministra Ana Redondo, se abra tanto la mano a dar el título a personas que no se dedican al 100 % a ello. Ejemplo de ello son delegados sindicales de un comité de empresa que han elaborado el Plan de Igualdad de la misma sin mayor formación específica.
Acreditaciones masivas
El impacto administrativo y económico del proceso se considera "reducido", aunque el decreto obvia los problemas derivados de las acreditaciones masivas.
La guía metodológica aplicada por el Gobierno fija un coste estándar de 25 euros por persona: cinco euros por la presentación electrónica de la solicitud y 20 euros por la conservación de la documentación acreditativa.
Durante el periodo transitorio, todos podrán ejercer las funciones reservadas al nuevo agente de igualdad con las mismas condiciones que quienes accedan por la vía universitaria específica, aunque no cuenten con el título que la ley exigirá como regla general.
Lo que el Gobierno no concreta es el coste que tiene para la Administración hacer todas esas acreditaciones. Hay que recordar que en profesiones donde hacen falta más efectivos, como medicina, las acreditaciones están siendo un cuello de botella que lleva años causando retrasos.
Desde el Ministerio de Universidades alegan falta de personal para poder agilizar las acreditaciones.
