Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio

Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio

Política

Antonia Alcázar, hermana de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, será juzgada por prevaricación urbanística

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el miércoles el juicio contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio.

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Las claves

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Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio y hermana de la secretaria de Zapatero, será juzgada por prevaricación urbanística y ambiental.

La Fiscalía acusa a Alcázar y a otros funcionarios de omitir sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y protección ambiental desde al menos 2019.

Los acusados no actuaron frente a denuncias vecinales por molestias provocadas por el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, que incumplía horarios y carecía de autorización para eventos exteriores.

La Fiscalía solicita para los acusados tres años de prisión, multa y 12 años de inhabilitación para cargos relacionados con urbanismo y medio ambiente.

Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio y hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno imputada en el caso Zapatero, será juzgada este miércoles por prevaricación urbanística y ambiental.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al menos a 2019 y afectan a la alcaldesa, al técnico de urbanismo y a dos concejales, de Medio Ambiente y Urbanismo.

El Ministerio Público sostiene que los acusados "omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos".

Presuntamente, los funcionarios no actuaron durante años frente a las molestias denuncias por vecinos derivadas de la actividad del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

El local disponía de licencia para actividad, concedida en 2006, pero carecía de autorización para desarrollar eventos en zonas exteriores, por lo que habría incumplido de forma reiterada los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica.

Por ello, la Fiscalía pide para los acusados tres años de prisión y una multa de veinte meses con una cuota diaria de 15 euros y la inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales durante 12 años.

No es la primera vez que Antonia Alcázar acaba en los tribunales. Ya estuvo investigada en otra causa instruida, precisamente, por el juez Calama por un presunto amaño de contratos públicos, aunque fue absuelta en 2024.