Félix Bolaños, ministro de Justicia, en los pasillos del Senado, antes de una sesión de control.
Bolaños insta al Supremo a resolver "lo antes posible" sobre la 'ley de nietos' porque "afecta al derecho a voto, lo más sagrado"
El ministro sostiene que el Gobierno "no está de acuerdo" con el auto, advierte de que genera confusión y reclama una sentencia de fondo.
Más información: El Supremo deja en suspenso la inscripción en el censo electoral de los acogidos a la 'ley de nietos' salvo que acrediten el exilio.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este martes al Tribunal Supremo (TS) que resuelva "lo antes posible" el fondo del litigio sobre el derecho de voto de los españoles acogidos a la llamada ley de nietos.
El ministro ha reclamado, esencialmente, que haya una decisión antes de los procesos electorales de 2027, al entender que la cuestión afecta a "lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto".
La petición llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal haya suspendido cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes hayan adquirido la nacionalidad al amparo de la instrucción interna del Ministerio de Justicia.
Esta orden, dictada por la entonces directora general Sofía Puente (hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente), manipuló la interpretación de la Ley de Memoria Democrática.
El Supremo exime de esta suspensión a quienes acrediten que sus progenitores o abuelos se exiliaron y renunciaron a la nacionalidad por razones políticas o ideológicas.
La medida se mantendrá, y ése es el motivo del pronunciamiento de Bolaños, hasta que el Supremo dicte sentencia sobre los recursos de Iustitia Europa y de Vox.
"No la compartimos"
El ministro ha afirmado, en declaraciones a los medios antes de la sesión de control al Gobierno en el Senado, que "la decisión del Supremo no la compartimos".
Y ha añadido que la posición del Ejecutivo coincide con adoptada por la Junta Electoral Central (JEC). Si bien no es del todo cierto, porque el pasado julio la JEC decidió por una mayoría de sus vocales declararse "no competente" para analizar cómo se estaba aplicando la instrucción de nacionalización, aunque la veía ilegal.
El ministro ha recalcado que se trata de medidas cautelares y que, por tanto, no son definitivas. No obstante, ha advertido de que el auto conocido supone, a su juicio, "suspender el derecho de voto a miles de españoles", por lo que ha calificado la decisión de "enorme trascendencia".
Por ello, ha solicitado "respetuosamente" al Supremo que priorice el asunto y se pronuncie sobre el fondo antes de las elecciones previstas en 2027.
A su juicio, una eventual privación del sufragio a miles de ciudadanos debe basarse en una resolución definitiva que exponga "todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura".
![La portavoz del PP, Ester Muñoz, este martes en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11229696.jpg?p=w:320\/h:240&h=sDuXbCyg"])
Bolaños ha precisado que el Gobierno aún no puede valorar en profundidad la fundamentación jurídica del auto, al no conocer su contenido íntegro.
Sin embargo, ha sostenido que la información disponible ya está generando "interpretaciones diversas" y "algún tipo de confusión", de modo que ha insistido en la necesidad de que el tribunal resuelva con rapidez.
El origen del conflicto
La controversia parte de la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que presumió "la condición de exiliados" a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, con la acreditación de dicha salida.
La Ley de Memoria aprobada por las Cortes Generales, en cambio, limita textualmente la nacionalización de descendientes al "exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o relacionadas con la orientación e identidad sexual".
Por otro lado, el ministro ha rechazado las campañas que pretenden cuestionar la limpieza de los resultados electorales incluso antes de que se celebren los comicios. Ha enmarcado esta práctica en una estrategia que, según ha dicho, es habitual "en la ultraderecha del mundo, no solo española".
Bolaños ha recordado que en las generales de 2023 ya se difundieron acusaciones sobre un supuesto efecto electoral favorable al PSOE de la llamada ley de nietos. Sin embargo, ha señalado que el recuento del voto CERA terminó provocando un cambio de escaño que perjudicó al PSOE y benefició al PP.
"Por tanto, no hagamos caso a los bulos, evitémoslos, porque obviamente nuestro sistema democrático es de los más garantistas del mundo", ha defendido.
Finalmente, ha reivindicado el carácter "absolutamente ejemplar" de las elecciones españolas y ha apostado por un consenso entre las fuerzas políticas para preservar la confianza en el sistema electoral.
