
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante la Junta Directiva Nacional del partido, en Madrid.
Feijóo avisa que si se ceden embajadas, Hacienda y fronteras "poco más quedaría por transferir que la Moncloa"
Fuentes de Junts confirman que "o se firma antes la cesión integral de las políticas de inmigración, o votaremos que Sánchez se someta a la cuestión de confianza".
Más información: Page: "Me duele que el PSOE rompa la igualdad con la financiación de Cataluña, y más aún siendo desde un chantaje".
El Partido Popular vuelve a alertarse con la capacidad de "cesión irresponsable" de Pedro Sánchez para "aguantar en el poder". Antes de que acabe febrero tiene que estar cerrado el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, y en el PP advierten de que "si Sánchez entrega las fronteras y la independencia fiscal, ya no estaríamos hablando de una autonomía privilegiada. Eso es un Estado".
¿Por qué antes de que acabe febrero?
Porque con el debate y la votación de la proposición no de ley (PNL) de Junts sobre la cuestión de confianza se cumple el plazo que compró el presidente la semana pasada. El martes se retrasó el Consejo de Ministros, mientras Félix Bolaños negociaba con Míriam Nogueras el troceo del decreto ómnibus, a cambio de tramitar la citada iniciativa.
Y fuentes del partido de Puigdemont confirman a este periódico que "es correcto decir que o se firma antes la cesión integral de las políticas de inmigración, o votaremos que Sánchez se someta a la cuestión de confianza". Y eso es tanto como oficializar que el Congreso se la ha retirado. Lo que sube (aún más) el precio de permanecer en Moncloa.
Por eso, Feijóo advertía este lunes, ante sus barones, en Madrid: "Poco más quedaría por transferir al independentismo que el Palacio de la Moncloa si, además de cederse la política exterior, por las embajadas, y la Hacienda con un cupo separatista, se cede también el control de fronteras".
Para los populares, el problema no está tanto en que el independentismo "pida el control de fronteras para impedir la entrada de los inmigrantes irregulares", sino que eso "acabe convirtiendo una Comunidad Autónoma en un Estado", porque "los Mossos pueden parar en esa frontera igual a un argelino, por ejemplo, que a un burgalés".
Y que todo eso está en riesgo de que ocurra "única y exclusivamente" para que Sánchez siga en el poder. "Pero no gobernando, sino ocupando la Moncloa, porque su Gobierno está partido en dos hasta en los temas más básicos y chantajeado cada día".
El origen de todo
Todo comenzó hace ahora un poco más de un año. Con otros decretos que el Gobierno había llevado a convalidar al Congreso, los primeros de la legislatura. Aquel 10 de enero de 2024, eran tres los textos legales que el partido de Puigdemont amenazó con tumbar hasta última hora.
Y para no sufrir una derrota estrepitosa desde el primer día, el PSOE aceptó dos condiciones a cambio de un gesto mínimo: Junts no participaría en la votación para facilitar la convalidación, y el Gobierno, por un lado, publicaría las llamadas balanzas fiscales -lo que hizo muy pronto, en marzo- y, por otro, cedería las competencias "integrales" de inmigración a Cataluña.
Ambas exigencias tenían la misma motivación: unas inminentes elecciones autonómicas en Cataluña.
Los datos para calcular las balanzas fiscales alimentarían el victimismo independentista en la campaña. Y el control de las fronteras sería un argumento de poder frente a Madrid, primero, y de poder real, después, cuando Puigdemont regresara, amnistiado y president, a Cataluña.
Pero sólo se cumplió lo primero: ni hubo amnistía ni Puigdemont gobierna. Porque el Tribunal Supremo no ve aplicable la ley de olvido penal a la malversación de la que está acusado el expresident y porque ERC (la izquierda separatista) eligió pactar con el PSC de Salvador Illa, y no con Junts (el separatismo de derechas).
Y tampoco ha habido traspaso de la inmigración.
El documento que firmaron aquel 10 de enero de 2024 socialistas e independentistas puso como fecha tope para el traspaso el 31 de diciembre.
Y como nada avanzaba, ante la negativa del ministro del Interior a cumplir lo pactado por Santos Cerdán en Ginebra, Puigdemont ordenó presentar la PNL de la cuestión de confianza, el pasado 9 de diciembre... que ahora ha maquillado, como consecuencia del pacto.
"Un poco de responsabilidad"
En estos meses "sin avance alguno", el expresident fugado ha acabado tan harto de los "incumplimientos integrales" de Sánchez que llegó a romper cualquier negociación con su Gobierno. Y eso se tradujo en la derrota del decreto ómnibus, el reciente 22 de enero.
En Moncloa nunca se quiso ceder la inmigración, por cuestiones jurídicas (es posiblemente inconstitucional y, sobre todo, exige muchos retoques de muchas leyes) y por cuestiones políticas (significa lo más cercano al troceo de la soberanía). Y por eso Fernando Grande-Marlaska tenía la orden de hacer ofertas a medias.
Tampoco se creyeron el órdago de Puigdemont, y acabaron perdieron la votación con gesto sorprendido. "Dijeron integral, cesión integral, y lo firmaron... así que integral o nada", explicaba a este diario un diputado de Junts.
Ahora sí, el Gobierno se ha puesto a trabajar: la semana pasada, Cerdán y Jordi Turull se reunieron en Madrid, y este fin de semana el ministro del Interior ha empezado a encontrarle solución a lo que era "imposible", "inviable" o "ilegal".
Pero para Alberto Núñez Feijóo es la misma idea de esa cesión de competencias la que es "inconstitucional". Y sobre todo, "irresponsable".
Le bastan al líder de la oposición, como ejemplo para probar su tesis, cuáles son esos tres obstáculos que eran insalvables y ahora se empiezan a remover: fronteras para los Mossos en lugar de Policía Nacional y Guardia Civil, entrega y gestión del registro de extranjeros, y capacidad de rechazo y expulsión.
"Pido, por favor, un mínimo de responsabilidad", clamaba este lunes Feijóo. "La seguridad nacional es algo muy serio. La seguridad nacional es justo lo que no se puede trocear".