El proceso de deslegitimación de las instituciones como fichas de dominó

De esa forma, casi el conjunto de las instituciones democráticas está empantanadas, enfrentadas, tensionadas y alejadas de las relaciones de respeto y colaboración que sería deseable.

En eso coinciden todos los partidos y quizás eso es lo único en lo que todos están de acuerdo, en un cruce de acusaciones de autoritarismo, golpe de Estado y similares que nunca se había conocido.

En la conmoción, no se atisban puertas de salida, ni formas de restañar el daño, porque hasta ahora casi todas las decisiones han tenido el efecto de causar más daño institucional que el que se quería evitar. Ni siquiera cura esas heridas unas elecciones planteadas en términos de plebiscito o confrontación entre el bloque de Gobierno y el bloque de la oposición, incluido lo que el Ejecutivo llama la “derecha mediática, política y judicial”. 

Sería una especie de pulso en las urnas entre poderes del Estado, manteniendo el intercambio dialéctico duro y sin institucionalidad y dotando de “poder casi absoluto” al ganador para imponer sus reformas.

La Constitución del 78 se basó en el consenso en su elaboración, en su aplicación y en sus previsiones y eso ha volado por los aires.

(El TC paraliza por primera vez una ley en trámite para proteger el derecho a debatir de la minoría)

Al menos, de inicio Gobierno, Senado y Congreso han mostrado voluntad de cumplir la resolución del Tribunal Constitucional aunque la rechacen, para no agravar la situación. 

Pero las graves heridas a la democracia provocadas por la falta de institucionalidad no serán fáciles de restañar en mucho tiempo, de la misma forma que cuando la pasta de dientes se saca del tubo es imposible volver a meterla. Así se deduce de la primera explicación de todas las partes, tras la decisión del Constitucional.

“Degradación de difícil retorno del sistema democrático”, ha dicho el presidente del Senado, Ander Gil, en su declaración institucional, para explicarlo, en coincidencia con el mensaje de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Y ambos encarnan a dos de las principales autoridades del Estado, las únicas que proceden de la voluntad directa de los electores.

Los dos responsables de las instituciones, apoyados de facto por la mayoría de las dos cámaras, han criticado con dureza al Tribunal Constitucional por considerar que violan la autonomía de las Cortes. Una situación insólita en la historia constitucional. También peligrosa porque ha arrastrado a todas las instituciones sin excepción y ahí radica la gravedad del momento.

“La ley no concede al Tribunal Constitucional esa facultad”, ha dicho con tono grave el ministro Félix Bolaños, como portavoz del Gobierno. Nada menos que el Ejecutivo acusa al Tribunal Constitucional de saltarse la ley para adoptar una decisión que no le corresponde, aunque acepte cumplirla.

“Llegaré hasta donde haga falta”, ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con escasa disposición a frenar la escalada.

Cronológicamente toda esta crisis se inició hace cuatro años por la negativa del PP a renovar instituciones básicas, empezando por el Consejo General del Poder Judicial.

Desde hace cuatro años, los dos líderes que ha tenido el PP, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, han ido dado diferentes excusas para no renovar las instituciones como correspondía. Han ido cambiando los argumentos y adaptándolos a los diferentes acontecimientos para no perder la mayoría conservadora que se mantiene desde que gobernaba Mariano Rajoy.

La mayoría del CGPJ se corresponde aún con los resultados electorales de hace 11 años, por esa negativa del PP a pactar la renovación.

El PP sólo aceptó una renovación parcial del Tribunal Constitucional hace casi un año y ahora, cuando correspondía otra renovación que cambiara la mayoría conservadora por una progresista, el PP se ha vuelto a negar a través del CGPJ que debía nombrar a dos magistrados.

Por eso, el Gobierno explica que cuando el PP habla de “asalto” de Pedro Sánchez al Constitucional o dice que se trata de controlarlo con Cándido Conde Pumpido de presidente está omitiendo que esa es la mayoría que corresponde y que la elección de presidente debe seguir las normas internas habituales de elección. Y lo que correspondería es que Conde Pumpido fuera presidente.

El PP ha dañado las instituciones con su decisión política. Ha causado más daño a las instituciones que beneficio político ha logrado, aunque sus bases y votantes apoyen que no haya pactos con Sánchez.

A partir de ahí, el Gobierno ha intentado hacer frente a ese bloqueo con al menos cuatro reformas legales en sólo un año.

La primera consistía en cambiar la mayoría necesaria para elegir vocales del CGPJ. Llegó a presentarla, pero Bruselas lo paró.

La segunda fue quitar competencias al CGPJ, especialmente las de nombramiento. Eso ha provocado un colapso notable en órganos judiciales por falta de renovación.

La tercera fue devolverle al CGPJ sólo la capacidad de nombrar magistrados del TC, con obligación de hacerlo antes del pasado 13 de septiembre. Los vocales del CGPJ han desoído esa norma y más de tres meses después no lo han nombrado.

La cuarta reforma legal que ha hecho el Gobierno para hacer frente al bloqueo ha sido la de rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para designar dos magistrados del TC, estableciendo un mecanismo de elección que no requiere quórum, eliminando el plácet que el TC debía dar a los propuestos por el Gobierno y estableciendo que no es necesario hacer a la vez la renovación del Tribunal que corresponde al Ejecutivo y la del Consejo.

Antes, Sánchez designó para el TC a su exministro de Justicia y una alto cargo de Moncloa y ambos esperan aún el plácet del TC. Tampoco esa elección parecía buscar precisamente preservar las instituciones y evitar que se degraden.

Esa cuarta reforma legal ya era discutida por su contenido pero, además, Moncloa decidió que en lugar de hacerlo con una proposición de ley del PSOE para que el trámite fuera más rápido o con un proyecto de ley del Gobierno que precisa de más tiempo con informes y doble vuelta en el Consejo de Ministros, lo haría por otra vía parlamentaria que reiteradamente ha rechazado el TC en sentencias.

El Gobierno incluyó la reforma de la ley del CGPJ en la proposición de ley que cambia el Código Penal para suavizar la malversación y eliminar el delito de sedición. Una decisión grosera, según el PP, de la que hasta los letrados del Congreso advirtieron. Pero el Gobierno siguió adelante con la vía parlamentaria que, según el TC, vulnera el derecho a la participación de los diputados.

(Sentencias del TC rechazan el trámite elegido por el Gobierno para modificar el funcionamiento del CGPJ)

Moncloa aplicó una solución errónea para intentar solucionar la situación creada por el PP, una fórmula legislativa que también termina por dañar más las instituciones. De hecho, lleva toda la legislatura utilizando fórmulas heterodoxas para aprobar normas.

A continuación, el PP recurrió en amparo la decisión de admitir esas enmiendas, pidiendo la suspensión cautelar de la votación. No se recurre aún el contenido de la reforma, pero sí la forma, es decir, la vía utilizada al admitir esas enmiendas.

No hay precedentes literales y lo más parecido fueron las suspensiones cautelares de plenos del Parlament durante el proceso independentista, alguna a iniciativa del PSC.

Ahora el TC ha accedido a la petición, lo que provoca también un daño institucional mayor que el que se quiere evitar. Frenar a las cámaras, las únicas instituciones elegidas directamente, son palabras mayores. Sostiene el PSOE que al TC le corresponde el control de las Cortes, pero a posteriori, sin interrumpir su labor.

Entre otras cosas porque las enmiendas ya no son tales, porque el Pleno del Congreso ya las incorporó al texto con 188 votos a favor. La proposición queda en un limbo sine die, al menos respecto a las dos enmiendas recurridas en amparo. El resto de la proposición de ley podría seguir el trámite para que se vote en el pleno del Senado, como estaba previsto.

(Moncloa prepara un 'plan b' por temor a que el Constitucional frene su reforma el lunes)

Podría el Gobierno, a través del PSOE, presentar una nueva proposición de ley similar, que ya no tendría el vicio de origen de la suspendida. Pero eso, a su vez, provocaría otro lío institucional porque el PP recurriría por entender que “se torea” la decisión del Constitucional. Esta vía forma parte del plan B en el que ha trabajado el Gobierno y permitiría aprobar una proposición de ley en 15 días, habilitando parte del mes de enero, como avanzó EL ESPAÑOL.

Todo hubiera sido aún peor si Gobierno, Congreso y Senado hubieran anunciado que incumplen la decisión del TC. Habrían añadido un nuevo daño a las instituciones, que se sumaría al que sucesivamente se ha ido causando desde que el PP bloqueó las renovaciones.