La España donde nadie responde por nada

En España se vulneran, de manera cotidiana, los derechos lingüísticos consagrados en la Constitución y ratificados por los tribunales, mientras las instituciones presumen de su desacato.

Tenemos hasta estructuras fundamentales del Estado que operan al margen de resoluciones firmes del mismo Tribunal Supremo.

No es que seamos una raza especialmente dada a la queja o a la exageración. En general, el español es estoico, senequista y católico (se conforma con poco).

Fachada principal del Congreso de los Diputados. Europa Press

Tampoco es que creamos, como el Ortega más acomplejado, que España es el problema y Europa la solución.

La realidad es bastante peor: los españoles acudimos directamente a Europa no porque sigamos siendo los entusiastas europeístas de los años noventa, sino porque en la propia España no hay nadie al teléfono.

El poder público nunca contesta; nunca se corrige; rara vez rinde cuentas.

Cuando lo hace, se adivina la displicencia de quien se considera autoridad antes que servidor público.

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Lo comprobé en primera persona durante mi etapa al frente de esa quijotada académica y patriótica que es el Foro de Profesores.

Escribir a las instituciones españolas para defender lo obvio era, sencillamente, perder el tiempo. Redactamos cartas, elaboramos informes de expertos, enviamos solicitudes formales firmadas por cientos y recibimos siempre como respuesta "el silencio de Dios".

No el silencio que invita a la íntima reflexión como ejercicio de esperanza y fe, sino el silencio de quien mira al ciudadano por encima de un hombro burocrático e insalvable.

Como mayor concesión, coincidiendo casi siempre con procesos electorales, se nos remitía alguna respuesta formalmente cordial alegando problemas crónicos e irresolubles de agenda; ni mañana, ni la semana, ni el mes, ni el año, ni el siglo que vienen: nunca.

Ni interlocución, ni responsabilidad, ni consecuencia.

Silencio.

Sólo el ruido lejano de una pesada maquinaria y una música de ascensor: "Su llamada es importante para nosotros".

En ese contexto, pasar directamente a Europa es un salto lógico. Nosotros mismos terminamos haciéndolo: las instituciones europeas siempre respondían, aunque fuera para remitirnos de vuelta a la soberanía española.

"Se acude a Bruselas como quien recurre desesperado a un último árbitro neutral, sabiendo ya a ciencia cierta que los partidos domésticos están amañados por el negreirato estructural de la política patria"

En alguna ocasión, los ayudantes de algún comisario llegaron a dejarnos entrever su simpatía por las causas propias de la "sociedad civil" que se le planteaban desde España. Lo hacían en ese cuidadoso lenguaje bruselense que a nada compromete pero sirve, al menos, para sentirte escuchado.

Hay alguien allá en Bélgica que sabe de tus plegarias.

Se acude, en fin, a Bruselas como quien recurre desesperado a un último árbitro neutral, sabiendo ya a ciencia cierta que los partidos domésticos están amañados por el negreirato estructural de la política patria.

¿Desde cuándo aceptamos que el poder, cuya legitimidad emana del ciudadano, se permita ignorar a los depositarios de su autoridad? En España, el problema de fondo no es tanto el abuso como la falta de consecuencias: desde el inspector de Hacienda que pierde un juicio en el Supremo pero no tiene que devolver el bonus que cobró por arruinar a un ciudadano, hasta el club de fútbol que paga al vicepresidente arbitral durante dos décadas y sigue compitiendo como si nada.

Nadie responde, nadie corrige, nadie paga.

Y dad las gracias, por cierto, a quien, siendo la mujer más poderosa de la historia, se rebaja a volver al pueblo a tratar con "cazurros".

María Jesús Montero. EP.

Si esa es la actitud del poder español, ¿cómo no vamos a ir a Europa?

En estas condiciones, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y ya no espera justicia. Se resigna, simplemente, a que le dejen vivir medio en paz, querencia natural del español.

En mi anterior artículo analizaba el estímulo de los incentivos perversos: expedientes, sanciones y castigos premiados van conformando un Estado punitivo que se ceba con el débil porque sabe que puede ignorar sus lamentos, por legítimos que sean.

Ese modelo se sostiene sobre la impunidad funcional de quien lo ejerce sin consecuencias, negándote el saludo y la palabra mientras te obliga a cumplir con "tus deberes".

En España, el poder ya aspira abiertamente a actuar sin controles efectivos. Europa funciona como válvula de escape, aunque nos recuerda, como aquellas campañas de Tráfico, que "no podemos conducir por ti".

No es que Europa sea más eficaz, más justa o más democrática: esa ilusión también se esfumó.

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Es que Europa, al menos, conserva las formas y usos que en España ya se obvian. Con Europa existe la posibilidad, por remota que sea, de que alguien escuche, examine y conteste, aunque sea para recordarnos que no pueden salvarnos de nosotros mismos.

Lo preocupante, entonces, no es que haya muchas quejas. Esto es, de hecho, esperanzador.

Lo peor es que somos un país que necesita acudir sistemáticamente a instancias exteriores para paliar y validar nuestras propias disfunciones.

Se trata de un problema que va más allá de lo político para adentrarse en lo cultural. La democracia no suele desaparecer de golpe, sino que se limita a desplazar progresivamente los mecanismos de poder hacia espacios donde ya no es necesario justificar, explicar ni rectificar.

El fin de la historia no era la democracia liberal, sino el lugar donde el decreto deja de ser excepción para convertirse en herramienta cotidiana; donde no hacen falta Presupuestos para gobernar a pierna suelta.

Donde uno puede, en definitiva, hacer de su capa un sayo sin rendir cuentas ante el ciudadano.

*** Carlos Conde Solares es profesor de Historia de España en la Universidad de Northumbria, Reino Unido.