Ciudadanos venezolanos huyendo de la dictadura de Maduro. REUTERS
El abrazo de Colombia a la diáspora venezolana
La autora analiza positivamente la decisión del gobierno colombiano de Iván Duque de regularizar a los ciudadanos venezolanos que huyen del régimen chavista.
El pasado 9 de febrero, Iván Duque, el presidente de Colombia, anunció la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en el país.
Esto significa la regularización, a través de un permiso de residencia y trabajo de diez años, de las personas que puedan demostrar su ingreso y permanencia regular o irregular en el país antes del 31 de enero de 2021, y también de aquellos que entren de forma regular durante los dos primeros años de vigencia del Estatuto.
La medida permitirá a esas personas trabajar formalmente, abrir cuentas bancarias y acceder a la salud y la educación, entre otros beneficios.
En Colombia, según los datos que proporciona Migración Colombia a diciembre de 2020, se encuentran más de 1.700.000 venezolanos. Esto supone que unas 40.000 personas ingresan cada mes en el país. Para contextualizar, se calcula que en todo 2020 entraron de forma irregular en España unas 41.000 personas.
La medida, calificada de histórica, ha recibido el elogioso aplauso internacional de personalidades como el alto representante de la Unión Europea, el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de los Estados Unidos.
Colombia ha apostado por las personas y su derecho a recibir protección, incluso por parte de terceros estados. Un avance cosmopolita valiente y valioso, y que contrasta con las medidas que han tomado países vecinos con un impacto menor del éxodo venezolano.
Ecuador y Perú, por ejemplo, han militarizado sus fronteras para controlar el flujo migratorio, y Chile ha recibido numerosas críticas por la reciente deportación de un centenar de venezolanos.
Sin embargo, el anuncio de la medida levantó críticas feroces por parte de algunos sectores de la oposición en Colombia. Se criticó su carácter electoralista, fundado en la errónea presunción de que la regularización permitía el acceso al voto a los inmigrantes.
De hecho, es difícil encajar el beneficio electoral para Duque, un presidente de derechas en un país donde hasta el 54% de los ciudadanos consultados declaran estar en contra de que el Gobierno acoja a los migrantes venezolanos.
Colombia tendrá elecciones presidenciales en 2022 y la administración Duque enfrenta graves críticas. Es cuestionada por su manejo de la pandemia, enfrenta una caída del PIB de casi el 7%, con el consiguiente efecto en el empleo y el aumento de la pobreza.
Duque no ha demostrado capacidad para frenar el asesinato de líderes sociales y ambientales, y ha puesto en funcionamiento de forma débil e incompleta el Acuerdo de Paz. Además, ha sido incapaz de construir una identidad propia desmarcándose del expresidente Álvaro Uribe, lo cual debilita su liderazgo.
Duque es cuestionado incluso por los sectores más liberales por romper la tradicional tendencia tecnocrática que ha marcado la designación de los encargados de los órganos de manejo económico y monetario del país. Un manejo ortodoxo y sólido que hacía que la estabilidad de la macroeconomía colombiana contrastara con la de su entorno regional.
Entonces… ¿por qué dio este paso el presidente colombiano? ¿Y por qué debería ser un ejemplo internacionalmente? Hay varias razones.
La primera es la propia gestión migratoria. Dado el flujo creciente de personas, el Gobierno necesita contar con información y control de su estancia en el país para poder adecuar la respuesta a la demanda de servicios sociales. Además, la migración venezolana es esencialmente joven y supone un aporte a la economía nacional, si puede enrolarse en el trabajo formal.
Asimismo, la regularización castiga a las mafias que se han lucrado del tráfico de personas al desincentivar la entrada por pasos ilegales y crear oportunidades laborales que evitan que los criminales se aprovechen de la situación desesperada de los inmigrantes. También los protege de la xenofobia, creciente aunque todavía controlada en el país.
Por otro lado, Duque lanza un mensaje sobre la cuestión política de Venezuela que, al igual que en España, es también una cuestión nacional. Condena al régimen a la vez que se muestra solidario con sus ciudadanos. Mucho se ha debatido sobre si esta misma postura habría tenido lugar frente a una dictadura de derechas. Probablemente, no habría tal contundencia. Sin embargo, eso no invalida el impacto positivo de la decisión.
Más aún, supone un acierto frente a una de sus principales opositoras, la alcaldesa de Bogotá. A pesar de su adscripción progresista, la regidora ha protagonizado una gran polémica por señalar a los venezolanos como parte del problema de inseguridad en la ciudad.
También hay razones internacionales. Recientemente, Duque recibió críticas por afirmar que no vacunaría a las personas que estuvieran de forma irregular en el país. Con el lanzamiento del Estatuto, acalla las críticas a la vez que convoca la ayuda internacional para afrontar esta tarea.
El gobierno de Duque le dice a los países y organismos comprometidos con la cuestión venezolana que Colombia cumple con creces sus deberes y debe ser apoyada. Además, apunta certeramente que la migración venezolana tiene que ser atendida como un fenómeno de largo plazo y que el apoyo internacional debe fijar, por tanto, un horizonte más amplio.
No se puede olvidar que otro de los grandes críticos del gobierno Duque es el expresidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. Con esta medida, el actual presidente muestra capacidad de liderazgo internacional en un asunto tan sensible como la migración y regionalmente tan complejo como la situación política de Venezuela.
Aún falta hacer operativa la medida y no perder todos sus beneficios en escabrosos requerimientos en letra pequeña. Para un país como Colombia, inmerso en sus propias dificultades, el desafío de asumir un cambio demográfico y social como la integración de la diáspora venezolana es un reto mayúsculo al que se suma el de afrontar su nuevo papel como país de tránsito y acogida de otras comunidades.
Sin embargo, este paso, digno de imitar, avanza por el buen camino.
*** Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.