El ex directivo de Mercasa, Pablo González, durante su detención.

El ex directivo de Mercasa, Pablo González, durante su detención. EFE

Tribunales Caso Mercasa

La Guardia Civil requiere a una consultora documentos con los que Pablo González pudo tapar irregularidades

El Consorcio contrató una investigación financiera interna para detectar sus debilidades internas cuando el juez De la Mata ya les estaba investigando.

Carlota Guindal Alejandro Requeijo Daniel Montero

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado a la Guardia Civil que requiera a FTI Consulting documentación sobre posibles irregularidades cometidas por Pablo González, hermano de Ignacio González, en Mercasa, empresa pública controlada por la SEPI de la que él era el director comercial.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, la Guardia Civil irrumpió el pasado lunes en la sede de la consultora para llevarse toda la documentación relativa al Consorcio de Mercasa después de que Pablo González reconociera en una de las grabaciones interceptadas en el marco de la Operación Lezo, que desde la empresa se había solicitado la realización de una investigación financiera interna, un “forensic”.

Según González, el objeto de llevar a cabo esa investigación era ocultar y manipular documentos requeridos por el Juzgado en el marco de la investigación que De la Mata tenía ya abierta por el pago de comisiones ilegales por parte de Mercasa en diversos países como Angola.

En la investigación de Lezo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, aparecieron de nuevo esas irregularidades de Mercasa, relatadas por el hermano del expresidente madrileño, y que se encuentra en prisión desde el pasado 21 de abril. Sin embargo, toda la parte sobre Mercasa que aparece en Lezo ha sido aportada a De la Mata en su investigación previa sobre esa empresa.

En el marco de esa investigación, el magistrado ordenó al Instituto Armado que se llevara toda la documentación de la que dispone la consultora respecto del consorcio para averiguar si lo afirmado por Pablo González en las grabaciones es cierto y si desde la empresa pública se ha podido destruir o alterar la documentación.

En el auto de orden de registro, al que ha tenido acceso este diario, De la Mata explica que el objeto de esta medida es investigar “la estrategia planeada y ejecutada por determinadas personas vinculadas al Consorcio, con la colaboración de comisionistas o intermediarios internacionales y locales, para obtener en otros países contratos con instituciones públicas”. Para ello, se les entregaría dinero, regalos o viajes a “altos funcionarios relacionados con su adjudicación y/o ejecución”.

Taveira, el talón de Aquiles

El principal objetivo de la investigación es la relación de Mercasa con Guillherme Taveira, un ciudadano portugués utilizado por Mercasa como intermediario para el pago de comisiones a funcionarios en Angola. Se encuentra prófugo de la Justicia desde que en 2014 la Audiencia Nacional emitió un orden de detención contra él. Sin embargo, el propio Pablo González reconocía en una de las grabaciones que a pesar de que oficialmente la empresa había roto relaciones con él seguía “cobrando bajo cuerda”.

Precisamente, el “forensic” encargado por Mercasa se centraba en las relaciones contractuales del consorcio con Taveira. “El objeto del informe es la revisión crítica y evaluación interna de la documentación aportada por el consorcio al Juzgado”, recuerda De la Mata en su resolución judicial.

La intención del consorcio con la contratación de ese informe era revisar la información que pudiera ayudar a acreditar la naturaleza comercial de los negocios llevados a cabo por la sociedad de Angola, y de la participación en los mismos de Taveira. Uno de sus objetivos del trabajo de la consultora ahora registrada era “buscar soluciones y estrategias para subsanar las debilidades e incidencias detectados”.

En las grabaciones de Lezo, Pablo González culpaba a otra directiva de Mercasa, María Jesús Prieto, de querer utilizar los datos de esa auditoría “para modificar las pruebas que apuntarían a la comisión de ilícitos creando nuevos documentos para establecer una apariencia de legalidad”, recoge la Guardia Civil en uno de sus informes.

En una conversación interceptada por los investigadores, González aseguraba que Prieto había firmado “una serie de contratos irregulares durante el periodo que ocupó la presidencia de la Sociedad (“…ella fue presidenta durante un periodo de tiempo, firmó una serie de contratos que son los que están en situación irregular…”) y que ahora está tratando de ocultar las posibles evidencias que la inculparían (“…esta "forensic", lo voy a corroborar mañana, lo está utilizando ella para reconstruir pruebas que pueden ir en su contra…”)”.