El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
El PP exige desbloquear la ley que reconoce a la Guardia Civil como profesión de riesgo: el PSOE la ha vetado 71 veces
La mayoría de PSOE y Sumar deberá retratarse tras el fallo del Constitucional contra las prórrogas indefinidas de enmiendas, mientras más de 130 normas siguen bloqueadas, "obstruyendo" el proceso legislativo.
Más información: El PSOE vuelve a vetar que los guardias civiles sean profesión de riesgo en plena polémica por la tragedia de Huelva.
El pleno del Congreso debatirá en las próximas semanas si asume o ignora la condena del Tribunal Constitucional al llamado "congelador" de Francina Armengol a leyes que no convienen al Gobierno en la Cámara Baja.
Lo hará a instancias del PP, que registraba el viernes 8 de mayo una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, para forzar un pronunciamiento político tras el fallo que censura la "prórroga sistemática" de los plazos de enmiendas.
La iniciativa llega apenas un mes después de que el TC diera amparo por unanimidad a los populares frente a la Mesa del Congreso. Los magistrados concluyeron que la cascada de ampliaciones de enmiendas al decreto de los fondos europeos, más de 70, "obstruyó el proceso legislativo" y vulneró el derecho de participación política.
Ahora, el grupo de Alberto Núñez Feijóo quiere que el PSOE se retrate en el Pleno sobre esa "reciente doctrina constitucional".
Y que lo haga justo cuando el foco político está puesto en otra ley atrapada en el congelador: un texto del PP, aprobado en el Senado, que declara profesión de riesgo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional... la última vez el pasado miércoles, sólo cinco días después de la muerte de dos agentes en un enfrentamiento contra una narcolancha frente a las costas de Huelva.
"Filibusterismo sanchista"
Fuentes del PP sostienen que "tanta acumulación de trampas democráticas del sanchismo, para huir de la falta de gestión, se le está acumulando al Gobierno en este final de legislatura". En su diagnóstico, el abuso de las prórrogas de enmiendas retrata a un Ejecutivo que prefiere bloquear debates incómodos antes que asumir más votaciones en contra en el hemiciclo.
Los populares recuerdan que la demanda de policías y guardias civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo es larguísima en el tiempo. No sólo por "reconocimiento", sino por "justicia", ya ese mismo estatus sí lo disfrutan las policías locales, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.
Y que el PSOE siempre la ha aparcado por "una cuestión de prioridades económicas", lo que demuestra la "gravedad" de la falta de Presupuestos desde 2023, que se ha vuelto ahora en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, atrapado políticamente por su "nula gestión", según esas mismas fuentes.
Los populares subrayan, además, que "ni siquiera este TC tan politizado de su lado" ha podido pasar por alto el "filibusterismo sanchista de larga data".
Recuerdan que la condena del Constitucional se refiere a una norma de 2020. Pero que hoy "siguen congeladas más de 130 iniciativas legislativas" mediante la misma técnica de ampliar enmiendas, semana tras semana, "con la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa".
En defensa del Estado de derecho
La PNL del PP busca precisamente conectar esa crítica general con un compromiso concreto de los socialistas en el Congreso con el Estado de derecho. El texto apela al artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos por sufragio universal.
Los populares advierten de que ese "derecho fundamental" sólo puede ejercerse si las dos cámaras de las Cortes, a las que el artículo 66 CE atribuye la "potestad legislativa del Estado", funcionan con normalidad, "y el Congreso respeta al Senado".
Por ello, denuncian que esa función se frustra cuando la Mesa "subvierte la finalidad" de la facultad de prorrogar el plazo de enmiendas y la usa "de manera mecánica y sistemática" para bloquear determinados proyectos y proposiciones.
Así, la iniciativa reclama que el Congreso "manifieste su compromiso con la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos".
Y añade un segundo punto en el que la Cámara se compromete a salvaguardar ese derecho "garantizando que la función legislativa de esta Cámara se ejerza con normalidad en cumplimiento de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional".
Guardias sin amparo
El registro de esta PNL se produjo prácticamente a la misma hora en que morían los guardias civiles Germán y Jerónimo en la lucha contra el narco, el pasado 8 de mayo, cuando su patrullera y otra embarcación del Instituto Armado chocaron entre sí frente a la playa de Matalascañas.
El accidente reabrió el debate sobre los medios materiales de la Guardia Civil y sobre la ausencia de un marco específico de protección como profesión de riesgo para sus agentes.
![Un agente de Policía Nacional y uno de la Guardia Civil conducen a un detenido en una operación antidroga.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/15\/espana\/politica\/1003744091650_260938736_320x180.jpg"])
El sábado, Feijóo ya tenía agendada previamente una reunión con la asociación Nuestro Corazón por Bandera, para incluir sus propuestas en el plan de Acción Urgente contra el crimen organizado que presentó Borja Sémper el lunes siguiente.
Entre las promesas, recuperar la unidad OCON-Sur, endurecer las penas y llevar los grandes procesos a la Audiencia Nacional. Y de momento, exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Al PP, pues, le pilló la tragedia haciendo los deberes. Mientras, el Gobierno y el PSOE no acertaron a reaccionar: al funeral de los dos guardias sólo acudió María Jesús Montero, candidata a la Junta, mientras ni el presidente del Gobierno ni el ministro del Interior se dejaron ver en la ceremonia.
El mismo lunes, en el debate electoral andaluz, Montero patinó calificando de manera insistente como un "accidente laboral" la muerte de los dos guardias. Una expresión que encendió la indignación de las asociaciones de la Guardia Civil y de la oposición, que reaccionaron abucheando a Marlaska en una jura de bandera el miércoles.
...el mismo día en que la Mesa del Congreso volvía a aplicar la técnica del "congelador" a la proposición de ley del PP para declarar profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional. En este caso por 71ª vez consecutiva, ya casi dos años de prórrogas, desde poco después del asesinato a otros dos guardias en Barbate.
Entonces, una narcolancha arrolló deliberadamente a una patrullera del Servicio Marítimo, lo que ya desató una oleada de protestas por la falta de medios y por la sensación de desamparo de los agentes en el Estrecho.
La incógnita es si ahora el Congreso hará suya la censura del TC tramitando en 15 días la ley del PP... y si esta otra iniciativa popular servirá de acicate para ello, o todo quedará en una refriega más por el control del relato en el final de la legislatura.
La votación obligará al PSOE y a sus socios a retratarse, y "descongelar" un Parlamento que acumula más de 130 leyes bloqueadas, algunas tan sensibles como la de la profesión de riesgo para la Guardia Civil. O no.
