Revuelta de empleados en Ciudadanos: pulso a la dirección para lograr el despido improcedente

Como decíamos en el primer episodio de esta serie, el descalabro político de Ciudadanos no ha llevado emparejada consigo una debacle económica. Todo lo contrario: quedan más de 6 millones de euros en las arcas de la formación. Todavía trabajan en torno a 50 personas en la sede de Alcalá, 253, en Madrid.

En torno a este colectivo –el de los empleados– se generan las situaciones más difíciles de resolver cuando los partidos se hunden. Pero en Ciudadanos, igual que ocurre con el Patrimonio, el problema sucede justo al revés. No es la empresa la que necesita despedir a sus trabajadores, sino los trabajadores –no todos, pero sí un grupo numeroso– quienes desean marcharse.

En esa tesitura se ha gestado una revuelta interna que la organización tratará de resolver en un desayuno el próximo martes. Así lo ha contrastado este periódico a través de los testimonios de varios empleados que no quieren revelar su nombre porque pronto van a tener que negociar sus salidas.

El problema es el siguiente: estos trabajadores quieren lograr el despido improcedente para cobrar "los 33 días y el finiquito". Alegan haberse sacrificado "mucho" durante "un montón de años".

"No hemos cobrado horas extra, que han sido muchísimas; hemos tenido el móvil encendido veinticuatro horas, les hemos dado buena parte de nuestra vida personal... Es una manera de reconocer nuestro trabajo. Sabemos que tienen dinero. ¿Por qué no hacer ese gesto?", resumen algunos de los entrevistados.

Parece un asunto jurídicamente claro, pero emocionalmente complejo. El argumento de que Ciudadanos ya no funciona como proyecto político no tiene dimensión legal. Es decir: la empresa posee dinero para seguir pagando a sus empleados. Además, el partido asegura que no se presenta a las elecciones generales, pero que sigue funcionando. De ahí que en la dirección, tal y como ha testado este diario, se muestren "tranquilos".

En los partidos políticos, como en los periódicos y las consultoras, se trabaja sin horarios. Prácticamente a demanda, mediante una estrecha vinculación con la actualidad. Aunque este grupo de trabajadores está formado por profesionales de distintos ámbitos, se les presume una querencia por la causa política que defienden.

Sin embargo, los empleados entrevistados arguyen: "No nos hablan de forma clara. Queremos saber qué va a pasar con nosotros. Esto es absurdo. Dicen que el proyecto sigue, pero muchos días, en la sede, no tenemos trabajo que hacer. No quieren echarnos, quieren empujarnos a que nos vayamos nosotros".

Acusan a la dirección de tratarles como a "militantes": "Nos dicen que hay partido, que lo vamos a volver a intentar, que el espacio electoral del centro-liberal existe... Pero seamos realistas. ¿Quién viene a trabajar motivado a un partido que acaba de anunciar que no se presenta a las elecciones?".

La situación dentro de la sede se ha enrarecido mucho. Dentro de estos cincuenta trabajadores existe un grupo de fieles que va a trabajar en el nuevo proyecto y que no comprende el sentir de sus compañeros. Y viceversa.

Tira y afloja

"Nos estamos amotinando. Es un tira y afloja desagradable", concluyen los descontentos. Ese tira y afloja entraña un clásico de las grandes empresas. Son esos casos en que la empresa busca razones para despedir procedentemente al empleado y el empleado exhibe suficiente esfuerzo laboral como para que, si lo despiden, sea improcedentemente.

El motín no es generalizado, pero el descontento es mayoritario. Porque unos están esperando pacientemente a negociar su situación y otros exhiben más nerviosismo. Entre estos 50 empleados, hay miembros de finanzas, de organización, de acción institucional, de comunicación...

Se presume incongruente que Ciudadanos, ahora que no se presenta a las generales, vaya a mantener tantos puestos abiertos. Basta con acudir a los datos de los últimos años. El descalabro electoral siempre era seguido por una drástica reducción del número de contratos.

En 2018, Ciudadanos contaba con 166 trabajadores. En 2020, tras el batacazo en las generales, la cifra cayó a 132. En 2021, pasó a ser de 90. Y después se fue laminando hasta los aproximadamente 50 de hoy.

En definitiva, el grupo de empleados que busca el finiquito concibe que la empresa está esperando a que se vayan para no tener que pagarles la indemnización: "Tarde o temprano nos van a tener que echar porque esto va a acabar siendo insostenible. ¿No merecemos acabar bien y que lo hagan ahora?". Su forma de echar el pulso pasa por mantenerse en sus puestos de trabajo.

Mientras tanto, fuentes autorizadas de la organización defienden su postura: "Esto es perfectamente rentable. No tenemos por qué echar a alguien que se quiere ir".