Sánchez aparca la Ley de Memoria por falta de apoyos y por la radicalidad que quiere imprimirle ERC

Pero después de su discurso de agradecimiento y de dar la primera pincelada pública del peso que iba a ostentar en el nuevo Ejecutivo, el flamante titular de la cartera de Presidencia, frenó por primera vez la norma. La ley no fue al siguiente Consejo del 13 de julio, como estaba previsto. "El ministro quiere estudiarla bien, si la va a defender", explicaron desde su entorno... eso hizo una semana más tarde.

Pero el texto ahora está guardado en un cajón: es inviable aprobarlo, porque el socio principal quiere introducir una enmienda radical e "imposible", según las fuentes socialistas consultadas. Y porque, a falta de los votos de ERC, no hay otra formación en el arco parlamentario que tenga el peso suficiente y crea en esa norma.

Esquerra exige algo "anticonstitucional", según un dirigente del PSOE, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Junto a los republicanos, está su socio parlamentario de EH-Bildu. Y es esa suma de 18 escaños la que ha encallado la norma en la Comisión Constitucional del Congreso sine die, después de que se agotara el periodo de enmiendas el 18 de noviembre.

Justo un día antes, los socios de la coalición de Gobierno habían tratado de salvar la tramitación. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, anunció la introducción de una enmienda pactada con el grupo liderado por Pablo Echenique que, de palabra, parecía abrir la puerta a dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía, en lo tocante a "los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura" que se cometieron durante el franquismo.

El guiño a sus aliados parlamentarios trataba de ser incluso mayor, porque alargaban el franquismo hasta 1982, el año en el que el socialista Felipe González llegó al Palacio de la Moncloa.

En concreto, el texto recogía que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Pero la triquiñuela no coló, al contrario. El subterfugio provocó un enfado mayúsculo de Gabriel Rufián, que acusó al PSOE y Unidas Podemos de "engañar a la gente". En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián subrayó que para ERC la memoria histórica es un asunto "nuclear" y que no aceptarían que desde el Gobierno se "venda humo" y se actúe con un "triunfalismo absurdo".

Mirar a Ciudadanos

Nada ha cambiado desde entonces, y fuentes del PSOE confirman a este diario que "no hay nada que hacer, mientras sigamos dependiendo de estos socios". De ahí que ya hayan sido varios los dirigentes socialistas que han sugerido a Pedro Sánchez que aproveche la actual polémica con la reforma laboral para mirar a Ciudadanos, y convertirlo "en un socio útily fiable". No sólo para este caso, sino para "más acuerdos en lo que queda de legislatura".

De hecho, no es sólo la Ley de Amnistía la que obstaculiza el acuerdo de PSOE con ERC. Aún queda todavía otra reclamación "fundamental" para los republicanos, que las víctimas del franquismo o sus descendientes reciban reparaciones económicas y patrimoniales.

Según el entorno de Rufián, las enmiendas registradas por PSOE y Unidas Podemos al texto legal son "contradictorias" sobre este punto. A su juicio, si bien plantean modificar el artículo que alude "de forma no muy clara" a esas reparaciones, pero sin especificar "ningún mecanismo" para aplicarlas, no tocan "ni una coma" del que entra en el meollo de esta cuestión. "O se equivocan o alguien está queriendo engañarnos a todos".

El PSOE, en todo caso, aún tiene esperanzas en poder sacar la ley del cajón. La posibilidad es la de un respaldo no previsto de inicio, el de Ciudadanos. Los liberales no creen en esa norma, por la "filosofía que la inspira".

Pero con algunos cambios, la aceptarían a cambio de una contrapartida sensible para PSOE y Unidas Podemos en la medida que necesitan a EH-Bildu en el día a día parlamentario. El partido que preside Inés Arrimadas pone como condición sine qua non que la norma incluya medidas en pro de las víctimas de ETA y contra sus verdugos.

En particular, según explicó Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso, el respaldo a la Memoria Democrática depende de que el Gobierno tome en consideración su Ley de Memoria, Dignidad y Reparación, que prohíbe los ongi etorris u homenajes a etarras, entre otros aspectos. Según Bal, la norma del Ejecutivo debiera llamarse "de memoria selectiva" porque "únicamente quiere acordarse de los muertos de hace 80 años".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, defiende los contactos con Cs y asegura que hablar con los liberales no implica "excluir" de la negociación a ERC. Aunque los republicanos no piensan lo mismo, y ya han advertido que con los naranjas no quieren saber nada.

Podemos, con ERC

Sus socios, Unidas Podemos, en este caso además, están más cerca de ERC y de Bildu. De hecho, es bandera de los morados forzar una interpretación de las leyes que permita juzgar a responsables franquistas de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, asegura que negoció "fuerte y duro" con el PSOE para sacar a los liberales de la ecuación y favorecer a las fuerzas que auparon al gobierno de coalición. Aunque él mismo trató de defender los acuerdos con el PSOE para introducir en la ley demandas del colectivo memorialista destinadas a "acabar con la oscuridad del franquismo" y a avanzar en los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición".

Pero Esquerra "no tragó", y la ley está abandonada hasta mejor momento... o un cambio de aliados.