Gobierno y PP avanzan en la renovación institucional pese al enfrentamiento de Sánchez y Casado por ETA

En ese bronco pleno parlamentario, como ocurre casi todos los miércoles, estaban junto a Sánchez y Casado sus dos lugartenientes: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Ambos, que eran de los primeros en abandonar el Hemiciclo, siguen coordinando las tareas para renovar los órganos institucionales salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esto es, el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Y las cosas van por buen camino. 

Bolaños y García Egea se abstraen estos días del rudio ambiente con motivo del décimo aniversario del fin de ETA y tras las palabras del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en las que ponía a los etarras aún en la cárcel en el "frontispicio" de sus reivindicaciones, según decía en una intervención ante militantes de la izquierda 'abertzale' en Eibar (Gipúzcoa) que adelantaba El Correo y que se producía el mismo lunes, horas después de su declaración solemne en el Palacio de Aiete en San Sebastián. Allí había asegurado, en referencia a las víctimas del terrorismo, que "sentimos su dolor y afirmamos que nunca debió haberse producido".

Félix Bolaños, este miércoles en el Congreso. EFE

"Relación fluida"

El hombre fuerte de La Moncloa y el número dos del PP mantienen la "relación fluida" abierta precisamente hace una semana, cuando Casado tendió la mano a Sánchez para acometer esas renovaciones aparcando momentáneamente al órgano de gobierno de los jueces. Sobre ese particular las posturas siguen muy alejadas, dado que el PP plantea que la renovación lleve aparejada una reforma de la ley del CGPJ para que doce de sus vocales sean elegidos por los propos jueces y no como ahora por el Congreso y el Senado. Algo que fuentes del Gobierno aseguran que no está entre sus planes. 

El acuerdo podría producirse este misma semana, según fuentes conocedoras de la negociación, dado que se están consensuando nombres para elegir a cuatro de los doce magistrados del TC, los que tienen ya el mandato caducado, al nuevo Defensor del Pueblo (el actual, el ex diputado socialista Francisco Fernández Marugán, ocupa el cargo interinamente desde 2017) y a los nuevos vocales del Tribunal de Cuentas. Casado ya ha manifestado en público que no sería lógico que entre los elegidos hubiera personas que han ocupado recientemente cargos públicos o políticos.

El argumento que el líder de los populares pone sobre la mesa ahora para estos nombramientos está en consonancia con el recurso del PP, y también de Vox, contra el nombramiento como Fiscal General del Estado de Dolores Delgado, tras haber sido ministra de Justicia del primer Gobierno Sánchez y también diputada del PSOE. Un recurso que el Tribunal Supremo ha desestimado esta misma semana.

Con el único antecedente de la renovación, a principios de este 2021, del Consejo de Radio Televisión Española (RTVE), el deshielo institucional entre Sánchez y Casado dará pronto frutos, pese a la tensión entre PSOE y PP por varias cuestiones. Entre ellas las discrepancias sobre el cese del terrorismo de ETA que se ponían crudamente de manifiesto entre ambos una década después de producirse.