Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki' escoltado por la Policía

Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki' escoltado por la Policía Ministerio del Interior

Política

La batalla de la familia del juez Lidón para que Txeroki sea juzgado por el asesinato del magistrado

Este pasado verano la familia del magistrado José María Lidón, asesinado por  ETA en 2001, se enteró por los periódicos de que Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, uno de los dos etarras al que acusan de haber apretado el gatillo, volvía a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional.

Encarcelado en Francia, el etarra había sido entregado a España para ser juzgado en julio por una de las múltiples causas derivadas de su sanguinario historial. Respondía ante el tribunal por el envío de un paquete bomba a la periodista Marisa Guerrero, de Antena 3, por el que fue condenado a 18 años de prisión.  Mientras, el crimen que tan directamente les  afectaba  seguía impune.

En ese suma y sigue de juicios y sentencias que acumula Txeroki tras su detención en el país vecino en 2008, cuando la policía lo consideraba máximo responsable del aparato militar de ETA, la viuda e hijos del  que fuera juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya y profesor de la Universidad de Deusto echan en falta aquél que les pueda ayudar a cerrar el capítulo de la trágica muerte  que los convirtió en víctimas del terrorismo.

Los tres han perseguido sin descanso ese objetivo desde que hace unos años consiguieran reactivar el caso y que se dictara una orden europea de detención  -antes de extradición- contra Garikoitz Aspiazu. ¿Por qué estaba en España ante un tribunal pero no comparecía por el asesinato del juez Lidón? Indagaron y, según su versión, se encontraron con que la solicitud no había sido tramitada, que nunca llegó a Francia. Así se lo comunicó su abogado tras las pesquisas realizadas en la Audiencia Nacional aunque  más tarde aseguran que se les ofreció una explicación diferente que trasladaba la culpa a la más lejana Justicia francesa.

16 años después no es urgente

No fue sólo esa “la gota que colmó el vaso” y acabó con el silencio que la familia Lidón ha roto esta semana, coincidiendo con el homenaje que año a año tributan los jueces vascos al compañero desaparecido. Lo que realmente ha exasperado a Marisa, Jordi e Íñigo es que la sala de la Audiencia Nacional que debe celebrar el juicio contra  el presunto verdugo no considerarse, más de 16 años después del asesinato y tras el problema surgido, que la nueva orden de detención se expidiese con carácter de urgencia.

El tiempo transcurrido ha hecho mella en la paciencia de los más pacientes y en las esperas pendientes del teléfono que trae noticias con cuentagotas sobre los avances en la investigación, su conclusión y la posibilidad de juicio. Unos meses más o menos han pasado a ser determinantes y las últimas expectativas de que Txeroki podría sentarse por fin en el banquillo en el primer semestre de 2019 no apaciguan el desencanto por el rechazo a atender el recurso de la familia reclamando una petición urgente. Una decepción que se asienta en el “tortuoso” camino recorrido a lo largo del proceso judicial iniciado en 2001.

Estas son las razones por las que la familia, que eligió como portavoz al hijo menor, sorprendió este miércoles a la cúpula judicial vasca, miembros del Gobierno de Urkullu y otros asistentes al acto celebrado en Bilbao con una denuncia en toda regla sobre la inacción de la Justicia y las vicisitudes por las que había atravesado su causa, sólo reactivada, dijeron, por el empeño  personal de quienes reclaman la justicia que les corresponde. Íñigo desgranó los hitos de una hiriente cronología, que ahora repite de forma más detallada para EL ESPAÑOL.

Además, el decimoséptimo aniversario de la fecha teñida de sangre en el calendario del País Vasco coincidió con la presentación de un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que abona la denuncia de los Lidón.  La organización concluye que 307 asesinatos de los 853 cometidos por la banda terrorista siguen aún sin resolver.

Una hora de búsqueda en Google

A José María Lidón lo asesinaron el 7 de noviembre de 2001 dos pistoleros de ETA en el garaje de su casa en Getxo (Vizcaya) cuando se disponía a salir al volante de su coche acompañado de su esposa. Tenía 50 años y sus hijos, 23 y 21. Tanto Íñigo, que había abandonado el domicilio minutos antes, como su madre fueron testigos del tiroteo y vieron el rostro de uno de los etarras que disparó y al que posteriormente reconocieron como Txeroki.

La investigación, acometida de forma conjunta por la Ertzaintza y la Policía  Nacional, se paralizó un año después con el hallazgo de una pistola empleada para asesinar al juez en el coche donde murieron dos etarras, Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga, al explotar la bomba que manipulaban. El accidente tuvo lugar en el barrio bilbaíno de Basurto en septiembre de 2002.

“Nos dijeron que los etarras no se cambian las armas y que si tenían la que asesinó a mi padre es que ellos eran los responsables del atentado. En principio nos pareció un argumento de peso, pero después vimos que había dudas sobre desde cuándo ese comando Vizcaya estaba activo y fechas que salían en los periódicos que no cuadraban. Había algo que no acababa de encajar y que impedía cerrar el círculo”, recuerda  Íñigo Lidón.

A lo largo de la siguiente década, la familia no recibió ninguna indicación sobre la instrucción y, preocupada por la posibilidad de que el caso pudiera prescribir -ocurre a los 20 años-, buscó la intermediación de antiguos compañeros del juez asesinado para contactar con el magistrado de la Audiencia Nacional que lo tenía asignado. Así se enteraron “en 2011 o 2012”, y de forma extraoficial, de que el juzgado daba por buena la versión de que los responsables habían fallecido en la explosión de Basurto y que sólo la aparición de nuevas pistas podría cambiar ese enfoque.

"Lo hemos tenido que hacer todo"

A partir de entonces la familia se movilizó para superar esa situación de enquistamiento. “Suena raro y estrambótico pero con una  simple búsqueda de una hora en Google, poniendo 'comando Vizcaya 2001', empezaron a salir nombres distintos a los que murieron en Basurto. Sentencias de la Audiencia Nacional contradecían la información que manejaba el juez porque demostraban que el comando activo en 2001 estaba identificado y era totalmente diferente al de 2002”, asegura el hijo del magistrado.

Según comprobaron, ni siquiera los detenidos habían sido interrogados sobre la autoría del crimen, a pesar de que en 2005 Orkatz Gallastegi fue condenado a 26 años de cárcel por haber pasado información sobre las costumbres del magistrado que sirvieron para ayudar a cometer el atentado.

La viuda e hijos de Lidón recurrieron otra vez a sus contactos en la Judicatura para seguir tirando del hilo. Lo hicieron a través de expertos en antiterrorismo de las Fuerzas de Seguridad del Estado que aportaron al juzgado nuevos informes que conducían a Garikoitz Aspiazu y a Asier Arzalluz Goñi, Sendoa, éste último ya preso en una cárcel española. “Si hubiera habido coordinación entre el juzgado y las Fuerzas de Seguridad no se hubieran perdido tantos años”, lamenta Íñigo Lidón. “Nos hemos sentido abandonados, lo hemos tenido que hacer todo nosotros. Nuestro caso se reabrió a partir de la investigación que hicimos, pidiendo favores para contactar con gente y sacarla adelante. No es la manera en la que tiene que funcionar un proceso”, añade.

El juez reactivó la causa y madre e hijo identificaron a Txeroki en una rueda de reconocimiento celebrada en 2016, durante una de las entregas del etarra a España. Concluida la instrucción, la sala de lo penal competente tenía que  gestionar una nueva requisitoria.

Sobre su tramitación difieren las versiones. La familia asegura que se consumieron otros dos años porque alguien cometió un error y no se envió, que no existe registro alguno, y que su abogado tuvo que emplearse a fondo para conocer el estado del caso, sin que incluso nadie se presentara a ofrecer explicaciones en dos reuniones previamente concertadas.

Explicaciones de la Audiencia Nacional

Desde la Audiencia Nacional insisten en que la orden se mandó en 2016 y que fue en Francia donde se traspapeló, por lo que enero de 2018 hubo que remitir un recordatorio para renovar la petición formal de entrega. Alegan que los tiempos del país vecino no son los que les gustaría y sospechan que el extravío pudo producirse ante los numerosos requerimientos de entrega contra Txeroki coincidentes en el tiempo y emitidos por distintas instancias judiciales. Rechazan que se haya desatendido a la familia y que existiera descoordinación con la Policía.

Ninguna de las dos partes quiere ahondar en la herida. La Audiencia, por entender el dolor y la exigencia de justicia de las víctimas. La familia Lidón porque sigue “confiando” en los valores que encarnaba su padre y en el magisterio que ejercía y porque su objetivo “no es buscar responsables, sino que se agilice al máximo el proceso y que un tribunal a la vista de las pruebas decida y dicte sentencia”. “Sea cual sea la acataremos, creemos en la Justicia. Lo que queremos es que se celebre el juicio para poder pasar página”, afirma Íñigo a EL ESPAÑOL.

Ésa ha sido la intención que le has guiado al hacer pública su denuncia sobre las deficiencias observadas. La familia del magistrado no pertenece a ninguna asociación de víctimas y rehúye generalizar, pero repara  en la necesidad de que se “sigan investigando” todos los crímenes de ETA y se ayude a los damnificados inmersos en el laberinto judicial. “Nosotros hemos tenido suerte porque a través de la profesión de mi padre hemos podido llegar a ámbitos nada fáciles y puede haber alguien en un caso similar que no tenga esa posibilidad”, concluye su portavoz.

Desde la Audiencia Nacional aguardan que Garikoitz Aspiazu comparezca este mes de  diciembre ante el tribunal de apelación de París y que la entrega pendiente se produzca inmediatamente después para que muy pronto afronte en España el juicio por el asesinato de Lidón. Con anterioridad a la vista celebrada este verano, Txeroki fue juzgado y absuelto en 2011 por el envío de un paquete bomba, y juzgado y condenado ese mismo año a 377 años de cárcel por el intento de asesinato perpetrado contra la edil socialista de Portugalete Esther Cabezudo, en el que además de la concejal sufrieron heridas otras 19 personas.