Maite Araluce, presidenta de la AVT, y Daniel Portero, líder de Dignidad y Justicia.
Las asociaciones de víctimas, indignadas por la libertad de 'Anboto': "No podemos apelar ni hacer nada, es un asco"
El presidente de la asociación Dignidad y Justicia denuncia que la salida de prisión de la exjefa de ETA supone "un tercer grado encubierto".
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La salida de prisión, por ahora de lunes a viernes, de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', ha desatado una ola de indignación en las asociaciones de víctimas del terrorismo, que, por la normativa vigente, no pueden apelar la medida.
"Es una manera encubierta de aplicar el tercer grado. Es un asco, se resume todo en un asco", explica a El Español el presidente de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero.
El activista por la memoria de las víctimas considera que la decisión constituye "un tercer grado encubierto" que "no depende ni del fiscal ni del juez", sino "de la administración penitenciaria".
"No podemos apelar nada", lamenta Portero.
La semilibertad de 'Anboto' se suma los 114 terceros grados a presos etarras determinados desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias, a finales de 2021.
De esa cifra, 20 han sido reiterados, después de que la Audiencia Nacional los revocara.
La socialista María Jesús San José asumió en junio de 2024 el cargo de consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en virtud del pacto entre el PNV y el PSE.
El caso de 'Anboto' ha levantado ampollas. La exjefa de ETA, que nunca ha mostrado arrepentimiento, ha cumplido solamente 15 años de cárcel en Francia y seis en España.
En total, fue condenada a 717 años de cárcel.
Entre otros casos, fue procesada por la Audiencia Nacional, junto a otros tres miembros de la cúpula de la banda, por ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997.
La mayor condena, 425 años de cárcel, se la impuso la Audiencia Nacional, como autora material del atentado fallido contra la Policía en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria, en mayo de 1985.
Por su parte, Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), coincide con Portero al considerar que el régimen de semilibertad de 'Anboto' constituye "un tercer grado encubierto".
"No son casos excepcionales, que van a trabajar o voluntariado como dijeron antes", asevera.
Araluce explica que se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario español, que permite una flexibilización excepcional del régimen penitenciario para reclusos en segundo grado.
"Con el 100.2 ni nos avisan ni podemos recurrir nada. Muchas veces nos enteramos por la prensa", explica.
Pero la indignación crece: "Nos hemos puesto en contacto con el Gobierno Vasco y nos han dicho que, efectivamente, no podemos hacer absolutamente nada más que aguantarnos".
La presidenta de la AVT no solo lamenta su libertad, sino el efecto directo. A partir del próximo lunes, las víctimas directas podrán "encontrársela por la calle".
