Image: Museo del Prado: el debate sobre la sucesión
Puerta de Cristina Iglesias. Al fondo, el Museo del Prado (2006)
Miguel Zugaza ha sido un gran director del Museo del Prado. Durante 15 años, nadie previó que habría que sustituirle. Ahora ha anunciado que se va y no hay un procedimiento claro y satisfactorio para su sucesión. Examinamos el marco legal y el contexto museístico europeo para conocer las posibilidades, de acuerdo con los principios irrenunciables, en democracia, de transparencia e igualdad de oportunidades.
“No antes de Reyes ni después de San Valentín”. Es el arco temporal en el que, según anunció a mediados de diciembre José Pedro Pérez-Llorca, convocará una reunión del Patronato que preside para abordar el relevo de Miguel Zugaza en la dirección del Museo del Prado. En esa reunión puede suceder cualquier cosa: no es imposible que salga de ella el nombre del nuevo director aunque es más plausible que se tome simplemente una decisión sobre el procedimiento a seguir para elegirlo. No parece que haya mucha prisa; Zugaza ha prometido que permanecerá al frente del museo hasta que haya sucesor, y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao -su destino inmediato- el actual director, Javier Viar (70 años), pospondrá su jubilación cuanto sea necesario, según mencionan diversos medios vascos. Hay tiempo para estudiar las alternativas y hacer las cosas bien. Es cuestión de voluntad política. ¿Cuáles son las opciones? Conozcamos el marco legal y algunos modelos de nuestro entorno europeo. El Museo del Prado tiene su propia Ley reguladora, aprobada en 2003, y se rige por un Estatuto que data de 2004. Nótese: anteriores ambos a la firma del Documento de buenas prácticas en enero de 2007, del que luego hablaré. El Real Decreto 433/2004, que contiene el Estatuto, no es nada claro en la descripción de la metodología para elegir director: “El director del Museo Nacional del Prado es nombrado y separado por real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, a iniciativa del Real Patronato en Pleno”. ¿A iniciativa? ¿Qué significa eso?¿Está libre de injerencias políticas?
No sabemos por ahora si habrá o no concurso pero sí parece que se confiará al Patronato la selección de candidato(s); un nombramiento directo desde el Ministerio sería hoy inaceptable. Pero ¿está libre de injerencias políticas? El Real Patronato del Museo del Prado es el órgano de gobierno que debería garantizar la considerable autonomía que la Ley concede a la institución. En la actualidad lo integran ¡37 miembros!, lo que lo hace poco operativo. Su presidente y su vicepresidente han de ser “elegidos por el Pleno para un mandato de cinco años de duración entre los vocales designados” (no los natos, que están allí en función de su cargo en Administraciones y organismos) los cuales son “personas de reconocida competencia en asuntos relacionados con el patrimonio histórico español o que se hayan distinguido por sus servicios a la cultura”, y particulares o representantes de instituciones/empresas, que realicen contribuciones al museo, incluidas las donaciones o aportaciones económicas.El actual presidente del Patronato fue “elegido” en octubre de 2012, después de que el ministro Wert hiciera publicar su nombramiento como vocal… un día antes. Méndez de Vigo es presidente del museo (una especie de tutor) y, además se sientan en el Patronato Fernando Benzo (Secretario de Estado de Cultura), Luis Lafuente (Director General de Bellas Artes), Juan Antonio Martínez Menéndez (Director General del Patrimonio del Estado) y los Secretarios de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos. El peso gubernamental no es desdeñable y, sin embargo, con tanto patrono, el factor político puede no ser determinante. La posibilidad de poner en marcha un procedimiento abierto y democrático para elegir director debería estar apoyada en el marco legal. Y se puede hacer. La Ley de 2013 dice que el director será nombrado a propuesta del ministro, “en los términos que fije el Estatuto”. Y los términos del Estatuto se pueden modificar: entre las competencias del Patronato está la de “Proponer al ministro de Educación, Cultura y Deporte, en su caso, la iniciación del procedimiento de modificación del estatuto”. ¿Por qué se pudo convocar concurso para el Museo Reina Sofía? Porque su Estatuto había sido modificado en 2007 con ese fin, como resultado de la aplicación del Plan de Modernización de las Instituciones Culturales de la Administración General del Estado (no lo busquen en Internet, porque no está; pueden leerlo en este enlace). Así se estableció: “El director artístico será designado por el ministro de Cultura previo un sistema de preselección que garantice la publicidad y concurrencia y que asegure la participación de los miembros del Real Patronato con el asesoramiento, en su caso, de un comité de expertos y profesionales del mundo de la cultura”. El “en su caso” desaparece en la modificación del Estatuto realizada en 2013, que añade que el ministro podrá elegir entre los preseleccionados por el comité.Un nombramiento directo desde el ministerio sería hoy inaceptable. Pero, ¿está libre de injerencias políticas?
Concurso para El Prado
Todo esto, como es sabido, fue una derivación del llamado Documento de Buenas Prácticas suscrito en enero de 2007 por la ministra Carmen Calvo y las asociaciones profesionales del sector del arte contemporáneo. Ese documento es esgrimido ahora por quienes solicitan un concurso para el Prado pero lo cierto es que no tiene entidad legal y que sería en todo caso aplicable a museos estatales de arte contemporáneo, es decir, al Reina Sofía. Lo puedo explicar con conocimiento de causa porque asistí, como miembro de la directiva del Instituto de Arte Contemporáneo, a todas las reuniones preparatorias en el Ministerio, y participé en la redacción. Antes de su firma, me dirigí a Carlos Alberdi, entonces director general de Cooperación (que aboga hoy por el no-concurso), para pedirle que el acuerdo se extendiera a todos los museos y me contestó que “desde el principio se dejó claro por parte del Ministerio que la conversación se refería a los museos y centros de arte contemporáneo. El resto de los museos estatales tienen una reglamentación que habrá que mejorar pero ni mi Dirección General, ni vuestras asociaciones son representativas para abordar la problemática del resto de los museos”. En julio de ese año hubo remodelación del Gobierno de Zapatero y César Antonio Molina fue nombrado ministro de Cultura, con José Jiménez como director general de Bellas Artes. Ambos han participado ahora en el debate mediático, pidiendo que se convoque concurso en el Prado, pero lo cierto es que no sentaron las bases legales para que pudiera hacerse cuando tuvieron el poder. El citado Plan de Modernización de Instituciones Culturales se redactó para el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y los archivos del Estado. Punto.El caso del Louvre
Quienes se oponen al concurso en el Prado alegan que existe una legislación que lo impide (ya hemos visto que no es un obstáculo insalvable) y que lo desaconseja su condición de institución cultural de referencia y de relevancia nacional e internacional. Bien, pues veamos cómo eligen sus directores los museos europeos comparables: las más importantes pinacotecas estatales de arte antiguo del continente, de las que no se podrá decir que pertenecen a otra esfera cultural o que cumplen otra función social.Empecemos por el más cercano, el Museo del Louvre, que ha seguido un procedimiento abierto pero no transparente, y muy politizado. La elección, en 2013, de Jean-Luc Martinez (que era su conservador jefe de antigüedades griegas, etruscas y romanas) la hizo el Presidente François Hollande, aunque hubo posibilidad de que se postulasen al cargo quienes lo desearan; lo hicieron cuatro conservadores del museo y cuatro candidatos externos (se publicaron los nombres de todos ellos). La ministra Aurélie Filippetti, tras consultas no reveladas, propuso al Presidente y al Primer Ministro dos nombres, razonando sus preferencias en una carta abierta. Hollande le pidió que añadiera un tercero a la lista de finalistas, que de nuevo defendieron sus proyectos ante su gabinete. El Consejo de Administración del museo (equivalente al Patronato) estuvo al margen.El gobierno italiano nombró de golpe directores para veinte museos, entre ellos los Uffizi