Joan Laporta durante una comparecencia pública

Joan Laporta durante una comparecencia pública Europa Press

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El Barça externalizará la investigación del 'Caso Negreira' para garantizar la máxima eficiencia

Los pagos realizados por la entidad azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros están siendo estudiados por la Fiscalía de Barcelona. 

17 febrero, 2023 16:15

Se suceden las horas y no dejan de aportarse nuevos detalles sobre el ya famoso 'Caso Negreira'. Tanto es así que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado ya el asunto asegurando que espera que la RFEF y LaLiga puedan llegar hasta el final de las investigaciones. Ahora, quien ha realizado una última actualización ha sido el FC Barcelona

La entidad que preside Joan Laporta ha decidido externalizar la investigación de los pagos que el club catalán habría realizado al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Un tráfico de capital que respondería, según ambas partes, a simple asesoramiento para el conocimiento del colectivo arbitral. 

Sin embargo, las elevadas cantidades que pasaron del club catalán hasta el exárbitro, por valor de millón y medio de euros entre los años 2016 y 2018 y que podrían llegar hasta los 7 'kilos' si se amplía el espacio temporal hasta el año 2001, han elevado las sospechas sobre la posible comisión de amaños deportivos. Algo que de confirmarse supondría un escándalo a nivel mundial sin parangón. 

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Ahora, tal y como ha informado la Agencia EFE, el Barça ha decidido externalizar la investigación del caso después de que el área de Compliance del club activara de forma inmediata el protocolo de estudio de la situación. El objetivo de la entidad catalana con esta medida es intentar garantizar la máxima eficacia del proceso así como mostrar la mayor transparencia posible en la gestión. 

Joan Laporta, en una comparecencia del FC Barcelona

Joan Laporta, en una comparecencia del FC Barcelona EFE

La junta directiva que preside Joan Laporta considera que avanzando la investigación fuera de los muros del club conseguirán ofrecer una mayor claridad y espantar las sombras que ahora mismo se ciernen sobre el Camp Nou. Esta decisión de externalizar la investigación del caso ha sido una de las diferentes actuaciones que ha puesto en marcha el Barça para intentar aclarar lo sucedido, aunque no ha sido la última. 

El Barça toma medidas

El FC Barcelona también ha puesto en marcha un proceso para preservar y conservar cualquier información que esté en posesión del propio club en referencia a la paralización de cualquier proceso ordinario de borrado de documentación por prescripción de deber de custodia de la misma. Los azulgranas siguen intentando abordar esta enorme crisis como buenamente pueden después de haber manifestado ya de manera pública su posición en varias ocasiones. 

El club emitió un comunicado oficial tras la salida a la luz de las primeras informaciones y poco después Joan Laporta también transmitió su parecer sobre lo sucedido. Ahora, la Fiscalía de Barcelona se encuentra investigando a la empresa DASNIL 95 SL, propiedad del exárbitro José María Enríquez Negreira y en la que también se encontraba su hijo Javier Enríquez Romero

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El antiguo colegiado fue además número dos del Comité Técnico de Árbitros desde el año 1994 hasta el 2018, siendo la mano derecha de Sánchez Arminio en el entramado arbitral que dirigía desde la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar. La investigación surgió a raíz de una inspección fiscal realizada sobre la compañía que poseía Enríquez Negreira.

Durante esa etapa, el Barça pagó a la citada empresa 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018 en concepto de asesoría arbitral. Es decir, por unos documentos de texto y de vídeo en los que se supone que se explicaba a los jugadores del FC Barcelona cómo eran los árbitros y cómo debían comportarse con ellos. Una información adelantada por el programa Que t'hi jugues de SER Cataluña.

Sin embargo, estos pagos nunca fueron justificados al igual que tampoco se demostró la prestación de este tipo de servicios, los cuales hubieran sido pagados muy por encima del precio que suelen tener este tipo de acuerdos. La Fiscalía de la Ciudad Condal estudia ahora la comisión de un presunto delito de corrupción entre particulares.