El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), que ha viajado hoy a Ceuta, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), a su llegada al Palacio de la Asamblea saluda al presidente de Ceuta, Juan José Vivas (i).
Las declaraciones de Pedro Sánchez denunciando un "ataque a la integridad de España" y culpando a las mafias mientras agradece a Marruecos su "cooperación", han encendido la indignación de los ceutíes y del resto de los españoles. La ciudadanía asiste atónita al colapso tras la entrada masiva de más de 50.000 inmigrantes, familias enteras y miles de menores, que sortearon por mar los espigones de Tarajal y Benzú. Una tragedia humanitaria inducida con falsas promesas que ha dejado al menos 90 muertos y obliga al Ejército a apelar a la contención e invitar al retorno. La alteración de la vida diaria en la ciudad es absoluta: la mayoría de los comercios permanecen cerrados ante un clima de tensión agravado por episodios de violencia y casos de okupación ilegal forzando puertas y ventanas frente a la mirada impotente de los vecinos.
Esta crisis desata severas críticas en todo el arco parlamentario y amenaza con ser la puntilla al sanchismo. Oposición (PP y Vox) y socios de Gobierno censuran la reacción tardía e ineficaz para proteger la frontera. Resulta inaceptable la actitud del ministro Grande-Marlaska: aunque sostuvo disponer de medios suficientes, reina un profundo escepticismo al constatar el desbordamiento. Esta inacción solapa las previas peticiones no atendidas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien llegó a solicitar la declaración de emergencia nacional ante la pasividad del Ministerio del Interior.
El caos se agrava tras la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de principios de julio, que prohíbe las devoluciones en caliente en cruces marítimos aplicando la Ley de Extranjería y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Exigir un análisis individualizado garantista en 72 horas resulta inviable en estas condiciones, generando un claro efecto de inducción. Este bloqueo, unido a la política de regularización masiva promovida por el Ejecutivo, acentúa el efecto llamada. Estas medidas irresponsables, adoptadas sin cálculo de consecuencias ni consenso social, derivan en una parálisis institucional que genera desconfianza al no garantizarse la procedencia ni posibles delitos de cientos de miles de regularizados.
En el trasfondo asoma un fracaso geopolítico que mantiene cautivo al Gobierno. Marruecos exhibe una evidente doble moral: mientras su embajadora, Karima Benyaich, apela a una migración ordenada, sus autoridades permitieron la avalancha en el 27º aniversario del rey Mohamed VI. Este uso de personas vulnerables muestra el malestar marroquí por medidas como la nacionalización de saharauis y prueba que renunciar a reivindicaciones históricas sobre el Sáhara no garantizó estabilidad, dejando a España débil entre Argelia y un Marruecos fortalecido por acuerdos con EEUU.
Las consecuencias traspasan fronteras, provocando un aislamiento internacional sin precedentes. Países como Italia —que soporta mayor presión en el Mediterráneo central— han cerrado el espacio Schengen marítimo y aéreo con España, respaldados por Dinamarca, Austria y Suecia. Una pérdida de confianza que motivó el reclamo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigiendo mayor control de fronteras exteriores, mientras Trump capitaliza el fracaso en la escena internacional.
Ante esta suma de despropósitos, el clamor que exige dimisiones ya choca contra un muro de soberbia donde nadie asume responsabilidades. Esta perpetuación evidencia una falta de ética política que se sostiene pese al fracaso fronterizo, el incumplimiento de promesas y los crecientes casos de corrupción en el entorno del Ejecutivo. Todo ello constata el ocaso de un Gobierno atrincherado que provoca el desgaste sistemático de las instituciones del Estado y de la separación de poderes.