Fotomontaje de una fotografía de Pedro Sánchez y Leire Díez, junto a fragmentos de las notas de la 'fontanera'.
Ver a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrando a la sede del PSOE en Ferraz no es ficción; es una imagen real que, tal vez, refleje un cercano final de ciclo del sanchismo. Tras el revés electoral sufrido en las cuatro últimas consultas autonómicas y con lo que estamos viendo a diario, resulta sorprendente que el Gobierno siga echando balones fuera, sin darse por aludido. Aunque las urnas generales aún no han hablado de forma definitiva, el hartazgo en la calle y el desplome en las encuestas privadas marcan el declive de una legislatura devorada por los escándalos y el desgaste institucional.
Para entender mejor la magnitud de este colapso, basta leer el reportaje "El rosco de la corrupción del PSOE llega a 100 nombres ... (de la A a la Z)" de José Ismael Martínez en EL ESPAÑOL. En él, documenta de forma minuciosa un auténtico "rosco de la corrupción" sanchista con 80 implicados, que puede ir aumentando. Un abecedario judicial que empieza con el exministro José Luis Ábalos (A) y termina en el histórico Gaspar Zarrías (Z). Todo saltó por los aires cuando descubrimos que, en plena pandemia, la trama del caso Koldo (K) se forraba con las mascarillas. Luego llegó el caso Fontanera (F), destapando el supuesto uso de dinero del partido para espiar a fiscales y frenar a la propia UCO. Y la lista sigue: desde el caso Plus Ultra y los contactos chavistas de Zapatero, hasta el cerco sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez (G), o el procesamiento de su hermano. Si a esto le sumamos los amaños en la SEPI, el millonario fraude de hidrocarburos o las mordidas del Tito Berni (T), el panorama es sencillamente demoledor.
Ante este aluvión, la respuesta de Moncloa ha sido recurrir al victimismo. En lugar de dar explicaciones transparentes, el Ejecutivo ha utilizado a su ministro más atizador y tuitero, Óscar Puente como ariete para lanzar una consigna clara, aplicada también por el resto de ministros lacayos y portavoces, arremetiendo contra el propio sistema, poniendo en duda el propio Estado de derecho, intentando tapar con ruido mediático lo que los jueces detallan en sus resoluciones, al culpar de todo a una cacería orquestada con "métodos no democráticos", para tumbar a un Gobierno en minoría, ya perdedor de las últimas elecciones y cuya subsistencia ha dependido de acuerdos con terceros, a derecha e izquierda, muy lejos de sus propios compromisos electorales y de los propios intereses de la mayoría. Es un relato oficial que choca de frente con la realidad de los sondeos privados independientes, mientras el CIS de José Félix Tezanos —pagado con los impuestos de todos— sigue fabricando encuestas a medida que, dadas las circunstancias, ya han perdido cualquier tipo de credibilidad.
Pero la profunda indignación ciudadana no nace solo de la corrupción económica. Viene también de un pacto de investidura y otros de legislatura que una gran mayoría de españoles considera inasumible. Para mantenerse en el poder a costa de lo que haga falta, cruzando todas las líneas rojas, entregando la gobernabilidad a partidos cuyo objetivo declarado es debilitar al Estado. Con Félix Bolaños (B) como arquitecto de estas cesiones, se borraron delitos del Código Penal para contentar a ERC (E), con Gabriel Rufián (R) pasando factura en el Congreso. La dependencia absoluta de Junts (J) nos ha dejado imágenes insólitas: Míriam Nogueras (N) lanzando ultimátums continuos y Carles Puigdemont (P) imponiendo, desde Waterloo, amnistías a la carta y mediadores internacionales para la verificación (V) de los acuerdos, además del ridículo al "escaparse", como prófugo que sigue siendo, en vivo y en directo, tras su última visita a Barcelona.
Toda esta estrategia ha sido justificada a diario por portavoces como Patxi López (L), sostenida por los equilibrios de Salvador Illa (I) en Cataluña y avalada en última instancia por un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido (C), siempre bajo la sombra de la parcialidad. Si a este cóctel le añadimos la normalización de Arnaldo Otegi (O) y su entorno, con liberaciones de asesinos múltiples, como socios clave, un ministro del Interior como Fernando Grande-Marlaska (M) sumido en crisis permanentes con las fuerzas de seguridad, y la irrelevancia política en la que ha caído Yolanda Díaz (D), el resultado es un Ejecutivo gobernando de espaldas a la realidad social.
A la espera de que el calendario fije por fin la cita con las elecciones generales, o una instrumental, derivada de una moción de censura imprescindible, con respaldo suficiente de quiénes se contradicen a diario, una cosa está clara: esta legislatura agoniza y su particular abecedario se ha quedado ya sin letras, debiendo dar paso a un nuevo "rosco" que pueda ilusionar a la ciudadanía.