Benjamin Netanyahu y Pedro Sánchez.
La reciente misiva de Pedro Sánchez a su militancia, envuelta en la retórica del "No a la guerra" con motivo del primer mes del conflicto en Irán, se percibe más como un ejercicio de equilibrismo defensivo que como una propuesta de paz real. Esta apelación al pacifismo responde a la urgencia de rearmar moralmente a un partido que ha sufrido retrocesos territoriales críticos en Castilla y León, Aragón y Extremadura, mientras fía ahora su supervivencia a la resistencia en Andalucía. Sin embargo, resulta paradójico invocar la concordia mientras se mantiene una estrategia de "guerracivilismo" sistémico que reactiva las heridas más amargas de nuestra historia, en lugar de sanarlas bajo el espíritu conciliador del socialismo democrático tradicional.
A esta estrategia se suma una flagrante contradicción en materia de libertad religiosa y coherencia institucional. Resulta revelador que el Ejecutivo eleve el tono contra Israel —denunciando supuestas restricciones de acceso a lugares santos en Jerusalén en pleno Domingo de Ramos— posicionándose como defensor de la fe fuera de nuestras fronteras, mientras en casa practica un vacío confesional selectivo. Como bien ha diseccionado Sergio Careaga en un brillante artículo para EL ESPAÑOL, el Gobierno ha orquestado un silenciamiento institucional del tiempo de Cuaresma, ignorando una tradición que vertebra la cultura de la mayoría de los españoles.
Esta asimetría ha encontrado una respuesta contundente en el plano internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en un sonado mensaje en la red social X, recordaba que Sánchez "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio", afeándole que ni siquiera tuviera a bien felicitar la Navidad a los ciudadanos españoles con la misma efusividad y naturalidad con la que celebra el inicio del Ramadán. Este doble rasero debilita la posición diplomática de España y proyecta una imagen de sectarismo que utiliza la religión solo como herramienta de confrontación geopolítica.
Esta falta de equilibrio se manifiesta también en una política de espacios aéreos errática. Mientras el Gobierno se envuelve en la bandera del humanitarismo, España ha procedido al cierre de su espacio aéreo para vuelos vinculados al Golfo Pérsico, una medida aplicada con una rigidez que ignora el propósito civil o comercial de los trayectos. Esta decisión no solo entorpece las conexiones y castiga la competitividad de nuestras aerolíneas en sus rutas hacia Asia —obligándolas a rodeos costosos en plena crisis energética—, sino que contrasta con la sumisión mostrada ante Marruecos en el conflicto del Sáhara, donde se ha abandonado el peso histórico de España.
Estas decisiones intentan, en última instancia, desviar la atención del complejo horizonte judicial que acecha al núcleo del poder. La bandera de la ética que ondea la carta choca frontalmente con la realidad del juicio por el caso Koldo, que apuntan directamente a la gestión de antiguos secretarios de organización. Es difícil proyectar una imagen de "paz" institucional cuando la sombra de la corrupción sigue sobre la estructura del partido. Al final, la misiva se revela como una maniobra para retener el apoyo de un radicalismo de izquierdas ya absorbido por el sanchismo, mientras se sacrifica la centralidad y el rigor que España necesita.