El presidente del Gobierno Pedro Sánchez
Las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Mariano Rajoy (2011-2018) y Pedro Sánchez (2018-presente) dibujan un escenario de equivocaciones prácticas y disparates ideológicos que culminan en la desconcertante zozobra actual.
Zapatero negó inicialmente la crisis financiera y económica de 2008 retrasando la adopción de medidas imprescindibles, consagrando así un desempleo persistente, y viéndose obligado a aplicar duros recortes como la reducción del sueldo de funcionarios y la congelación de pensiones. La deuda pública pasó del 40% del PIB en 2008 al 70%. La deuda por ciudadano pasó de 8.300€ en 2004 a 15.800€. La "política de diálogo y negociación" con la banda terrorista ETA resultó en el desgraciado blanqueamiento del terrorismo. La aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña generó tensiones territoriales innecesarias, sólo para ser declarada parcialmente inconstitucional años después.
Rajoy subió los impuestos (IVA, IRPF) a pesar de haber dicho que los bajaría. La deuda pública ya rozaba el 100% del PIB en 2018. La deuda por ciudadano pasó de 15.800€ a 22.800€. Los escándalos de corrupción desgastaron su imagen pública contribuyendo a degradar la imagen misma del político. Su estrategia basada en el silencio, la descoordinación y el desapego a los medios de comunicación malbarataron la gestión de la situación en Cataluña hasta llevarla al límite. Fue el primer jefe de Gobierno de la democracia española caído por inacción ante una moción de censura urdida torticeramente por la oposición.
Sánchez llega y permanece en el Gobierno sin haber ganado con rotundidad una sola elección, gracias a alianzas parlamentarias que él mismo descartaba de plano por insufribles tanto para él como para el país, generando fuertes tensiones sobre la unidad del mismo. La deuda pública varía entre el 120% y el 101% del PIB, incrementándose no obstante la deuda por ciudadano de 22.800€ a 34.200€. Cambia radical e inesperadamente de posición en temas clave sin razón aparente de interés nacional, como en política exterior, respecto a los indultos a los líderes del "procés", o la reforma legislativa de la sedición y la malversación. Adopta medidas draconianas de reclusión domiciliaria en situaciones de emergencia sanitaria -crisis del Covid- sin base científica ni consulta de inexistentes expertos, siendo éstas declaradas inconstitucionales por partida doble (!). Las presuntas implicaciones de su entorno personal y político en tramas de corrupción transforman definitivamente la acción política en un fangal esperpéntico. Genera con inconsciencia alarma social con sus iniciativas legislativas y gestoras respecto a agresores sexuales, inmigrantes y desastres tanto naturales como mecánicos. Es incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado y gobierna como norma por decreto-ley -de uso excepcional- debido a su incapacidad parlamentaria.
Pero lo peor no es todo esto. Mientras los responsables políticos -unos como otros- nublen el análisis crítico practicando el autoensalzamiento más desvergonzado no se podrán subsanar las causas profundas de los graves errores cometidos. De hecho, el embellecimiento falaz del pasado es más peligroso que los propios errores originales porque cimenta la incapacidad de la política para corregirlos en el futuro. Hablar honestamente de estas malas actuaciones constituiría no solo un signo de grandeza personal, es un análisis indispensable para asumir cómo el país pudo llegar a esta situación tan descarnada y radicalizada. Solo aquellos que nombran y reconocen los yerros pueden evitarlos en el futuro. Todo lo demás no es rendir un noble servicio al país, sino un vil servicio a la adulación de la leyenda personal. Acabar con esta pesadilla exige autocrítica desinteresada, completa e inmediata.