Una terraza en un bar. IStock
Ya entró en vigor: todos los bares y restaurantes tendrán multas de 60.000€ si destruyen alimentos intencionadamente
La nueva normativa es muy clara con la prohibición de desperdiciar alimentos e impone duras sanciones económicas a quien lo incumpla.
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En un intento de acercarse al mundo de la sostenibilidad y mantener el medio ambiente, el Gobierno ha impulsado la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario buscando transformar el sistema de producción y consumo.
De esta manera, la normativa clasifica los incumplimientos legales en tres niveles: infracciones leves, graves y muy graves. Estas faltas llevan aparejado un sistema de castigos económicos proporcionales que llegan a apercibimientos o multas de 60.000 euros y, en los casos más graves, 500.000 euros.
Así, la nueva legislación deja claro el aprovechamiento de la comida y la lucha contra el despilfarro han dejado de ser meras recomendaciones para convertirse en un mandato legal de obligado cumplimiento.
De 2.000 a 60.000 euros de multa
El régimen sancionador de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, clasifica las infracciones en tres niveles: leves, graves y muy graves y establece sanciones económicas para asegurar que los negocios, incluidos restaurantes y bares, cumplan con sus obligaciones de prevención del desperdicio.
Así, dependiendo de la infracción las multas pueden ir desde los 2.001 euros hasta los 60.000 euros, estas últimas responden a aquellas que se consideran 'graves'.
Se considera una infracción grave no contar con un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio, la destrucción intencionada o la alteración de alimentos que aún reúnen las condiciones adecuadas para el consumo y discriminar en el acceso al reparto de los alimentos procedentes de donación por cualquier motivo o condición.
La excepción a esta norma son las microempresas o establecimientos de menos de 10 empleados y un volumen de negocio anual no superior a dos millones de euros que no están obligadas a aplicar la jerarquía de prioridades. Dentro de esta excepción están el 95,8% de los establecimientos hosteleros de España.
![Zona de terrazas de bares en el Centro histórico de Málaga.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/08\/01\/actualidad\/692191235_226190527_320x180.jpg"])
Por otro lado, aquellos que desarrollen su actividad en superficies iguales o superiores a 1.300 metros cuadrados quedan eximidos de la obligación de disponer del plan de prevención y promover acuerdos de donación. Sin embargo, sí deben aplicar la jerarquía de prevenciones.
Así, las infracciones leves se aplican por conductas como no ejercer la jerarquía de prioridades para evitar el desperdicio, incluir cláusulas en los contratos que prohíban donar comida o no donar alimentos aptos cuando se estaba legalmente obligado a ello y se disponía de los medios suficientes. En este caso, el apercibimiento o multa es de hasta 2.000 euros.
![La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/04\/actualidad\/1003744233276_262793121_320x180.jpg"])
Las infracciones muy graves se reservan para casos de reincidencia, es decir, cuando un establecimiento comete una segunda infracción grave en un periodo de dos años desde que fue sancionado firmemente por la primera. En este caso la multa puede ir desde los 60.001 euros hasta los 500.000 euros.
Además, las comunidades autónomas tienen la potestad de incrementar estos umbrales o añadir sanciones adicionales en sus propias leyes.
De esta manera, estas exigencias recogidas en el capítulo 6 de la legislación buscan reducir al máximo el desperdicio de alimentos y contribuir a un futuro más sostenible. Por otro lado, a nivel económico puede ayudar a los locales de hostelería que muchas veces comentan que este desperdicio les supone bastantes pérdidas.
