Fernando, el dueño de un bar que prohíbe los pagos con tarjeta: "Me llevo una comisión, al banco no le doy ni un duro"

Fernando, propietario de un bar en Pontevedra, ha decidido plantarse ante una práctica cada vez más extendida en la hostelería: aceptar pagos con tarjeta.

Mientras el uso del efectivo pierde terreno frente a las tarjetas y los pagos móviles, este hostelero gallego mantiene firme su postura y defiende el cobro en metálico para evitar las comisiones bancarias.

Su decisión refleja el malestar de muchos pequeños negocios que ven cómo parte de sus ingresos se reduce cada vez que un cliente paga con tarjeta.

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En España, el avance de la digitalización ha cambiado por completo la forma de pagar en bares, restaurantes y comercios.

Las tarjetas contactless, las aplicaciones móviles y la comodidad de no llevar dinero en efectivo han convertido este sistema en uno de los favoritos de los consumidores.

Incluso las compras de bajo importe suelen abonarse ya con tarjeta, una tendencia que se aceleró especialmente tras la pandemia, cuando muchos establecimientos priorizaron los pagos electrónicos frente al efectivo.

Sin embargo, detrás de esta comodidad para el cliente, los comerciantes deben asumir una serie de costes que afectan directamente a su margen de beneficio. Cada vez que un cliente paga con tarjeta, el banco o la entidad que gestiona el terminal cobra una comisión por operación.

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Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, para negocios con beneficios ajustados estas cantidades terminan suponiendo un gasto considerable a final de mes.

Además de la comisión por transacción, muchos establecimientos también tienen que afrontar el alquiler del datáfono o cuotas mensuales asociadas al servicio.

Esto provoca que algunos pequeños empresarios, especialmente en la hostelería y el comercio local, consideren que aceptar pagos electrónicos les resta rentabilidad.

Para evitarlo, algunos fijan un importe mínimo para pagar con tarjeta, mientras otros, como Fernando, prefieren directamente no ofrecer esta opción. El dueño del bar O Galeón, en Catoira, explicó a Noticias Trabajo las razones que le han llevado a rechazar este método de pago.

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Según contó, cada cobro con tarjeta implica una comisión para la entidad financiera, algo que él no está dispuesto a asumir. "Yo todo lo que vendo aquí con tarjeta me llevo una comisión, aunque sea pequeñita", aseguraba. "Me da igual, pero al banco no le doy ni un duro a ganar".

Con esa idea, Fernando ha optado por fomentar el pago en efectivo entre sus clientes y ha colocado un cartel en la entrada del local recomendando abonar las consumiciones en metálico.

Para él, esta decisión es una forma de proteger la rentabilidad de su negocio y evitar que las entidades bancarias obtengan beneficios por cada venta realizada en su establecimiento.

En términos generales, las comisiones comerciales que los establecimientos pagan en España por cada operación suelen situarse entre el 0,3% y el 0,5% para grandes volúmenes de facturación, aunque este porcentaje puede ascender hasta el 0,9% para pequeñas empresas y autónomos.

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Este coste final, conocido como tasa de descuento, varía significativamente según el contrato específico firmado con la entidad bancaria o el proveedor del terminal de punto de venta (TPV).

Es importante diferenciar estas tarifas comerciales de los límites máximos establecidos por la legislación europea.

La normativa vigente (Reglamento UE 2015/751) regula estrictamente las tasas de intercambio, que son los costes internos entre bancos, fijando un tope del 0,2% para tarjetas de débito y del 0,3% para tarjetas de crédito.

Estos límites legales son los que permiten que las comisiones finales para los comercios se mantengan en niveles competitivos. No obstante, el mercado ofrece alternativas a los porcentajes variables tradicionales.

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Algunas plataformas de servicio de pago y entidades financieras aplican tarifas distintas, como cuotas fijas mensuales que cubren un tramo de facturación determinado o porcentajes más elevados, que pueden superar el 1,5%, a cambio de eliminar los costes fijos de mantenimiento o la compra del dispositivo.

En cualquier caso, la ley española prohíbe explícitamente a los comercios que estos costes los paguen los consumidores mediante recargos adicionales.