Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Europa Press

Sociedad

La Unión Europea cambia las normas y obliga a todas las empresas españolas a publicar los salarios de sus empleados

La nueva normativa europea entrará en vigor en junio de 2026 y obligará a mostrar rangos salariales en las ofertas de empleo y a informar de los sueldos.

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Las claves

A partir de junio de 2026, las empresas españolas estarán obligadas a publicar los salarios de sus empleados por normativa europea.

La ley busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad de remuneración para trabajos iguales.

Las ofertas de empleo deberán incluir el salario inicial o una banda salarial y las empresas no podrán preguntar por sueldos anteriores.

La aplicación será progresiva: en 2027 afectará a empresas con más de 250 empleados, en 2028 a las de más de 150 y en 2031 a las de más de 100.

A partir de junio de 2026, las empresas españolas tendrán nuevas obligaciones sobre los sueldos de sus trabajadores.

La Unión Europea ha impulsado una normativa conocida como ley de transparencia salarial, cuyo objetivo principal es reducir la diferencia de salarios entre hombres y mujeres y garantizar que las personas que realizan el mismo trabajo cobren lo mismo.

Esta medida forma parte de la Directiva europea 2023/970 y busca acabar con una desigualdad que todavía existe en el mercado laboral.

Y es que aunque la brecha salarial se ha reducido en los últimos años en España, las estadísticas siguen mostrando diferencias entre lo que ganan hombres y mujeres.

Según datos oficiales de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, esa diferencia se sitúa en torno al 15,7 %, el nivel más bajo registrado hasta ahora, pero aún lejos de desaparecer.

Por ello, la nueva normativa obligará a las empresas a ser mucho más claras sobre cómo se pagan los salarios, ya que una de las novedades más importantes que recoge es que las ofertas de empleo deberán incluir el sueldo inicial o una banda salarial aproximada antes incluso de la entrevista.

Además, las empresas ya no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobraban en trabajos anteriores, una práctica que muchas veces perpetuaba las desigualdades.

Otra medida clave es que los trabajadores tendrán derecho a pedir información sobre los salarios medios dentro de su empresa. Podrán conocer cuánto cobran, de media, hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo o uno similar. Una información que deberá entregarse por escrito y de forma clara.

Aunque la ley entrará en vigor en junio de 2026, su aplicación será progresiva y primero afectará a las empresas más grandes.

En 2027 deberán cumplirla las compañías con más de 250 empleados, en 2028 se aplicará a las que tengan entre 150 y 249 trabajadores, y en 2031 alcanzará a las empresas con más de 100 empleados.

En realidad, España ya ha dado algunos pasos en esta dirección en los últimos años. Existen medidas como el registro salarial obligatorio en las empresas, los planes de igualdad o las auditorías retributivas.

También han influido otras decisiones, como la subida del salario mínimo o reformas laborales destinadas a reducir la temporalidad.

Con esta nueva norma europea, el objetivo es avanzar un paso más hacia un mercado laboral más justo y transparente.

La idea es que hablar de salarios deje de ser un tema tabú y que las empresas tengan que demostrar que pagan de forma equitativa a sus trabajadores.