La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa.
Es más fácil señalar a la sanidad privada que reformar la pública
Cuesta entender que la primera gran reforma sanitaria planteada tenga como objetivo principal poner más dificultades a la colaboración público-privada, en lugar de abordar los enormes problemas estructurales que arrastra.
El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, presentándolo como una norma destinada a "blindar" la gestión pública.
El eje principal de la reforma es conocido: priorizar la gestión pública directa, limitar la gestión indirecta (a través de recursos privados) a situaciones excepcionales y derogar la Ley 15/1997, que permitió distintas fórmulas de colaboración público-privada en sanidad como las concesiones administrativas.
Es una decisión política legítima. Los gobiernos gobiernan y aplican el modelo ideológico que consideran más oportuno.
Pero que algo sea legítimo democráticamente no significa necesariamente que sea una buena elección, si esa decisión pasa por poner dificultades a otras herramientas complementarias para el sistema sanitario español que son imprescindibles en este momento.
Y ese es el verdadero debate.
Porque cuesta entender que, después de todo lo ocurrido en los últimos años, la primera gran reforma sanitaria planteada tenga como objetivo principal poner más dificultades a la colaboración público-privada (que es el principal instrumento alternativo que tiene el Sistema Nacional de Salud para poder dar satisfacción a la demanda sanitaria de la población), en lugar de abordar los enormes problemas estructurales que arrastra.
Porque la Sanidad pública española no atraviesa precisamente una crisis ideológica. De hecho, incluso las comunidades gobernadas por el Partido Popular están revirtiendo las distintas fórmulas de gestión de su provisión hospitalaria hacia la gestión pública directa por parte de la Administración.
Por tanto, no hay amenaza. Simplemente, la Sanidad pública atraviesa una crisis de funcionamiento, organización y gestión.
Manifestación por la Sanidad pública.
El problema del SNS hoy no es precisamente la existencia de demasiadas alternativas para gestionar la salud de la población. Al contrario.
El problema es que, a pesar de las herramientas que existen, el sistema acumula listas de espera históricas, dificultades crecientes de acceso, falta de cobertura de múltiples necesidades (como la salud mental, los problemas sociales consecuencia de enfermedades crónicas o la salud odontológica), la rigidez organizativa, el déficit de profesionales, agotamiento laboral, desigualdades territoriales y enormes dificultades para adaptarse a una demanda asistencial cada vez más compleja.
Y frente a esa realidad, limitar opciones de gestión parece un planteamiento sorprendentemente pobre y contraintuitivo.
Especialmente si recordamos el enorme consenso que se produjo tras la pandemia alrededor de la necesidad de reformar y modernizar el sistema sanitario.
Basta revisar el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprobado en el Congreso en julio de 2020 para darse cuenta de que se pueden hacer muchas cosas antes que poner limitaciones a la colaboración del sector privado con la sanidad pública.
Aquel documento contenía decenas de propuestas orientadas precisamente a mejorar la capacidad operativa del SNS: reforzar la atención primaria, modernizar los sistemas de información, mejorar la coordinación sociosanitaria, impulsar la digitalización, desarrollar una verdadera estrategia nacional de recursos humanos, avanzar en interoperabilidad, evaluar resultados en salud, introducir indicadores homogéneos, reducir burocracia, profesionalizar la gestión sanitaria o mejorar la gobernanza del sistema.
Seis años después, la mayoría de esas reformas siguen pendientes.
Sin embargo, la gran prioridad legislativa parece haber terminado siendo limitar la colaboración público-privada.
"Muchos de los problemas actuales poco tienen que ver con la naturaleza jurídica del proveedor, y mucho con déficits de organización, gestión y capacidad de adaptación"
Resulta difícil de entender.
Porque incluso aceptando que determinados modelos de colaboración parecen haber generado problemas, o que pudieran requerir un mayor control, transparencia o evaluación (algo perfectamente razonable), convertir esa cuestión en el centro de la reforma sanitaria transmite la sensación de que seguimos confundiendo los debates políticos con las verdaderas necesidades asistenciales del sistema.
La pregunta relevante no debería ser quién presta un servicio sanitario.
La pregunta debería ser si el ciudadano accede en tiempo, con calidad, con seguridad y con equidad.
Y hoy el SNS tiene dificultades crecientes precisamente en esas variables.
De hecho, muchos de los problemas actuales poco tienen que ver con la naturaleza jurídica del proveedor, y mucho con déficits de organización, gestión y capacidad de adaptación.
Porque el gran problema de nuestro sistema sanitario no es la falta de principios. Es la falta de reformas.
Seguimos teniendo un sistema extraordinariamente rígido, con escasa autonomía de gestión, enormes dificultades para introducir cambios organizativos, una burocracia creciente, sistemas de información fragmentados y muy poca cultura de evaluación de resultados.
Todavía hoy resulta extremadamente difícil comparar de manera homogénea indicadores básicos entre comunidades autónomas. Persisten enormes diferencias territoriales en tiempos de espera, acceso a pruebas diagnósticas, cribados, incorporación de innovación o disponibilidad de profesionales.
Y, sin embargo, buena parte de estos problemas apenas aparecen en el debate político, salvo para tirarse los trastos entre unos y otros.
Da la impresión de que resulta más sencillo señalar a la colaboración público-privada que afrontar reformas complejas que exigirían liderazgo, acuerdos amplios y capacidad de gestión.
Porque reformar de verdad el SNS implicaría tomar decisiones mucho más difíciles.
Implicaría rediseñar modelos organizativos.
Evaluar resultados con transparencia.
Mejorar la gobernanza del sistema.
Simplificar estructuras burocráticas.
Replantear la política de recursos humanos.
Apostar seriamente por digitalización e inteligencia artificial. Integrar de verdad la atención sanitaria y sociosanitaria.
Y establecer mecanismos homogéneos de medición y rendición de cuentas en todo el país.
"El ciudadano no sufre por la existencia de colaboración público-privada, sino cuando tarda meses en acceder a una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica"
Eso sí transformaría el funcionamiento del sistema.
Eso sí mejoraría realmente la experiencia de los pacientes.
Porque el ciudadano no sufre por la existencia de colaboración público-privada.
El ciudadano sufre cuando tarda meses en acceder a una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.
Sufre cuando existen retrasos invisibles que ni siquiera se miden adecuadamente. Y sufre cuando el sistema pierde capacidad de respuesta.
Y ahí reside uno de los mayores riesgos del debate actual: convertir la organización sanitaria en una discusión ideológica en lugar de una discusión sobre resultados.
La propia Ley General de Sanidad de 1986 ya contemplaba en su artículo 90 la posibilidad de establecer conciertos con medios ajenos cuando las necesidades asistenciales lo hicieran necesario. Lo hacía desde una lógica pragmática: utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la asistencia sanitaria.
![Un sanitario prepara una dosis de vacuna en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/27\/actualidad\/1003744106254_261122147_320x180.jpg"])
Porque la naturaleza pública del SNS no depende de quién preste materialmente un servicio concreto. Depende de que la financiación, la planificación, el aseguramiento y la garantía de acceso sigan siendo públicos.
Y precisamente por eso resulta llamativo que, en el momento de mayor tensión asistencial de la sanidad pública española, el debate principal termine siendo limitar herramientas en lugar de ampliar capacidades.
El SNS no necesita menos posibilidades de gestión.
Necesita más capacidad de adaptación, más flexibilidad, más evaluación, más transparencia y muchas más reformas estructurales de las que actualmente están sobre la mesa.
Porque la Sanidad pública no se arreglará reduciendo opciones.
Se arreglará consiguiendo que vuelva a funcionar mejor para los pacientes.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
