La reforma de las pensiones ante la sorprendente política del 'tick' de la Comisión Europea

Un ejemplo evidente de estos riesgos es el gasto público populista para buscar la reelección, como podría ser un bono cultural para los jóvenes que votan por primera vez.

Otro riesgo de mayor impacto es que se tomen decisiones que favorezcan la reelección pero que generan un grave problema a futuros gobiernos y, sobre todo, a futuras generaciones. Por ejemplo, dejar una enorme deuda pública o, incluso peor, un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones poniendo en riesgo la cohesión intergeneracional.

Tradicionalmente, las instituciones europeas han sido de gran ayuda para que en países como España se pudiera separar el ciclo económico del ciclo electoral. Por ejemplo, las reglas fiscales que durante muchos años rigieron el marco de gobernanza europeo impedía superar umbrales sensatos de déficit y deuda pública. En la misma línea, facilitaron que determinadas medidas electoralmente impopulares se tomaran por consenso entre gobierno y oposición explicando que formaban parte de nuestro compromiso con el proyecto europeo.

En la actualidad, la gran política de gasto europea son los fondos Next Generation creados para impulsar la recuperación postcovid y la transformación económica. El funcionamiento de estos fondos diferencia los desembolsos que decide la Comisión y la ejecución de las inversiones y reformas que corresponde a los Estados Miembros.

Los principales 'think tanks' coinciden en que la reforma propuesta no dota de sostenibilidad al sistema.

Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de las reformas acordadas entre la Comisión y España, las cuales deben impulsar los cambios estructurales que necesita nuestra economía.

Un informe conjunto de los principales investigadores españoles en este asunto señala que las primeras reformas acordadas se cumplieron porque estaban desarrolladas con anterioridad y, las posteriores, se han presentado pero su contenido es insustancial (ley de evaluación o ley de empleo), ideológico o arbitrario (fiscalidad, ley de universidad o ley de startups).

La reforma con más impacto hasta la actualidad y que condiciona el siguiente desembolso de fondos es la del sistema de pensiones. El gobierno la ha aprobado por decreto ley y ha señalado que cuenta con el visto bueno de la Comisión, la cual lo ha desmentido con poca contundencia. Por el contrario, los principales think tanks coinciden en que la reforma propuesta no dota de sostenibilidad al sistema y lo hacen con contundencia. Según FEDEA, la reforma generará un déficit que será del 4,2% del PIB en 2050.

¿Estaría imaginando Buchanan que un gobierno pudiera subir las pensiones un 8% en año electoral y dejar un sistema insostenible para que lo arreglen otros en el futuro? La pregunta que nos hacemos muchos es por qué las instituciones europeas no están ayudando a la ciudadanía española (y europea) en este asunto. En concreto, ¿por qué la Comisión aplica la política del 'tick' que consiste en dar por válida una reforma por presentarse, con independencia de la calidad de su contenido?

 ¿Por qué la Comisión aplica la política del 'tick' que consiste en dar por válida una reforma por presentarse, con independencia de la calidad de su contenido?

Desgraciadamente, la explicación más plausible es que las implicaciones del ciclo electoral también han llegado a la Comisión Europea, cuya presidenta Ursula von der Leyen sentiría la necesidad de ofrecer al Consejo Europeo, como gran triunfo para su reelección, la ejecución del gasto previsto en un programa llamado a ser un hito histórico.

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas Europeo realizó una advertencia importante hace unas semanas y este jueves la comisión de control del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que los diputados “cuestionan la evaluación de la Comisión sobre el cumplimiento nacional de los hitos y objetivos” que condicionan los desembolsos de fondos y “piden a la Comisión que se abstenga de evaluar este cumplimiento sobre la base de negociaciones políticas”.

Estas primeras reacciones de algunas instituciones europeas van por el camino adecuado y se deben intensificar. El Parlamento Europeo debe liderar con determinación la respuesta institucional como garante de la ciudadanía europea. Como postuló la escuela de elección pública, la democracia liberal implica defender los intereses de la ciudadanía frente al poder del Estado, por ejemplo, frente al interés electoral de los gobiernos cuando se presentan a la reelección.

*** Enrique Martínez Cantero es exdiputado y Profesor de la USP CEU.