El Tribunal de Cuentas Europeo ve insuficientes los controles de Bruselas a cómo gastan los Estados miembros las ayudas Next Generation. El sistema de vigilancia diseñado por la Comisión de Ursula von der Leyen para el Fondo de Recuperación y Resiliencia está aquejado de "lagunas" en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, según un informe de los auditores comunitarios publicado este miércoles.

El aviso del Tribunal de Cuentas coincide con las tesis de la presidenta del comité de Control Presupuestario, la democristiana alemana Monika Hohlmeier, que lideró la reciente misión de la Eurocámara a España. Nuestro país es el segundo mayor receptor de fondos Next Generation, con alrededor de 165.000 millones de euros entre subvenciones y créditos blandos.

"Los ciudadanos solo confiarán en nuevas formas de financiación de la UE si tienen la certeza de que su dinero se gasta correctamente", ha dicho el presidente del Tribunal, Tony Murphy. "Actualmente, existen lagunas en cuanto a las garantías que puede ofrecer la Comisión sobre el Fondo de Recuperación y una falta de rendición de cuentas a escala de la UE", sostiene Murphy.

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Según destaca el informe del Tribunal de Cuentas, Bruselas canaliza el dinero de Next Generation de una forma nueva: realiza pagos a los Estados miembros cuando éstos han cumplido las condiciones acordadas en sus planes de recuperación. A tal efecto, el Ejecutivo comunitario ha establecido un gran número de controles con el fin de verificar los datos que le remiten los Gobiernos para demostrar que han logrado los objetivos.

Sin embargo, para los proyectos financiados con Next Generation, el cumplimiento de las normas nacionales y de la UE (en aspectos como la contratación pública, las ayudas estatales y la subvencionabilidad) no es una condición para el pago, a diferencia de lo que ocurre con otros programas europeos.

Los Estados miembros sí están obligados a comprobar que estos proyectos respeten las normas nacionales y de la UE, pero la Comisión dispone de escasa información verificada propia sobre esos controles y desconoce si los están llevando a cabo y de qué manera. "Sin garantías de que se cumplan estas normas, existe una falta de rendición de cuentas a escala de la UE" y su posible vulneración "constituye un riesgo grave para los intereses financieros de la Unión", denuncia el Tribunal de Cuentas.

Los auditores denuncian además que el Ejecutivo comunitario no ha publicado directrices sobre qué hacer si un Estado miembro da marcha atrás en una reforma financiada con Next Generation. Una carencia que "hace más probable que los hitos y objetivos que se han revertido pasen desapercibidos", dice el informe.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas reclama a Bruselas recabar más información sobre casos de fraude y dar más detalles sobre la penalización que aplicará en caso de insuficiencias en los sistemas de control de los Estados miembros.