Una fábrica.
El Gobierno amplía a 2026 la moratoria para que las empresas en pérdidas por la Covid se disuelvan
Un decreto-ley garantiza la financiación de las CCAA y se prorrogan las ayudas de la DANA y los incendios forestales.
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En el mismo día de Nochebuena, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado cobijo al Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que el Gobierno prorroga determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.
El real decreto-ley prorroga y ajusta para 2026 buena parte del "escudo social" y de las medidas económicas adoptadas desde 2022 frente a la guerra de Ucrania, la inflación y otras crisis, y además actualiza pensiones, cotizaciones, beneficios fiscales y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales en un contexto de prórroga presupuestaria.
Entre otras novedades, la disposición adicional cuarta prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto de la Covid-19, de forma que, para el ejercicio 2026 no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital.
Según el texto, "esta medida, de carácter transitorio, permitirá que las pérdidas provocadas por determinados hechos, de carácter sobrevenido y extraordinario, sean absorbidas en un tiempo prudencial con el fin de favorecer que empresas viables que atraviesan ciertas dificultades ocasionadas por aquellos hechos, puedan seguir operando en el tráfico jurídico y económico".
En otro orden, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos en determinados supuestos de vulnerabilidad y hasta el 31 de enero de 2027 el plazo para que arrendadores y propietarios pidan compensaciones. También se retrasa al 31 de diciembre de 2026 la fecha de la disposición transitoria tercera de la Ley de Vivienda.
Igualmente se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.
En materia de empleo, se prorroga transitoriamente el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 mientras no se apruebe el SMI 2026 y se mantienen cláusulas que impiden despedir alegando costes energéticos a empresas que reciben ayudas o usan ERTE vinculados a la guerra de Ucrania.
Sin Renta en los desempleados
Por otro lado, se declaran exentas del IRPF determinadas ayudas por incendios forestales como los de este verano y por la DANA de finales de 2024 en la Comunidad Valenciana; se elimina la obligación general de que los perceptores de prestación por desempleo presenten declaración de IRPF, y se amplía un año más la compatibilidad de la jubilación con el trabajo para médicos de primaria y pediatras del SNS.
Pero, sobre todo, en 2026 y en lo que tiene que ver con la financiación de las CCAA y las entidades locales, pese a la prórroga presupuestaria, se actualizan las entregas a cuenta con las previsiones de ingresos del Real Decreto-ley 6/2025.
Así se evita que se apliquen los datos de 2023 y se generen tensiones de tesorería, más morosidad y problemas de pago a proveedores. Se fija además un régimen excepcional de endeudamiento autonómico y un tratamiento específico para la Comunidad Valenciana por la DANA.
Y, por último, se revalorizan para 2026 un 2,7% las pensiones públicas (media del IPC de los 12 meses previos), incluyendo pensiones contributivas, no contributivas, clases pasivas, complemento de brecha de género, orfandad por violencia contra la mujer, prestaciones por discapacidad y ayudas a afectados por VIH. Esta ha sido una de las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes del cierre del año.
