La dimisión 'forzada' de Ángel Escribano como CEO de Indra, tras las presiones y amenazas del Gobierno que hoy detalla EL ESPAÑOL, ha convertido la principal tecnológica de defensa española en símbolo nítido de una tendencia preocupante: la colonización sistemática de las empresas con participación pública por parte del sanchismo.

La maniobra sobre la presidencia de Indra no puede interpretarse inocentemente como un ajuste de gobernanza o una corrección de rumbo.

Es un peldaño más en una escalada estratégica de toma de control de los consejos de administración de varias de las principales empresas estatales o participadas por la SEPI.

El origen remoto de esta deriva colonizadora hay que situarlo en Telefónica.

La entrada del fondo saudí STC en el capital de Telefónica con un 9,9% sirvió como pretexto para que el Gobierno ordenara la irrupción de la SEPI con un 10%, en un proceso de renacionalización de facto de la compañía tras el cuarto de siglo, después de la privatización de José María Aznar, en el que el Estado no tuvo papel alguno en ella.

A partir de ahí, la lógica del Ejecutivo ha sido clara: aprovechar cada ventana de oportunidad para acaparar palancas de poder empresarial, con independencia de lo que opinen los accionistas privados o los mercados.

Con la SEPI ya dentro, llegó la decisión de apartar a José María Álvarez‑Pallete de la presidencia de Telefónica, el auténtico pecado original de esta etapa.

Esa fue una operación política en la que intervinieron personas muy próximas al Gobierno, tanto dentro como fuera de la compañía.

La operación se cocinó en una comida en La Moncloa en la que Pedro Sánchez, junto a su asesor de confianza Manuel de la Rocha, 'convenció' a Isidre Fainé para que este aceptara el nombramiento de un perfil afín, el de Marc Murtra.

Fainé entendió, sin embargo, que el Gobierno le había inducido a algo que no encajaba, al menos en ese momento, en su hoja de ruta.

Percibió, además, una especial sintonía entre el Ejecutivo y Ángel Simón, entonces uno de los directivos de referencia en España tras una brillante gestión en Aguas de Barcelona y su posterior integración en grupos internacionales.

La reacción posterior de Fainé, sustituyendo fulminantemente a Simón por Francisco Reynés, dejó la impresión de un toma y daca en el que el Gobierno movió sus fichas.

Hoy, la apuesta de la SEPI por Simón como presidente de Indra se lee inevitablemente a la luz de aquel precedente.

Lo esencial, sin embargo, va más allá de nombres propios.

Pedro Sánchez ha emprendido una estrategia de control del poder empresarial que se ha concretado en sus movimientos en Telefónica, Indra, Red Eléctrica (hoy Redeia) y otras compañías donde el Estado tiene presencia directa o indirecta.

Sánchez, utilizando como palanca el poder del Estado, ha tomado posiciones clave en sectores como las telecomunicaciones, la energía y la defensa.

Pero, sobre todo, ha lanzado un mensaje claro a la sociedad y al IBEX, coherente con su advertencia de que gobernará "con o sin el Parlamento": el presidente no necesita una mayoría social o parlamentaria para ejercer el control que el BOE pone en sus manos.

En este marco se inscribe el caso Escribano.

La fusión con su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering, podía tener lógica financiera y estratégica: integrar capacidades industriales para crear un gran campeón nacional de defensa capaz de competir con gigantes europeos.

Pero la operación arrastraba un conflicto de intereses evidente, agravado por la dependencia de EM&E y de la propia Indra de los contratos públicos de defensa.

Ese conflicto, sin embargo, era conocido desde hace más de un año por el Gobierno de Sánchez. Y fue conscientemente bandeado.

Mientras la operación con EM&E servía al guion gubernamental de un gran grupo de defensa bajo su tutela, el conflicto se consideró "gestionable" mediante comisiones y abstenciones.

Sólo cuando la familia Escribano adquirió demasiado peso propio con apoyo de otros accionistas privados, el mismo conflicto pasó a ser motivo inapelable de destitución.

Esta forma de proceder tiene consecuencias profundas. Porque avisa a los inversores de que la estabilidad de la gobernanza en las empresas estratégicas españolas no depende tanto de los resultados o de la calidad de los proyectos como del tablero de ajedrez de Pedro Sánchez.

En este escenario, la figura de Ángel Simón merece un tratamiento sobrio. Su trayectoria como gestor de grandes grupos regulados y responsable de un holding inversor de la magnitud de Criteria le otorga credenciales sólidas.

Simón no es un mero comisario político, sino un profesional de primer nivel.

Pero precisamente por eso, su eventual designación corre el riesgo de ser utilizada como barniz técnico de una operación de colonización institucional.

La defensa de su valía no puede servir por tanto de coartada para legitimar un modelo en el que el Gobierno utiliza la SEPI y otras palancas públicas para acumular poder empresarial y, en la práctica, apropiarse del Estado.

Es de interés prioritario para los españoles que las empresas públicas y semipúblicas, como es el caso de Indra, no se conviertan en meros peones en el tablero de la acumulación de poder de un presidente que parece decidido a extender su dominio sobre instituciones, compañías y organismos, para contrarrestar su evidente desgaste y los desmanes cometidos por su Gobierno.