No cabe duda de que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer de la excepción la norma. El Gobierno, por la vía del decretazo, tiene previsto aprobar todo un paquete de medidas que le servirán de propaganda electoral y para reforzar, de paso, su relación con los que fueron sus socios de moción de censura, la extrema izquierda y el separatismo.

Para empezar, el Consejo de Ministros de este viernes va a poner en marcha una batería de iniciativas sociales entre las se incluirán el aumento de los permisos de paternidad o la creación del Observatorio de Salud de la Mujer, justo en los días previos a la manifestación feminista del 8-M. 

Sin debate

Pero hay más, el Ejecutivo tiene en mente, para más adelante, también una macrooferta de empleo público, la inyección de no pocos recursos a las autonomías y una regularización del mercado del alquiler inmobiliario que, como informa EL ESPAÑOL, está generando verdadero pánico en el sector de la vivienda.

Aparte de su marcado carácter propagandístico, lo que es evidente es que Pedro Sánchez no tiene el más mínimo reparo en recurrir a la Diputación Permanente del Congreso para dar salida a una cascada de ocurrencias que van a disparar el gasto público ni van a someterse a debate alguno. 

Puerta trasera

El Gobierno se va a servir a discrección de la figura del decreto ley, que no hay que olvidar que está reservada para situaciones urgentes y extraordinarias. Lo auguró la ministra de Hacienda al anunciar que los próximos consejos de ministros vendrán "muy cargados". 

Es probable que los partidos de la oposición recurran algunas de estas medidas al Tribunal Constitucional que son, en realidad, un intento de colar por la puerta trasera algunas iniciativas que estaban contempladas en el fallido proyecto de Presupuestos Generales. Sánchez ha empezado así su particular pegada de carteles, su compra de votos de cara al 28-A, a costa del contribuyente.